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Política

LA INTERPELACIÓN A HEBER

Fuego amigo en el puerto

Lo que se imaginaba como una dura lucha entre Frente Amplio y oficialismo terminó girando hacia una polémica interna, porque los cabildantes patearon el tablero y aseguraron que no estaban informados debidamente sobre el contrato con Katoen Natie. Ahora piden cambios y los colorados quieren la creación de una unidad reguladora.

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Caras y Caretas Diario

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El gobierno enfrentó la más dura de las interpelaciones hasta el momento. El manejo político del tema del Puerto de Montevideo no dejó conforme a nadie y terminó dividiendo a la coalición con una fuerte apuesta de Cabildo Abierto, que promovió cambios, en un asunto que Lacalle Pou ya creía cerrado y olvidado.

Fue una larga, muy larga sesión. Comenzó minutos después de las 10 de la mañana del miércoles y terminó pasadas las 5 del jueves. Todo en un clima difícil, por momentos muy caliente, y con la cuota de show necesaria para llenar los espacios centrales de los informativos de televisión.

Finalmente, el Senado apoyó, con votos de la coalición, al ministro Luis Alberto Heber, y dio por “satisfactorio” su desempeño en el acuerdo que el gobierno alcanzó con la empresa belga Katoen Natie. Aunque, el tema quedó abierto a posibles cambios que ahora tendrán que estudiarse.

El Frente Amplio, por su parte, rechazó la posición del secretario de Estado, “porque no respondió ninguna de las preguntas planteadas”, y analiza llevar a la justicia el acuerdo firmado por el puerto de Montevideo.

Nadie puso en duda el accionar de la empresa, aunque observaron con lupa cada una de las concesiones otorgadas por el gobierno, y pidieron mayores garantías para que el país no quede “regalado” por dos generaciones.

Llamó la atención que el sector de Manini Ríos, se mostrara “sorprendido” por el contrato firmado por su principal socio y asegurara que no estaba al tanto de los detalles del contrato.

Los fuertes cruces, el chicaneo político y los dardos envenenados, cruzaron el recinto en todas las direcciones, dejando en evidencia “trapitos sucios”, propios y ajenos.

El Partido Colorado, jugó a favor de la estrategia del Partido Nacional, y llegó a la sesión llevando en la manga el proyecto de la creación de una Unidad Reguladora de Asesoramiento a la Administración Nacional de Puertos (ANP), para que pueda tener control pleno del valor de las tarifas.

De esta manera, se buscó destrabar la discusión interna, ya que se consideraba riesgoso dejar esa potestad en manos de la multinacional belga. Según se adelantó, ese proyecto ingresaría en las próximas horas al Parlamento.

 

La sorpresa de los cabildantes

Sin embargo, esto no conformó a Cabildo Abierto, que manifestó su sorpresa ante un contrato que “no conocía”, pese a tener un representante en la ANP. Por eso, planteó varias objeciones.

La más importante pasa por la cláusula 2 numeral 4 del contrato que determina que, si se produjeran cambios de accionistas en la empresa, el acuerdo se mantendría en todos sus términos.

Esto fue objetado por el senador Alfredo Domenech, quien interpretó que el gobierno debe aprobar esos nuevos accionistas para evitar riesgos. “¿En manos de quién puede caer sino el Puerto de Montevideo?”, preguntó el presidente cabildante.

Ahondó en sus argumentaciones refiriéndose a la disputa económica que hoy divide al mundo, con Estados Unidos y China peleándose por imponer sus condiciones.

Por este motivo, los cabildantes propusieron conformar una comisión legislativa para que se encargue de estudiar en profundidad estas observaciones junto al Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos.

Mucho más radical fue la posición del Frente Amplio que, exigió que el gobierno declare nulo el acuerdo y vuelva a negociar “desde una posición más digna”, que no signifique entregar la llave del Puerto de Montevideo.

Para la fuerza política de izquierda, se debe tener presente que el tratado entre el Estado uruguayo y la empresa belga afecta a dos generaciones, ya que extiende la concesión de la operativa del Puerto hasta 2081.

El FA interpreta que la multinacional consiguió todo lo que pidió, “solo por amenazar con un juicio con muy débiles argumentos”.

“¿Entregar el monopolio sin regulación por 12 administraciones de gobierno, no ameritaba tener un sustento jurídico y económico que justificara su conveniencia para el país?”, preguntaron.

La respuesta del gobierno, -al margen de la chicana de acusar al FA de defender la posición del otro operador portuario (Montecon) en la guerra del puerto-, fue que el acuerdo logrado con Katoen Natie, además de evitar un juicio millonario, representa la defensa del futuro del puerto, porque si no hay inversiones, “en diez años no hay puerto. Y si no hay puerto, no hay país”.

Heber manejó como idea fuerza de su exposición, que el puerto está en muy mal estado, y que, para volverlo competitivo, es imperioso hacer inversiones para mejorar el calado y lograr que los buques más grandes puedan llegar a Uruguay.

 

Entrega de soberanía

Desde la vereda del Frente, el senador Charles Carrera realizó una evaluación completamente diferente, y aseguró, que el convenio firmado “es la mayor entrega de la soberanía nacional de la historia reciente”.

Se trata de “un acuerdo indigno e inmoral, inconstitucional e inconveniente”, remarcó, porque le dimos a la empresa, la llave del tránsito del Puerto de Montevideo.

Carrera aseguró que el gobierno no entregó la información necesaria al Parlamento, pese a que el 21 de abril, el ministro dijo que estaba toda la documentación a disposición de los legisladores.

“No existió transparencia. No es cierto que estaba todo en Parlamento como dijo el presidente”, advirtió.

“Estamos en grave problema país y tenemos que tomar una actitud como sistema político, y nos tenemos que hacer cargo de todo, porque en ello, se nos va el futuro”, aseguró.

“El FA no se presentó con ninguna moción recatada de antemano, queremos que se abra un debate y luego vamos a proponer diferentes alternativas”, recalcó.

Luego de escuchar las argumentaciones de Heber, el miembro interpelante por el Frente Amplio, denunció que el ministro no respondió “ninguna de las 27 interrogantes que se hizo, por medios de informes técnicos”.

Subrayó que las consecuencias para el país son enormes en términos de montos y en el daño económico que se le ha realizado al Estado.

“Se han contabilizados perdidas para todo el Estado uruguayo de dos mil millones de dólares. Ese es el costo que todos nosotros vamos a tener que pagar por las consecuencias de este acuerdo”, indicó.

 

Diez preguntas

Las preguntas formuladas por Charles Carrera al ministro, fueron las siguientes:

1) ¿Cuáles fueron las pautas de negociación; ¿qué indicaciones directas le dio el Presidente de la República cuando dispuso que se iniciara el proceso de diálogo con la empresa multinacional belga, Katoen Natie? ¿Cuál fue el equipo negociador? ¿En qué ámbito se acordaron las pautas de negociación, fue en el Consejo de Ministros?

2) ¿Qué facultades tenía el equipo de negociación?

3) En ese mandato, ¿se dispuso violar el artículo 85, numeral 17, de la Constitución de la República?

4) En ese mandato, ¿se dispuso violar el artículo 51 y el 188 de la Constitución de la República?

5) En ese mandato, ¿se dispuso violar la ley 16.246 (Ley de Puertos)?

6) En ese mandato, ¿se dispuso violar el art. 20 de la ley 17.243?

7) En ese mandato, ¿se dispuso violar la ley 18.159?

8) En ese mandato, ¿se dispuso violar los decretos 412/992 y 413/008, reglamentarios de la ley de Puertos 16.246?

9) En ese mandato, ¿se dispuso violar el decreto 183/94?

10) En ese mandato, ¿se dispuso violar el decreto 137/2001?

 

Para Heber, «es un acuerdo excelente»

Luis Alberto Heber aseguró en su turno en la interpelación, que el acuerdo con Katoen Natie es “excelente y beneficioso para el país”.

“El puerto es ineficiente para atender la carga que ya está, e incapaz de competir con otros puertos. De ahí la necesidad de hacer algo”, señaló el ministro y acusó al Frente Amplio de tener “una mirada pequeña”.

Consideró que el gobierno anterior propició una competencia desleal permitiendo el uso de los muelles públicos, en desmedro de la empresa que legalmente ganó el remate de la única terminal de contenedores. Eso expuso al país a juicios millonarios.

Para el secretario de Estado, la interpelación está guiada por gente que vive en el pasado “y con anteojeras”.

“El puerto necesita grandes inversiones, porque ya hay barcos de 400 metros y no los podemos absorber”, dijo el Heber y agregó que “el acuerdo da certeza jurídica, y va a generar más de 1000 puestos de trabajo genuinos y permanente”.

“Que la industria naviera del mundo tenga espacio en Montevideo, eso es soberanía y defender el puerto”, remarcó.

 

A gritar en la pulpería

La maratónica sesión tuvo momentos de crispación y denuncias cruzadas. En un momento de su alocución, Heber rechazó que se le impute la existencia de dolo, y le pidió a Charles Carrera que lleve las pruebas a la justicia.

“Acá se dijo algo que yo no admito. Acá se dijo en conferencia de prensa y no se repitió acá, y no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo el miembro interpelante en una conferencia de prensa, que había dolo, y yo eso no lo admito, ni a él ni a nadie. Que vaya al juzgado ahora, pida un cuarto intermedio y vaya al juzgado a hacer la denuncia si hubo dolo”, dijo el ministro en tono acusatorio.

El palo para el interpelante no quedó allí, porque posteriormente el senador emepepista le respondió que “no se ponga en papel de víctima”.

Varios legisladores se sumaron a coro afirmando que el ministro se ponía nervioso y comenzaba a los gritos.

“No estoy nervioso, estoy ofendido”, les respondió.

“Son afirmaciones que hay que afirmar y probar, no se puede estar suelto de lengua. Se pasó un límite, que se discuten ideas si […] pero insultos no lo admito. Quien grita en la pulpería calla en la comisaría. Acá no grita”, señaló.

El round no terminó allí, porque los golpes continuaron en distintos momentos de la interpelación.

Las alocuciones del los senadores frenteamplistas remarcaban reiteradamente el “oscurantismo” con que el gobierno había manejado la negociación con la empresa belga Katoen Natie. Y el que tomó la lanza para salir a cruzar con la punta envenenada fue -como era de esperar- fue el herrerista, Sebastián Da Silva.

“Puedo tolerar errores de funcionarios públicos, pero cuando hay plata de por medio, esos errores no son errores, tienen más olor a corrupción que otra cosa, porque vaya que habrá corrido plata en esas decisiones que uno no sabe cuándo se tomaron ni quién las tomó ni con qué régimen fueron amparadas”, lanzó Da Silva devolviendo la pelota para la otra cancha.

“Levantar los decibeles y aflautar la voz no le asigna la razón a nadie. No me imaginé enfrentar una situación con tantas ilegalidades y tan contrario al interés nacional”, respondió Mario Bergara.

“Afortunadamente la bancada del FA tiene asesores que fueron desmarañando las irregularidades. Conceder una actividad central a un monopolio y e imponerle al Estado otros tantos beneficios y ventajas, sería convalidar un contrato que tendrá consecuencias negativas hasta 2081”, aseveró.

 

Argimón vs. Andrade

Pero el cruce menos esperado de la jornada, y el que mayor difusión tuvo por la prensa, fue el que sostuvieron el comunista Óscar Andrade con la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Con su tradicional elocuencia, Andrade se preguntó: “¿Hace falta haber pisado la facultad de Daniel [Olesker], de Mario [Bergara], [Sergio] Botana aunque no parezca?”. Lo hizo para argumentar que no hace falta ser economista para entender que se le dijo a la empresa belga «gane lo que quiera ganar durante sesenta años», ya que «eso es lo que se firmó».

Argimón lo cortó abruptamente, diciendo «senador, discúlpeme, usted se está refiriendo despectivamente a un senador que no está en sala para defenderse, le pido por favor respeto».

«Yo la entiendo presidenta, ahora, no vi la misma coherencia cuando se nos trató de todo acá y tengo acá anotado», le respondió Andrade.

«Espere un poquito que estoy hablando, ¿usted quiere que le diga todos los epítetos y faltas de respeto que desde el miembro interpelante pasando por todos ustedes le dijo al interpelado?, mire, le digo: secretismo, falta de transparencia, contradicción, inmoralidad, todo eso dijo, así que cállese la boca y siga con respeto», le dijo.

El senador frenteamplista Enrique Rubio, dirigiéndose a Argimón le dijo: «Usted está violando el reglamento».

 

Posible denuncia

El Frente Amplio evalúa la situación de cara al futuro. Espera que el gobierno muestre sus cartas después de los pedidos de cambios formulados por Cabildo Abierto y envía mensajes de posibles denuncias judiciales.

Nada está definido por ahora.

«Nosotros vamos a analizar la situación y si amerita hacer una denuncia a nivel judicial la vamos a hacer», aseguró el senador frenteamplista Mario Bergara, luego de la interpelación.

“Se entregó un monopolio por 60 años a una empresa privada con un expediente vacío. Es decir, sin un solo informe que no sean informes de la empresa. Entonces, si del lado de la empresa se usan informes de la empresa y del lado del gobierno también se usan los informes de la empresa, en esa mesa de negociación no sabemos dónde estaba el interés nacional», recalcó.

El senador rechazó también la posible creación de un ente regulador, como propuso Cabildo Abierto.

«No lo aceptamos, por dos razones. Primero porque el acuerdo liquida un montón de potestades regulatorias. Eso no cambia nada. Lo segundo no es una unidad reguladora y no hay que dejarse llevar por el nombre. Su único rol es de asesoramiento. Pero eventualmente es el ministerio y el puerto los que toman las decisiones. Por lo tanto, no regula, no se le trasladan potestades regulatorias. Las competencias que se le asignan a esa unidad no son de regulación, son de asesoramiento».

Sobre el planteo de Cabildo Abierto de incluir en el acuerdo con Katoen Natie, una cláusula donde el Poder Ejecutivo tenga la potestad de autorizar a la empresa belga en caso de que pretenda en algún momento vender su paquete accionario, Bergara dijo que “sería fundamental incorporarlo”.

«El Frente Amplio lo viene planteando ese tema desde que comenzó la discusión. Mire si mañana viene una naviera y le compra a Katoen Natie el monopolio sin que el Estado pueda decir nada. Eso generaría problemas con todas las competidoras; con todas las navieras que son las clientas de la terminal. Por lo tanto, es de rigor que el Estado tenga la capacidad de avalar o no ese tema», concluyó.

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