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Sociedad

Inddhh: «Los crímenes del terrorismo del Estado no pueden ser considerados como excesos»

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo opinó que el proyecto de Cabildo Abierto para «reinstalar» la Ley de Caducidad «trasgrede los principios básicos del sistema de justicia» y que implica un retroceso en la protección de DDHH. Ademas, le recomiendan al gobierno rechazar la iniciativa

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A entender del organismo, «la normativa propuesta trasgrede principios básicos del sistema de justicia, pretendiendo restaurar una norma que durante largos años gestó la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la dictadura y abomina del multilateralismo en las relaciones internacionales, el que constituye un pilar fundamental sobre el que se edifica el respeto de los derechos humanos en nuestra región y en el mundo».

Por otro lado, señalan de la INDDHH que «atrocidades» cometidas durante el Terrorismo de Estado, como la persecución, encarcelamiento, tortura, ejecución y desaparición forzada de personas, no pueden calificarse de “excesos”. En tal sentido, explican que «un exceso denota aquello que sobrepasa lo normal, más allá de la medida, que supera los límites de lo ordinario. Los crímenes del terrorismo del Estado no pueden ser considerados como excesos, sino que fueron violaciones de los derechos humanos».

Insistieron que estos hechos «fueron cometidas por funcionarios estatales, de forma sistemática o masiva, y bajo la instigación o la tolerancia de las más altas autoridades de los gobiernos de la época» y que «tales violaciones a los derechos humanos fueron crímenes de lesa humanidad y no excesos». Para la INDDHH los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y «se deben, juzgar y sus autores ser hechos responsables.

Explican que se trata de un castigo que le «interesa a toda la humanidad , a pesar del tiempo transcurrido y que los Estados «se han comprometido a este accionar, a través del reconocimiento de los principios más básicos del derecho, como forma de garantizar el respeto de los derechos humanos y la vigencia de los estados democráticos».

«El terrorismo de Estado dejó miles de víctimas las que, luego de más de cuarenta años, todavía esperan justicia, incluyendo la reparación integral por los daños sufridos, la individualización de los responsables y la sanción correspondiente. Uruguay, como otros países de la región que sufrieron regímenes dictatoriales, que coordinaron sus represiones a través del Plan Condor, procuró eludir la responsabilidad derivada de estos crímenes aprobando una ley de impunidad que dejara a los perpetradores a salvo de la actuación de la justicia. Durante la vigencia de esa ley, el Estado incumplió con la obligación de investigar y sancionar a los responsables, se expuso al reclamo de las víctimas en los ámbitos internacionales y fue señalado en esos foros por no respetar los derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que formaba parte desde antes de la dictadura», agregaron.

Al finalizar, la INDDHH le recomienda al gobierno «rechazar este tipo de iniciativas, que se traducen en un retroceso en la protección de los derechos humanos, y pueden – una vez más – situar al país en claro incumplimiento de la normativa internacional, que libre y soberanamente ha aceptado, dejándolo fuera de los ámbitos de diálogo y cooperación que sustentan los Estados en procura de fines comunes».

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