Gudynas: «la obsesión con el crecimiento económico predomina sobre la salud y el ambiente»

¿Considera que el sistema político en general y la sociedad uruguaya aún no han incorporado el tema ambiental en su agenda? ¿Por qué?

La respuesta a esta pregunta sería un sí y un no. Es correcto sostener que los partidos políticos, en sus expresiones más conocidas, y en los actores más relevantes, no entienden las urgencias ambientales, tanto de Uruguay como de la región. No las rechazan, y hasta los programas de los partidos políticos incluyen secciones ambientales, pero no las asumen adecuadamente. Es por eso que apoyan estrategias priorizando metas económicas aunque impliquen mayores deteriores ecológicos. Del mismo modo, los padecimientos que todos conocemos, como la contaminación del agua en la cuenca del río Santa Lucía, no se solucionan adecuadamente porque ello implicaría enfrentar intereses económicos extendidos y poderosos. La obsesión con el crecimiento económico sigue predominando sobre la salud de las personas y del ambiente.

Pero al contrario de esa situación en los partidos, en la sociedad uruguaya, hay una constante demanda ambiental. La gente tiene claro que la acumulación de basura o los arroyos con aguas verdes por cianobacterias son un problema. Denuncian el mal uso de agroquímicos y tratan de proteger, pongamos por caso, al monte nativo. En todo el país hay grupos organizados con este tipo de demandas.

Pero el problema es que chocan una y otra vez contra el Estado por un lado, y al mismo tiempo con la política convencional. Se hace la denuncia por basurales a un municipio o por agroquímicos ante el Ministerio de Ganadería, pero estos responden lentamente, despliegan un laberinto burocrático, y los problemas se acumulan. Cuando se insiste en esos problemas con los actores de los partidos políticos, sean locales como ediles, departamentales como diputados, o nacionales como senadores o jerarcas ministeriales, la situación no mejora sustancialmente. Es por eso que hay ocasiones en que la clase política se convierte ella misma en el primer obstáculo para lidiar con los problemas ambientales.

En algunos sectores de la sociedad uruguaya parece estar clara la necesidad por ejemplo de un 6% del PBI para invertir en Educación. ¿Cuánto debería invertirse en los temas ambientales?

En el presupuesto asignado para el 2021, el Ministerio del Ambiente ocupó el penúltimo puesto con la menor asignación de fondos. Representaba el 0,56 % del total de la administración central, y estaba apenas por encima del dinero asignado al Ministerio de Turismo, que estaba en el último lugar. Es un monto bajísimo y para dejar eso en claro se lo puede comparar con otros ministerios que, como el de Ambiente, están directamente relacionados con la calidad de vida de los uruguayos y del entorno. Mientras que el Ministerio del Ambiente recibiría aproximadamente 758 millones de pesos, la cartera de Salud tenía previstos 3.473 millones de pesos antes de la eclosión del Covid-19, y Ganadería y Agricultura, que gestiona todo el medio rural, todavía más, con $ 4.329 millones.

La determinación del gasto de todo el gobierno, y no solamente la administración central, en la gestión ambiental es difícil, porque hay componentes ambientales en otras carteras. Si se toma como referencia el gasto ecológico en los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el promedio es 0,51% del gasto estatal. Observando a países del continente para los cuales tenemos indicadores, el gasto es más alto, como por ejemplo en Colombia, que se aproximaba al 2%.

Como balance puede decirse que hay problemas superpuestos. El presupuesto gubernamental dedicado a la política y gestión ambiental es muy bajo, y debe ser aumentado cuanto antes. Pero cualquier incremento debe ir de la mano con mejorar la eficiencia del gasto público en medidas que realmente desemboquen en una mejora de la calidad ambiental. Al mismo tiempo, hay costos ambientales que no deberían ser cubiertos por el Estado, o por nuestros impuestos, sino que  los responsables de daños ambientales deben asumir sus costos.

El ejemplo más claro de esto lo padecemos con la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía, que en su mayoría es difusa, en el sentido que está diseminada en centenas de emprendimientos agropecuarios. Sin embargo los que producen esos impactos, originados en el uso de agroquímicos, manejo de tambos u otras fuentes, no siempre asumen el costo económico que implica procesar esas aguas. Entonces, ese gasto termina en las espaldas de OSE, y de allí llega a la factura de agua. Dicho de otro modo, los que originan la contaminación transfieren parte de sus costos a los montevideanos. La solución a esto no está en aumentar el presupuesto ambiental de OSE para que siga haciendo más y más obras de potabilización que pagaremos los vecinos, sino que ese costo debe ser asumido por quienes originan el daño ambiental.

¿Qué áreas de trabajo deberían estar concentradas en el Ministerio de Ambiente y que hoy se encuentran dispersas por ejemplo en el MGAP?

El problema más grave y recurrente radica en que la institucionalidad ambiental en Uruguay tiene dos cabezas. Por un lado está el Ministerio del Ambiente, y antes, la cartera mixta, que era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por el otro lado se encuentra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En el Ministerio del Ambiente están las áreas que hacen la evaluación del impacto ambiental, la conservación de la biodiversidad y el cambio climático, todo lo cual es lo mínimo que se esperaría de una cartera en esta temática. Pero en el MGAP permanecen desde hace décadas el manejo de la gestión ambiental de suelos y aguas, el bosque nativo, los ecosistemas de arroyos, ríos, lagunas y costeros, el control de los impactos ambientales de los agroquímicos, y hasta se repite una unidad en cambio climático.

Esa bicefalía genera todo tipo de problemas. Eso se debe a que un ministerio productivo, como el MGAP, a la vez parecería que debería fiscalizarse y autolimitarse a sí mismo siguiendo condiciones ecológicas. Entonces, la misma dirección que promueve las plantaciones forestales es la que debería conservar el monte indígena, o la que libera el uso de agroquímicos es la que recibe las denuncias por las aplicaciones que dañan el ambiente o la salud. La proliferación de denuncias de arroyos o ríos con sus aguas verdes, o la muerte de abejas, muestra quiénes van ganando esa pulseada.

¿Estas contradicciones no se resolvieron con la creación del Ministerio de Ambiente?

No solo no se resolvieron sino que a estas alturas es dudoso si valió la pena crear ese ministerio. Es que bajo la LUC (Ley de Urgente Consideración) lo que realmente ocurrió es que el viejo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente, se dividió en dos. No se generó una nueva institucionalidad, sino que un ministerio mixto fue dividido; es como si el Ministerio de Economía y Finanzas se lo dividiera en uno de Economía y otro de Finanzas. Las áreas ambientales que estaban en el viejo Mvotma se transfirieron a la nueva cartera, se crearon direcciones para tener una estructura mínima, y no mucho más que eso.

No se resolvió el problema de fondo de la bicefalia, y no se transfirieron las competencias ambientales que están dentro del MGAP. Se mantienen condiciones que son hasta casi inexplicables como tener dos unidades en cambio climático, una en Ambiente y otra en MGAP.

El Poder Ejecutivo sostuvo que en las siguientes rendiciones de cuentas se irían transfiriendo hacia el nuevo Ministerio del Ambiente las unidades que estaban en MGAP. El ministro de esa cartera, Adrián Peña, lo confirmó en la prensa, y como tanto él como el titular del MGAP son del Partido Colorado, se podría esperar que eso ya se hubiese concretado. Pero nada ha ocurrido en ese sentido.

Entonces, más allá de los titulares de prensa y publicidad alrededor de un “nuevo” ministerio, en realidad no hay nada novedoso porque en la esencia sigue funcionando la misma estructura y competencias que venían desde antes. Se dividió un viejo ministerio en dos. La necesidad más apremiante que justificaba una nueva cartera, que consistía en resolver el enredo de competencias con el MGAP, sigue sin abordarse en serio.

Pero desde la coalición multicolor se sostiene que habría una nueva política ambiental. ¿Cuál es su evaluación de esto?

La sombra que tiñe toda la gestión ambiental del gobierno parte con la propuesta inicial de la LUC. Es que allí, por un lado se dividía al viejo Mvotma para crear el Ministerio del Ambiente, pero por otro lado se asestaba un golpe duro a la conservación de la naturaleza. No debemos olvidar que en el proyecto original de la LUC se sumaron unos artículos que buscaban limitar la protección de áreas naturales, lo que es un elemento central de una política ambiental, para supeditarlas de algún modo a metas económicas o compensaciones a privados.

Para explicar esa propuesta en su sentido ecológico se puede usar un ejemplo en la salud. Es como si en la LUC hubiese existido un artículo que dijera que las expectativas de lucro económico de los privados tuvieran prioridad sobre medidas de control sanitario impuestas por el Ministerio de Salud. Y si esa cartera las aplicara, debería compensar económicamente a los privados por las ganancias supuestamente perdidas.

Existió una reacción ciudadana fenomenal en defensa de las áreas protegidas contra esos artículos, que fueron cambiando de redacción en los sucesivos borradores de la LUC, hasta que finalmente desaparecieron. Pero eso no hace olvidar que aquella intención expresa una postura, especialmente en el herrerismo, de ofrecer un discurso amigable con el ambiente pero con medidas que en la práctica subordinan la gestión ambiental al mercado.

Esa particularidad, ¿se ha mantenido desde el proyecto original de la LUC hasta el momento presente?

De alguna manera sí, y a su vez, refleja tensiones que existen en el seno de la coalición multicolor. Tomemos como ejemplo una medida reciente que ha sido la aprobación de un impuesto a las emisiones de carbono, en tanto es un gas que contribuye al efecto invernadero, y desde allí al cambio climático. Esa medida fue liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene de bueno que instala en Uruguay el uso de instrumentos económicos para la gestión ambiental.

Cuando uno analiza la medida encuentra por un lado el componente de publicidad en la gestión gubernamental, ya que fue anunciada con bombos y platillos dentro del país como en el exterior. Por momento parecía que nos poníamos a la vanguardia mundial en responsabilidad ecológica. Pero por el otro lado se observa que el impuesto no cubre a todos los gases invernadero, ni siquiera a todas las emisiones de carbono, sino solamente a las naftas. Entonces, el supuesto instrumento que debía atacar los gases que causan el cambio en el clima en realidad no lo hace. No solo eso, sino que incluso el impuesto es en verdad un nuevo nombre para un porcentaje de lo que hoy se cobra vía Imesi.

Esto ocurre en varios frentes. Tenemos una gestión que por un lado acentúa los anuncios, la publicidad y el marketing, y por el otro, cuando se sopesa la efectividad y rigurosidad de las medidas, en realidad o bien son cambios modestos, o bien no necesariamente son efectivos.

Todo esto se superpone con las tensiones partidarias que le mencionaba. Si colocamos la mirada en el ministro de Ambiente, observamos que está en manos del Partido Colorado, pero se invaden sus competencias ambientales, pongamos por caso desde los ministerios de Economía y Finanzas o desde Industria, ambos en manos del herrerismo, como también desde el MGAP, que es ocupado por el Partido Colorado. Al mismo tiempo, se reclaman otras medidas ambientales, por ejemplo sobre la forestación desde Cabildo Abierto. Para hacerle todo más complicado al ministro de Ambiente, el viceministerio está en manos del herrerismo, y esa corriente tiene esa visión privatizadora y mercantil de la temática ambiental que indicaba antes.

Bajo esas condiciones se vuelve muy difícil que pueda hablarse de una política ambiental consensuada en la coalición multicolor. En realidad lo que se observan son equilibrios precarios, donde los sectores presionan cada uno a su modo.

¿Debería haber un aporte especial de los empresarios que trabajan directamente con materias primas para el cuidado y preservación del medio ambiente?

Esta es una cuestión fundamental. En los llamados sectores extractivos, que en el caso de Uruguay están anclados en exportar materias primas, los impactos ambientales son fenomenales. Desde la erosión de suelos a la contaminación de aguas, desde el deterioro de los montes nativos a la pérdida de nuestra fauna, y sobre ello los impactos sobre la salud. Esos sectores tienen enormes ganancias precisamente porque esos impactos ambientales y sociales son transferidos a la sociedad. No son visibles en su contabilidad, muchos de ellos carecen de precio. Si a cada tonelada de soja o de pasta de celulosa se le incorporara el costo económico de lidiar con los agroquímicos o del deterioro de suelos, el costo del proceso productivo se dispararía, y con ello el precio de las materias primas.

Existe creciente información científica, con nuevos indicadores que sopesan los flujos de materia, agua y energía, consumidos en remover y exportar materias primas desde países como Uruguay. Todo ellos apuntan en el mismo sentido: la inserción en la globalización está descansando en que esos costos se ocultan, invisibilizan y se transfieren hasta que terminan en las arcas de los Estados o en el bolsillo de los más pobres.

Por lo tanto, allí radica una de las medidas más urgentes. El costo del daño ambiental lo deben asumir quienes lo generan, quienes son sus responsables.