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Argentina |

Justicia argentina pide informes a CARU por proyecto de planta de hidrógeno en Uruguay

El juzgado federal de Concepción del Uruguay requiere datos sobre el emprendimiento de HIF Global en Paysandú, en el marco de una demanda Argentina.

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La Justicia argentina solicitó informes a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre la planta de hidrógeno que la empresa multinacional HIF Global planea instalar en Uruguay, en el marco de una demanda presentada por legisladores entrerrianos que se tramita en tribunales argentinos.

Fuentes de los demandantes confirmaron el sábado a EFE que el pedido fue enviado por el juzgado federal de la ciudad de Concepción del Uruguay a la CARU, el organismo binacional integrado por Argentina y Uruguay encargado de la gestión del río Uruguay.

Plazo de diez días hábiles

En el requerimiento, la justicia solicita a la CARU que informe si ese organismo fue notificado del proyecto de HIF Global y si la empresa presentó ante la comisión un estudio de impacto ambiental transfronterizo. El pedido deberá ser respondido en un plazo de diez días hábiles.

Demanda de legisladores entrerrianos

La demanda que da origen a esta medida fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, todos pertenecientes al peronismo de la provincia de Entre Ríos.

Los parlamentarios presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y HIF Global por el proyecto para la instalación de una planta de combustible sintético (hidrógeno) en Paysandú, ubicada sobre el río Uruguay frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.

Argumentos de los demandantes

Según los demandantes, el Estatuto del Río Uruguay establece que se deben presentar ante la CARU estudios ambientales previos cuando un proyecto pretenda instalarse a la vera del río. Asimismo, afirman que Uruguay incumple con la jurisprudencia fijada en 2010 por la Corte Internacional de La Haya en la demanda que Argentina entabló contra Uruguay en 2006 por la instalación de la planta de Botnia (actualmente UPM) también a orillas del río Uruguay.

El requerimiento de informes a la CARU constituye un primer paso procesal en una causa que podría derivar en nuevas tensiones entre ambos países.

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