“Existe un creciente número de “amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos […] por parte de gobiernos y otras personas de poder”, subrayó la alta comisionada, Michelle Bachelet, quien en nombre de la ONU agregó: “En el caso de Uruguay se registraron ‘declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución’”.
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Las declaraciones del flamante ministro del Interior, Jorge Larrañaga, no habían pasado desapercibidas para el organismo internacional.
El 29 de julio del 2020 dicha institución, un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, emitió una resolución en la que calificó la intervención de un policía en un procedimiento en el barrio Malvín Norte como «actuación ilegítima».
El organismo advertía que se habían violado «los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal por parte de la Policía Nacional».
El episodio tuvo cobertura mediática al igual que la respuesta del ministro sobre esa resolución, quien sostuvo que la Inddhh «se ha desmadrado en su accionar» y que además se había convertido «en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la Policía, alentando la división y el enfrentamiento».
Subiendo la apuesta en setiembre del año pasado, Larrañaga sostenía públicamente que consideraba que la institución era un club político agregando que «no le vamos a seguir las recomendaciones a la Inddhh porque están viciadas de un flechamiento ideológico y político. Estamos analizando la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la Inddhh».
Eso podría explicar por qué en el informe el Ministerio del Interior figura en el primer lugar de ministerios que no colaboraron en el esclarecimiento de denuncias presentadas o investigaciones en curso.
La senadora Graciela Bianchi también disparó contra el organismo, expresando en su cuenta social: “Es hora de dejar las cosas bien claras: no queremos una Institución de Derechos Humanos que haga política menor. Queremos una institución honorable, independiente de las acciones de los partidos políticos a los que pertenecen sus integrantes”, omitiendo que una de sus integrantes pertenece a la colectividad nacionalista.
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se negó a votar el presupuesto de la Inddhh en el Parlamento porque consideró que“es absolutamente innecesaria”.
El directorio
Uno de sus directores, Wilder Tayler, es un abogado que fue director legal de Human Rights Watch desde 1997 hasta marzo de 2007. Anteriormente trabajó como consejero legal de Amnistía Internacional, donde también actuó como director del Programa de las Américas y, entre 2007 y 2014, fue miembro y vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
La Dra. Mariana Motta fue durante los gobiernos frenteamplistas trasladada por las autoridades judiciales, por lo que se desprende que no tiene por qué guardar fidelidad a la fuerza política que en el gobierno no intervino en las sanciones que recibiera la doctora bajo el eufemismo de traslado.
María Josefina Plá es una destacada personalidad comprometida con las causas cristianas, incuestionable desde el punto de vista de su independencia y autonomía de las organizaciones políticas.
La presidenta de la institución, Mariana Blengio, es de filiación nacionalista y acaso el Dr. Faroppa podría ser la herencia frenteamplista dentro de la institución, pero catalogar al organismo de “club político”, habiendo sido votados sus integrantes por mayorías especiales en la Asamblea General, es sin dudas un exabrupto.
El informe
El informe de 306 páginas fundamenta y documenta en el capítulo tres sobre el conocimiento, recepción de denuncias e investigación de presuntas vulneración a los derechos humanos, explica previamente el procedimiento de la investigación.
«Las instituciones nacionales de derechos humanos representan la garantía no jurisdiccional de los derechos humanos frente al poder de la Administración. En tal sentido, el procedimiento de tramitación de denuncias o quejas puede ser considerado la piedra angular de sus actuaciones», comienza explicando en este apartado el documento.
«El procedimiento seguido para el trámite de una denuncia se caracteriza por ser relativamente informal, con una legitimación amplia (en comparación con la exigida para poner en marcha procedimientos administrativos o judiciales), de carácter gratuito y que no requiere asistencia letrada. La Inddhh ha definido cuatro etapas para dicho procedimiento: la recepción, la investigación, la resolución y el seguimiento de la resolución».
Los números
En el año 2020, el Área de Denuncias e Investigación ha realizado un total de 610 intervenciones. El 60 % de estas son asesoramientos y consultas vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos y el 40 % son denuncias de vulneración de derechos. El crecimiento relativo de las consultas respecto de las denuncias se explica por el desarrollo de estrategias de sistematización y registro de las intervenciones. Como resultado, cada año se observa una disminución de las denuncias aceptadas que luego son catalogadas como no admisibles.
De acuerdo con el mandato legal, las resoluciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) con recomendaciones o de vulneración de derechos; 2) solución no satisfactoria; 3) no vulneración; 4) no admisibilidad; 5) no colaboración; 6) suspensión de actuaciones; 7) otras.
Del informe surge que el Ministerio del Interior fue un organismo con ocho resoluciones a partir de denuncias de 2020 contra esa cartera, con procedimientos de recomendación o de vulneración de derechos y el primero en resoluciones de no colaboración, que se adjudica cuando el organismo denunciado no presta ayuda durante el proceso.
Luego del Ministerio del Interior, siguen el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y cerca de 21 organismos implicados en una o dos denuncias que van desde ministerios, intendencias, Corte Electoral y organismos de enseñanza.
El Ministerio del Interior, que es el primero en soluciones de no colaboración, es seguido por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y ANEP.
Es importante destacar que una resolución puede realizar recomendaciones dirigidas a más de un organismo público.
Del total de 99 resoluciones emitidas en el año, 28 son recomendaciones, 16 de solución satisfactoria, 6 de no colaboración, 30 en la que no se constató vulneración de derechos, 12 de seguimiento, 4 en las que se suspendió el proceso, una no admitida y dos en las que los denunciantes abandonaron el procedimiento.
Resoluciones con recomendaciones
Integridad física y abuso policial 6
Discapacidad 5
Trabajo y condiciones laborales 4
Vivienda adecuada y acceso a la tierra 3
Igualdad y no discriminación 2
Ambiente 2
Libertad de expresión 2
Salud mental 1
Reparación 1
Adultos mayores 1
Debido proceso administrativo 1
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