El Servicio Paz y Justicia (Serpaj), mediante un comunicado publicado este miércoles 13, solicitó información a personas que hayan estado en el Campeón del Siglo (CDS) el domingo 13 de mayo del 2023 (Peñarol vs Wanderers) en el momento que Juan Ignacio Suárez falleció luego de ser sometido en un violento procedimiento realizado por efectivos de la Guardia Republicana sobre el tejido perímetral del estadio de Peñarol.
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A pesar de las contundentes evidencias que ameritaban que la muerte de Nacho sea investigada por una Fiscalía de Homicidios, la causa quedó en manos del Fiscal de Flagrancia Leonardo Morales, que "investigó" el hecho como un accidente, tal como se lo presentó la Policía. Pero en el medio, quedó oculta evidencia audiovisual clave y testigos que nunca fueron convocados, que contradecían los informes policiales.
La violencia institucional detrás del caso de Nacho Suárez
La politóloga e integrante de Serpaj, Tamara Samudio, manifestó a Caras y Caretas que este “es un tema super complejo porque la violencia institucional y policial no se trabaja en nuestro país y no es reconocida por el Estado”. Además, indicó que “es muy difícil cuando queremos denunciar al propio Estado, y en particular cuando queremos denunciar que la policía ha cometido abusos”.
En esos casos “es difícil desarrollar este tipo de investigaciones, porque es la propia policía la que debe apoyar para conseguir pruebas y testimonios de la investigación fiscal”. Y es “en ese marco que vinimos detectando distintas dificultades e irregularidades en los procesos de investigación penal”, a lo que se suma a que “no existe una especialización ni ciertos criterios de cuidado sobre este tipo de investigaciones”.
Para la integrante de Serpaj se evidencia que “no hay un interés del propio Estado en querer dar una respuesta o por los menos problematizar la violencia institucional”, lamentó.
Instancia internacional
Samudio informó que fue presentada una carta al señor Morris Tidball-Binz, Relalor Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, organismo que “no solo revisa la situación de los estados en materia de DD.HH., sino que también reciben algunas denuncias sobre situaciones particulares para abordarlas y exigir algún tipo de respuesta o por lo menos expresar algún tipo de preocupación al Estado uruguayo desde el sistema internacional”, explicó, y añadió que se analiza “no solo en relación a los hechos sino sobre todo en relación a las garantías de los debidos procesos de acceso a la Justicia”, en este tipo de casos.
En ese sentido desde Serpaj expresaron que entendieron “indicado y necesario” poder llevar el caso de Nacho hacia ese tipo de relatoría “para poder advertir, en primer lugar, las distintas falencias que vinimos advirtiendo”, muchas de las cuales están explicitadas en la Petición Administrativa presentada en Fiscalía, de la cual se espera pronta respuesta.