Textos: Alfredo Percovich
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Producción: Viviana Rumbo
Asfixiar toda disidencia. Esa parece ser la consigna con la que se pretende amedrentar voces díscolas. Las estrategias son múltiples y por momentos, despiadadas. Para el presidente de la Fenapes, no es tiempo de lamentos, ni sollozos, ni detenerse a responder insultos y amenazas de las redes sociales. Otra historia -puntualiza- es lo que sucede cuando los disparos vienen de voces del gobierno. Distinto es cuando se pretende destituir a docentes. Olivera sostiene que el gobierno en general -pero particularmente las autoridades de la educación- “están perdiendo legitimidad y credibilidad institucional”. Es más, está convencido que las acciones persecutorias contra docentes y sindicatos fracasarán. Dice que el gobierno está nervioso, que el humo se vende en ventanillas oficiales y que el relato que pretenden imponer desde la Torre Ejecutiva está cada día más alejado de la realidad. José Olivera habló en espacio de ideas en un paréntesis de sus recorridas por el país. El integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt y referente estratégico del comando de campaña por la anulación de 135 artículos de la LUC está librando batallas en varios frentes y sabe que la comunicación es un territorio clave. El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ha tenido un rol determinante en la construcción de la estrategia sindical para concretar la «hazaña» de la recolección de las 800 mil firmas. Y actualmente recorre ferias, barrios, ciudades y plazas, pueblitos y esquinas. Habla en actos masivos y también para grupitos de dos o tres personas que se arriman a escucharlo en algún enclave perdido. Jugador de equipo, reniega el brazalete y se siente igual de cómodo en espacios reducidos como en cancha grande. Se subió a cajones de ferias, sillas, bancos de plaza, chatas de camiones y escenarios de tablados, teatros o auditorios. Habla a diario con medios de prensa, radios del interior, canales de televisión y estudiantes de periodismo que quieren saber más sobre este proceso de cara al referéndum. Pero también conversa puertas adentro sobre temas jurídicos y asuntos de presupuesto, comunicación o logística. Soportó -casi sin parpadear- injurias y agravios en las redes, tal vez porque no usa Twitter, ni Facebook. Tan solo una acusación creyó que no debía dejarla pasar y acudió a la Justicia. Las demás, dice que ni valen la pena. Habla como docente, ordena sus ideas y argumentos de manera pedagógica y tiene una capacidad de análisis asombrosa. Duerme poco. En realidad, casi no descansa. «No es hora de dormirse», sostiene.
El gobierno ha acusado a los sindicatos de la educación de ser parte del problema y no la solución. Y en este mismo espacio de reflexión en ideas, distintos actores de la sociedad han planteado su preocupación por la «demonización de los sindicatos» como un fenómeno preocupante de este nuevo tiempo político. ¿Cómo hay que leer este escenario?
Creo que el gobierno tiene enormes problemas en su intento por imponer un relato que intenta criminalizar las organizaciones sociales, particularmente las sindicales, especialmente la educativa y groseramente en el caso de Fenapes. Y es que está perdiendo por goleada. Primero porque su relato cada vez está más disociado de la realidad. Es un relato que está sostenido por parte de voceros del gobierno que amplifican su voz a través de algunos medios masivos de comunicación que le son afines, pero no tienen contacto ni capacidad de interacción con la gente en los territorios. Allí es donde la gente está visualizando que los recortes que el gobierno pretendió ocultar, que las autoridades de la educación inclusivamente negaron y siguen negando, tienen una vía práctica y se percibe -por ejemplo- cuando un padre o madre van a inscribir a sus chicos para hacer determinada orientación en el medio rural y hoy ya no pueden. Claramente no hay que explicarle mucho a esa familia lo que significa el recorte cuando está viendo afectado el derecho a la continuidad educativa de su hijo. Las familias se dan cuenta del impacto del recorte presupuestal cando volvimos a la presencialidad y pasamos de tener salones del ciclo básico de 26 o 27 estudiantes a salones con 35 y hasta 40 estudiantes. Cuando los estudiantes y sus familias demandan equipos multidisciplinarios para atender las consecuencias que pueda haber dejado la pandemia en materia de salud mental en nuestro estudiantado y se encuentran que no hay tales equipos. La gente sabe mejor que nadie el impacto de los recortes y el debilitamiento de la educación pública. Discursivamente y desde el relato, las autoridades educativas pretenden ocultar el recorte pero eso es imposible. Creo que ahí tienen el problema: su disociación, su divorcio, entre lo que es su discurso y la realidad. Siguen promoviendo un discurso de campaña electoral, algo que incluso lo asumen hasta las propias autoridades de la educación bajo la idea de que vienen a gestionar el cambio, aunque el cambio pueda ser un salto al vacío, aunque sea en contra de la mejora de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, aunque ese cambio que proponen sea en contra de asegurarle a las futuras generaciones la mejor formación posible. Ahí tienen un divorcio entre su discurso y la realidad. Y ese discurso criminalizador y deslegitimador de la educación pública, de los docentes y sus organizaciones representativas, ha ido perdiendo terreno como consecuencia de lo que sucede en la realidad. Y en segundo término y más específicamente en relación al gremio docente, si tenían alguna duda sobre la legitimidad de los sindicatos, el pasado 30 de octubre quedó bastante claro, una vez más, que el discurso oficial no se condice con la realidad. El oficialismo presentó cuatro listas, invirtió dinero, hizo militar a diputados del gobierno para ganar uno de los cargos y se llevaron una verdadera paliza en términos electorales.
¿Qué significa que una de las listas oficiales derrotadas fue la del presidente del Codicen?
En el mismo sentido que venimos hablando. El fracaso del relato oficial. En esa elección estaba la lista del presidente del Codicen, la lista del herrerismo y las listas de otros sectores de los partidos coaligados en el gobierno. Y todas juntas perdieron aproximadamente por 70 a 30, a manos de las tres listas que llevaba el Pit-Cnt. Ese es el segundo problema que tiene el gobierno. Y no es un dato menor. Quien está perdiendo legitimidad y credibilidad institucional -y este sí que es un problema grave- es el propio gobierno y son las propias autoridades de la educación. Y quienes refuerzan su legitimidad, su presencia y su trabajo cotidiano por mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio, por denunciar las pérdidas de cargos y el recorte salarial, son las organizaciones sindicales. Porque cuando usted tiene una elección de este tipo donde vota el universo total de docentes, que obviamente es muchísimo más que la cantidad de docentes que están sindicalizados y el resultado es el que se dio, indica que claramente una buena parte del ámbito docente no sindicalizado, cuando tuvo que optar entre el oficialismo y la representación de los sindicatos, optó por la representación sindical. El cuerpo docente tiene claro cuál es el actual escenario, tiene claro quiénes son los responsables de la debacle de nuestra educación pública en sus diferentes formas y contenido, como también tiene claro quién puede asumir su defensa. Creo que hay un fuerte rechazo social al proceso de ajuste, de imposición, de persecución que llevan las autoridades de la educación a nivel general de la sociedad, pero que se hace incluso más evidente o más fuerte a nivel del propio gremio docente.
Una vez conocido el resultado de las elecciones en el Codicen, ¿recibieron alguna señal de las autoridades? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de la respuesta docente en el actual contexto y a pesar de esa maquinaria oficial de la que hablas?
Es difícil poder calibrar correctamente el resultado. Nosotros sostenemos que hay una perspectiva estratégica general del campo popular y del movimiento sindical que va a ir concatenando distintos eslabones tácticos que son muy importantes. En esa visión estratégica, hay que valorar y entender lo que significan las 800.000 firmas, como el triunfo del 30 de octubre de los sindicatos de la educación y también será importante una contundente victoria el próximo 28 de noviembre en las elecciones de los representantes sociales en las elecciones del BPS. El triunfo de la lista 11 en el caso de los trabajadores y de la lista 1 de los jubilados y pensionistas será un gran eslabón en esa perspectiva táctica. Y estamos seguros que vamos a lograr que triunfe el SÍ de la anulación de los 135 artículos de la LUC. Esta perspectiva estratégica permitirá que podamos recuperar un elemento fundamental que hemos ido perdiendo: la convivencia democrática desde el debate público y la búsqueda de consensos. Hoy lo que tenemos es un discurso dominante fuertemente violento, agresivo, carente de argumentos, que lo que hace es anular al otro desde la deslegitimación, desde el insulto, tomando atajos. Y eso nos parece que es un signo de esta época en un mundo que se ha derechizado muchísimo, pero que países como el nuestro, con una larga tradición democrática republicana que ha sido ejemplo en la región y en buena parte del mundo, debemos desterrar, porque efectivamente eso no somos los uruguayos. El Uruguay no es eso. Uruguay es la búsqueda de consenso, del debate público, pero no es la imposición y mucho menos la anulación o eliminación del otro.
Desde el gobierno también se acusa a la oposición y a las organizaciones que impulsan el referéndum de ser canceladores o intolerantes al sostener que la LUC no es Uruguay. ¿Los que piensan distinto o a favor de la LUC no son tan uruguayos como los que promueven el Sí?
A lo largo de su historia, Uruguay ha construido una sociedad amortiguadora, que ha tenido una construcción republicana muy avanzada para la región y buena parte del mundo. Se ha caracterizado históricamente por fuertes debates de distintas corrientes ideológicas y filosóficas. En ese proceso, han prevalecido o triunfado las concepciones de avanzada que uno podría expresar en el propio batllismo o en los sectores vinculados al wilsonismo en el Partido Nacional y que históricamente en este caso, ha tenido sus detractores representados en el herrerismo que hoy gobierna. Por lo tanto, creo que de alguna forma el planteo que se hace desde el gobierno es una autocrítica a sí mismo. Desde el lanzamiento están discutiendo con el spot “Manifiesto”. Y dicen que mentimos. La pregunta que uno se tiene que hacer es quién mienta cuando en campaña electoral tuvimos al actual presidente diciendo que no habría aumento de las tarifas públicas y en cuatro meses aumentaron cinco veces los combustibles y si hoy no están aumentando es simplemente por una especulación electoral. ¿Quién miente cuando el presidente de la República en campaña electoral dijo que la reforma de la seguridad social no iba a pasar por un aumento de la edad de jubilación y hoy la primera recomendación de sus técnicos para la reforma -que también la están dilatando para después del referéndum- es el aumento de la edad jubilatoria? ¿Quién miente cuando dicen que esto fue lo que la gente votó y que la gente estaba en conocimiento de la LUC si hoy el gobierno tiene que hacer un taller con periodistas en la Torre Ejecutiva para informar del contenido técnico de la norma? ¿Quién miente? Casi todos los días brindan argumentos insólitos. Para intentar defenderla la vicepresidenta de la República y el secretario de Presidencia citan cosas que no son ciertas. ¿Quién miente? Una ley que en su defensa, una de sus referentes en Montevideo convoca a jóvenes militantes de su partido a hacer piquetes, que esa misma ley los prohíbe. La campaña oficial en defensa de la ley tiene cosas aberrantes como los argumentos de un diputado que dice que hay más riesgo de vida con el robo de una bicicleta o un auto que si sos una mujer que te están violando. Todo esto hay que ponerlo en valor y analizar honestamente quién miente. El gobierno está nervioso e incómodo y tendrá que salir de su zona de confort que tenía en esa especie de luna de miel. Dijeron que esta es una ley buena, justa y popular. Y ahora que la realidad impacta se les cayó el relato. La gente no tiene trabajo, las y los uruguayos están perdiendo poder de compra en sus salarios, los precios aumentan todos los días, la cifra de pobres lamentablemente aumenta día a día y hay miles de uruguayos y uruguayas que comen en ollas populares. Y tienen que hacerse cargo. Si habrá cosas para discutir. Pero esta discusión no se puede hacer tomando atajos o mintiendo descaradamente o generando miedo, que es un recurso viejo, ampliamente utilizado durante los últimos 40 o 50 años en la política uruguaya, y que ha tenido como abanderado a Julio María Sanguinetti que sigue aferrado a la imagen de la Unión Soviética. Pero honestamente, no tengo muchas expectativas que desde el gobierno estén dispuestos a debatir ideas. Creo que siguen aferrados a un método, una estrategia y un programa que no están dispuestos a debatirlo con nadie. Están dispuestos a imponer y si es necesario -si hay resistencias- incluso a reprimir. Y esto también hay que ponerlo arriba de la mesa.
La mentira en política podrá ser funcional a un resultado a corto plazo, pero ¿no es además una señal de debilidad propia, de falta de argumentos y subestimación de la capacidad de análisis de la gente?
Totalmente. Yo creo que estamos en manos de un gobierno que reitera viejos esquemas que subestiman la inteligencia de nuestro pueblo. Tenemos un gobierno aristocrático en el auténtico sentido de arrogancia. A pesar que a muchos de los integrantes del gobierno les falta mucha formación como para haber dicho en campaña que eran los mejores y estaban preparados. Recordemos lo que sucedió con Pablo Bartol o el viceministro de Desarrollo Social que no tenía idea de lo que era el Mides, por dar ejemplos concretos de este gobierno. Ellos buscan hacer política desde el eslogan y no desde el esfuerzo de colocar argumentos porque de alguna forma creen que su receptor no está capacitado para entender sus argumentos. Esta arrogancia, esta forma de desacreditar al otro, en el caso de la educación está clarísima. No hacen mención a ninguno de nuestros argumentos. Yo respetuosamente he invitado a debatir al diputado Felipe Schipani. Incluso ofrecí que -si lo entiende necesario- no tengo inconveniente que sea en la casa del Partido Colorado. Sigo esperando respuesta. Me ha contactado algún periodista del interior para organizar un debate con algún legislador del Partido Nacional. Sigo esperando respuesta.
Sin embargo, las encuestas siguen hablando de la popularidad del presidente.
Sí, pero una cosa es el apoyo al presidente en una pandemia y otra es el apoyo a las políticas de gobierno. Porque de lo contrario explicame el resultado electoral del 30 en la educación, por ejemplo. Desde el gobierno se pretende generar asociaciones lineales y mesiánicas que tratan de construir un relato de que como las encuestas le dan buena imagen al presidente, entonces el referéndum no tiene chance. Y ellos saben perfectamente que eso no es así, de lo contrario no estarían saliendo a hacer campaña en defensa de la LUC.
¿Cuáles van a ser las acciones concretas de respaldo a los docentes que corren peligro de destitución?
Estamos desarrollando una campaña pública de recolección de firmas de apoyo ciudadano, que viene muy bien. Quien quiera apoyar puede bajar la plancha de firmas de la web de Fenapes y luego la mandan por correo postal a la sede central en la calle Maldonado 1193. También hay sindicatos que se han llevado planillas para recolectar y dar una mano. Esa es una línea de acción de respaldo directo. Y la segunda es la presentación de la Queja ante el Comité de libertad sindical de la OIT, que ya se formuló con toda la carga probatoria. Esa documentación ya está en poder del equipo jurídico de la Internacional de la Educación (IE) que reúne a más de 400 organizaciones en todo el mundo, con presencia de 140 países y más de 30 millones de afiliadas y afiliados. La IE es una organización consultiva de la propia OIT que no solamente respaldó, al igual que el Pit-Cnt, la Queja ante el Comité de libertad sindical, sino que se va a hacer cargo de su patrocinio. Y esto para nosotros es muy importante. A nivel local, estamos exigiendo con mucha firmeza y responsabilidad una pronta determinación de las autoridades ante nuestro recurso. Estamos aguardando que se corrija la situación que estamos denunciando porque el procedimiento ha sido muy opaco, ha dejado mucho que desear en términos de garantías. Queda un largo camino por recorrer a nivel nacional e internacional en defensa de las y los compañeros. Los informes jurídicos son categóricos en cuando a que se estarían violando el derecho de expresión y de opinión.
¿Y si no se logra revertir?
Iremos hasta las últimas consecuencias aquí, en el TCA, en la Comisión Interamericana de DDHH y en la OIT.
¿Cómo están ahora las y los docentes sancionados?
Están con una fortaleza muy grande. Recientemente han recibido un respaldo muy importante en la Junta Departamental de San José, rechazando la destitución, y eso fue con el voto de todos los partidos políticos allí representados. Para nosotros es un elemento importante porque ahí se nota el valor y el respaldo social hacia los docentes. Ahí está la comunidad apuntalando a las y los docentes, algo que por cierto, quedó muy claro desde el inicio de todo este proceso. Obviamente que a pesar de esto, están viviendo una situación muy dura, porque si bien felizmente han vuelto a trabajar -porque se ha terminado la medida cautelar de su separación del cargo- no es grato para nadie estar trabajando pensando que en cualquier momento te va a llegar un pedido de destitución. Hay vidas familiares que se han trastocado, hay vidas de grupos que se han trastocado, por lo tanto, más allá de la fortaleza y la entereza con la que están llevando el proceso, en buena medida por el respaldo social tan fuerte, también hay que tener en cuenta que han vivido y siguen atravesando momentos de mucha incertidumbre, dolor y angustia.
Hay quienes sostienen que las y los docentes de San José han sido exhibidos como cuasi delincuentes. ¿Es así?
En una lógica de persecución político sindical que se lleva adelante por distintos ámbitos del Estado, la Comisión investigadora que funciona en el ámbito de la Cámara de Diputados, es un ejemplo más. Hay que mirar la designación y denominación de la Comisión. La comisión en su denominación dice que es para “investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria”. Eso dice. Primer punto, no hay licencias, son tiempos remunerados para el ejercicio de la acción sindical de acuerdo a la norma de la propia OIT. Segundo, quien nos denuncia ya dictamina el caso, dice que son “irregulares”, por tanto no hay ninguna posibilidad de articular ningún tipo de defensa, ni se cumple con el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, el principio de inocencia aquí no rige. Y quién lo viola es el Parlamento Nacional, lo cual es gravísimo desde todo punto de vista. Tercero, no se investiga a los funcionarios como funcionarios, se los investiga como su condición de afiliados, por lo tanto, se está investigando al sindicato. Hoy dicen que no, claramente la iniciativa presentada ante la OIT los coloca en situación muy compleja, pero en realidad lo que están haciendo es investigar al sindicato. Un órgano como el Poder Legislativo que no tiene capacidad jurisdiccional, salvo en el juicio político al Presidente. Por lo tanto, el estado de derecho derrapó totalmente y el Parlamento está promoviendo su resquebrajamiento al asumir algo que no le compete, sino que está atribuida a otro organismo o poder del Estado, en caso que sea el Poder Judicial. Creemos que estamos ante un caso típico de lawfare, una guerra jurídica. Se trata de judicializar a los sindicatos. Se busca obtener un rédito político, al punto de que la investigación es sobre Fenapes -como lo dice la propia denominación de la comisión- pero a quien no se convoca es a Fenapes. El oficialismo desarticuló la convocatoria a Fenapes. Han montado un circo en torno a extender el plazo de funcionamiento de la comisión por seis meses más, convocando a más de 20 personas en forma individual y no dándole lugar a la organización sindical que está siendo investigada para que presente la documentación que se pidió por escrito. Y nosotros queremos ir como organización sindical a fundamentar políticamente y con documentación en mano, que estamos ante un atropello. Y lo tendremos que hacer en el Parlamento en el marco de la investigadora. Y así será.