Cabildo Abierto, formación política liderada por el ex comandante del Ejército Guido Manini Ríos, repartió entre los legisladores de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, una serie de artículos que pretende incluir en la nueva Ley de Medios.
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El borrador con los artículos, filtrado a la prensa, generó preocupación entre algunos periodistas, en especial los dedicados a la “imparcialidad y equilibrio en la comunicación política”.
Sobre estos artículos se cierne la sombra de la censura.
El proyecto
Los artículos que generan más preocupación tratan sobre la “imparcialidad y equilibrio en la comunicación política”, de acuerdo a lo informado por el semanario Búsqueda y los fragmentos del proyecto compartidos en redes por la periodista Patricia Madrid.
En el apartado dedicado a la definición de la “imparcialidad y equilibrio”, se establece que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”.
Posteriormente, se agrega que “los servicios de difusión regulados por la presente ley (de Medios) tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones” en sintonía con los principios mencionados anteriormente.
Para la consecución de tales fines, se establece que los mismos concedan “a los actores políticos un trato justo y equilibrado, en forma proporcional a su representación parlamentaria”.
Se aclara que “esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenido de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo y electoral”.
Junta de Garantías en la Comunicación Política
El punto que genera mayores dudas es la creación de la Junta de Garantías en la Comunicación Política. Sería un órgano desconcentrado bajo la órbita de la Corte Electoral, ente al que se le adjudica el contralor de “la imparcialidad y equilibrio de la información política”.
Según el proyecto, la junta estará integrada por “9 miembros que serán designados cada uno por cada ministro de la Corte Electoral”.
Se detalla que estos “percibirán cada uno el 95% de la retribución de los ministros de la Corte”. La Junta podrá disponer además de “hasta treinta pases en comisión”.
Este órgano, velará por los principios de “imparcialidad y equilibrio”, para lo cual realizará “la observación de los programas y espacios referidos (…), ya sea en forma directa o mediante la contratación de servicios profesionales especializados”.
Además, recibirá “denuncias de violación de los principios expuestos (..) y de la normativa que dicte la Corte Electoral”.
También podrá actuar de oficio, “a iniciativa de cualquiera de los ministros de la Corte Electoral o mediante denuncia realizada por las autoridades nacionales de los partidos o por cualquier senador, representante nacional o intendente municipal”.
Violaciones y sanciones
En el apartado dedicado a la violación de los principios de imparcialidad y equilibrio, se establece que “ante cualquier procedimiento o denuncia, la Junta deberá dar parte al servicio de difusión o a la persona o personas denunciadas”.
Se aclara la Junta se expedirá “en todos los casos por mayoría absoluta del total de (sus) componentes” y que sus decisiones serán “recurribles en apelación a la Corte Electoral”.
El órgano tendrá la potestad, “ante violaciones comprobadas”, de sancionar con “formulación de observaciones, amonestación pública o multa de un valor de 10.000 a 1.000.000 de unidades indexadas, según la entidad de la violación”. Se agrega además que “en caso de reincidencia se duplicarán los montos”.
También se dispone que “cuando la Corte Electoral considere que un servicio de difusión persiste en una conducta violatoria de la imparcialidad y el equilibrio político, podrá imponer multas mayores”.
“En Uruguay existe la libertad de prensa”
La puesta en conocimiento del proyecto no demoró en generar declaraciones sobre el peligro que supone su contenido.
Fabián Cardozo, presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), dijo en declaraciones a la diaria, que la creación de la Junta para observar el contenido de los medios le parece “bastante grave” y le genera “preocupación”.
“Estamos en un momento en que el trabajo de los periodistas está siendo bastante discutido y muchas veces criticado por personalidades públicas y políticas cercanas al poder”, agregó Cardozo.
En el mismo sentido se han pronunciado algunos socios políticos de Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno.
El diputado colorado Felipe Schipani, manifestó a la diaria que la propuesta no le parece adecuada. Opinó además que no cree que la imparcialidad y el equilibrio, «sea algo que haya que regular por ley”.
Schipani manifestó que “en Uruguay existe la libertad de prensa”. “Los medios la deben ejercitar como tal”, añadió.
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