El tema Cardama sigue dando que hablar y en las últimas horas se escribió un nuevo capítulo, luego de que el gobierno de Yamandú Orsi presentara este viernes la demanda contra el astillero español tras la rescisión del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV). La causa recaerá en el juez letrado en lo Civil de Noveno Turno, Alejandro Recarey.
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El gobierno presentó demanda contra Cardama.
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En la demanda de casi 200 páginas, el Poder Ejecutivo hace un pormenorizado relato de las irregularidades por parte de Cardama y enumera los rubros millonarios con los que busca resarcirse tras la frustrada entrega de los buques.
Según publica El Observador, el texto recuerda que, durante el proceso de construcción en el astillero de Vigo, el Estado abonó un total de € 28.794.500 en el marco del contrato. Según el Poder Ejecutivo, fueron pagos “realizados en la confianza de que las garantías contractualmente exigidas habían sido válidamente constituidas y resultarían efectivamente ejecutables en caso de incumplimiento”.
La constatación en primera instancia de que la garantía de fiel cumplimiento de € 4.113.500 era falsa fue lo que condujo al primer anuncio del gobierno el 22 de octubre del año pasado de que iniciarían acciones contra Cardama. Distintos informes terminaron verificando que la institución que había emitido el aval, EuroCommerce, era una empresa trucha, al tiempo que se había falsificado el acta notarial con la que se pretendía demostrar su veracidad.
También surgieron incongruencias con la garantía de reembolso por € 8.227.000, emitida por RedBridge y que también continúa sin cobrarse por parte del Estado.
El Poder Ejecutivo manifiesta al respecto que “la obligación de constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por el contrato recaía exclusivamente sobre Cardama”, por lo que “es flagrante el incumplimiento” haya estado o no "involucrada en las conductas ilícitas que derivaron en la falsedad de la garantía”.
“Fue la propia demandada (Cardama) quien seleccionó a las entidades intervinientes, gestionó directa o indirectamente la obtención de las garantías, presentó la documentación correspondiente ante el Estado uruguayo y procuró acreditar posteriormente su renovación”, establece la demanda. En ese sentido, “lo que pueda haber ocurrido en las relaciones internas” entre el astillero y las empresas intervinientes “no altera ni excluye la responsabilidad contractual”.
“Dolo” y reclamo
“Los incumplimientos de Cardama constituyen un patrón, una secuencia de conductas que, vista a la luz de todos los elementos probatorios, trasciende ampliamente la negligencia grave y presenta características propias del dolo”, asevera la demanda.
El texto hace también un extenso recorrido sobre cómo el astillero incumplía los plazos de construcción de las OPV y lo hubiera continuado haciendo si el contrato siguiera vigente.
El Poder Ejecutivo acusa a Cardama de haber actuado de “mala fe”.
La demanda enumera las razones del Poder Ejecutivo para sostener que el astillero incurrió en “incumplimiento contractual”, en “culpa”, en “daño” y en “nexo causal”. En base a distintos informes y citando el lapso de nueve meses en que Cardama invocó borradores de al menos nueve entidades distintas para que el Estado le aprobara su garantía, la demanda insiste en el “patrón” fraudulento de la empresa.
En este sentido, la demanda detalla distintos rubros millonarios con los que el Estado busca resarcirse.
En primer lugar, le reclama a Cardama la suma de € 28.794.500 con sus intereses a razón de un 6 % anual desde la fecha de cada pago hasta el efectivo reintegro, por el total de dinero abonado al astillero durante la construcción. El Poder Ejecutivo prevé descontar de ese monto lo que logre percibir por la ejecución de la garantía de reembolso de RedBridge.
En segundo lugar, la demanda sostiene que el incumplimiento de Cardama “impidió” el fortalecimiento de la vigilancia oceánica de la Armada, lo que supuso un “daño futuro” para el Estado.
“El período de privación previsto comenzará, por tanto, el 24 de agosto de 2026 para el caso del primer buque y el 24 de agosto de 2027 respecto del segundo buque, extendiéndose en ambos casos hacia el futuro, hasta el plazo razonable necesario para que puedan adquirirse” dos OPV con otros proveedores.
El gobierno estima para ello que en el “escenario más optimista” el “proceso completo de adquisición de buques de reemplazo demandará no menos de dos años desde su inicio, sin perjuicio de que su duración total podría ser considerablemente mayor en función de las vicisitudes propias del nuevo procedimiento de contratación”.
“Proyectando dicho valor sobre un período estimado de retraso de dos años (730 días) por unidad, el daño futuro por privación de uso de las dos OPV ascendería a la suma de € 18.099.400”, establece el Poder Ejecutivo sumando la depreciación y el costo financiero del capital inmovilizado.
La demanda establece que aún no puede cuantificarse porque la operación logística de retirarlo de Vigo aún no fue realizado. Por eso solicita que se difiera el monto en el correr de la causa según el valor de la chatarra recuperada y los costos operativos.
Un último rubro refiere al costo por honorarios y abogados para el Estado. La demanda estima un valor total de la causa de US$ 35 millones y detalla sumas de € 474.162, US$ 64.709 y $ 417.255 por la contratación de los estudios jurídicos que ya intervinieron en la causa.
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