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Política

Gabriel Molina: “La Ley de Urgente Consideración es un ajuste social”

El veterano dirigente sindical de 55 años, que ingresó a Antel con 18 en 1983, e integra Sutel (el sindicato de los trabajadores de Antel) desde 1985, analiza la coyuntura y perspectivas del nuevo gobierno nacional.

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Por Ricardo Pose

Encasquetado en su gorra, la enorme humanidad del Chifle pide bolada para hacer un análisis de la coyuntura que abarque la situación actual en general, y no solo lo que le va “en prenda” como trabajador de las telecomunicaciones públicas, en un relato conceptualmente firme, de lenguaje llano, gesticulando permanentemente y vehemente por momentos.

 

¿Qué balance realizas del acto de asunción del 1° de marzo?

Lo primero es el tema internacional; la presencia del “mal parido” de Almagro, que ha convalidado por apoyo u omisión el golpe de Estado en Bolivia, donde un militar le puso la banda a Jeanine Áñez, que también estuvo invitada al acto oficial. Mujer de uñas pintadas que lleva adelante la persecución y asesinato en su país, del cual tuvo que huir Evo para salvar su vida y renunciar a la presidencia para evitar la matanza de su familia; de la brutal represión de Piñera en Chile, donde los carabineros disparan a los ojos de los manifestantes; del asesinato de dirigentes sindicales y sociales en Colombia bajo el gobierno de Duque; del gobierno fascista de Bolsonaro en Brasil.

Estas son las democracias invitadas por el gobierno de Luis Alberto Aparicio Lacalle, y por eso no entendemos la no invitación al gobierno de Venezuela, electo por su pueblo y que recibe la agresión constante y hasta el pedido de intervención militar de parte de Almagro. No entendemos la no invitación al gobierno de Nicaragua y menos podemos entender la no invitación al gobierno de Cuba, que ha desarrollado en estos 15 años un programa de salud que ha permitido recuperar la vista de nuestros queridos viejos, operación que jamás hubieran podido pagar. Médicos cubanos que también llevaron adelante ese programa en Brasil hasta que Bolsonaro los expulsó.

El gobierno uruguayo establece relaciones con los gobiernos más derechistas de la región, que no son democracias plenas; solo Uruguay y Costa Rica están considerados en el mundo como tales.

 

El 7 de enero el Pit-Cnt se reunió con el actual presidente. ¿ Cómo valoras la situación desde aquella reunión hasta ahora?

La reunión del 7 de enero se puede decir que fue “buena”; en ella Lacalle dijo que no se iban a tocar los convenios colectivos y el derecho de huelga, aunque no se iban a permitir las ocupaciones de los lugares de trabajo. Pero no aclaró los contenidos de la Ley de Urgente Consideración [LUC], esa que primero iba a entrar el 2 de marzo al Parlamento y luego se aplazó para el 9; y si leemos la ley, y vamos a organizar al movimiento sindical para que la gente la lea, lo que allí está planteado no solo va en contra de los intereses de los trabajadores, sino también contra los derechos conquistados por la sociedad uruguaya en estos últimos 15 años. Lacalle padre en su gobierno aplicó un ajuste fiscal, pero Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou va a aplicar un ajuste social.

La ley de convenios colectivos ya existía antes de 2005, pero no se aplicaba, o se negociaba con los sindicatos más fuertes; y de Ministro de Trabajo lo ponen a Mieres, pero el que ahí está es Mario Aristi, que fue quien presentó la denuncia ante la OIT contra las ocupaciones de los lugares de trabajo.

Ellos dicen que quieren defender el derecho del trabajador que no para y está bien; pero los derechos de los trabajadores organizados se defienden con las ocupaciones, que son una extensión del derecho de huelga porque quienes las llevan adelante son a los que los patrones despiden y persiguen. No es a los trabajadores no sindicalizados; despiden a los que están afiliados a su sindicato o arman un sindicato. Y los que están en este gobierno son los que integran la Federación Rural y la Asociación Rural, las cámaras empresariales. El movimiento sindical va a salir a rodear a las compañeras trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales, a los trabajadores que adquirieron derechos en estos últimos 15 años y que ahora están en peligro.

Van a ser cinco años muy complejos, pero no se trata de que salga solo el movimiento sindical en defensa de sus derechos; ya estamos hablando con Fucvam, con Onajpu y la FEUU, organizaciones de pequeños y medianos productores y empresarios, porque, repito, esta es una ley de ajuste social que perjudica a toda la sociedad.

Y el Pit-Cnt, así como lo hizo bajo los gobiernos del Frente Amplio, que no dudó en salir cuando entendió que debía salir a hacerse oír, no va a dudar en salir a las calles.

 

En ese sentido hubo algunas expresiones por parte de integrantes del gobierno sobre las medidas que tomarían ante las movilizaciones.

Larrañaga dijo que iba a reprimir y al que no le gustara la palabra, se la iba a tener que tragar. El movimiento sindical se va a movilizar y al que no le guste, se lo va a tener que tragar.

Hay una discusión sobre quién es violento; porque ¿qué quieren decir con eso de la “presunción delictiva”? Presuntamente era delictivo el botija que mataron de un disparo para proteger su propiedad, y eso está escrito en la ley.

Ellos ya están reconociendo que los problemas que hay en materia de seguridad no los van a resolver con el “se acabó el recreo”; y van a bajar de los grandes medios las crónicas policiales para que parezca que están dando soluciones. Nosotros también tenemos que descolgarnos de la tele, volver al mano a mano, a tomar mates en la plaza, a las asambleas.

Los trabajadores vamos a luchar, y no hay que tenerle miedo a la palabra lucha; la LUC, si es aprobada, no va a ser con nuestro consentimiento.

No vamos a dejar que nos arranquen ni una conquista, ni una; acá nadie se baja, nadie se esconde, y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir como hicimos siempre, vamos a estar muy atentos.

 

En la LUC hay un capítulo destinado a la administración de las telecomunicaciones. ¿Qué valoración hace Sutel del  mismo?

Lo primero a dejar en claro es que el movimiento sindical y Sutel van a defender a todas las empresas públicas, que han sido las que han permitido desarrollar el país en estos años en función de los intereses de todos los uruguayos.

Hace 37 años que trabajo en Antel, pude ver todo el proceso que se hizo, desde el uso del plomo hasta la fibra óptica. Es una empresa que acompañó  la evolución de las empresas más importantes en el mundo de las telecomunicaciones; y más allá del acierto de los directorios, ha contado con el compromiso del sindicato, que no solo ha defendido su salario, sino también la gestión. Somos de las pocas empresas públicas que consultoras internacionales en el mundo toman como referente.

Empresas como Google y Facebook utilizan nuestro data center; se hizo el cable subacuático, el Antel Arena; pero Antel, si no se sigue desarrollando, si se debilita su papel frente a las multinacionales como Movistar, Claro y Telefónica, desaparece, y desaparece como un servicio a la población.

Nosotros como sindicato vamos a dar batalla como hicimos en defensa de las empresas públicas ante la política privatizadora de Lacalle padre; pero nos preocupa lo que está planteado en la LUC, sobre la cual Cajarville ya dijo que es inconstitucional; nosotros estamos buscando poder hacer nuestros planteos, pero al día de hoy no sabemos quiénes serán los integrantes del directorio.

En el mundo, la principal cadena de valor y en constante desarrollo es la de las telecomunicaciones; internet es un elemento fundamental en las nuevas formas de trabajo; a Uruguay va a llegar la tecnología 5G, que va a implicar que cada celular sea una computadora chica, o sea que es una área estratégica de la sociedad.

Se nos abre un período muy grande, así que lo primero que vamos a hacer serán asambleas en los lugares de trabajo para explicar esta ley, que trae cambios bastante negativos para los intereses populares; es una pelea de luces largas, no cortas, de largo aliento.

La LUC es un ajuste social.

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