Caso Nacho: señalan irregularidades en la investigación 

En la Cataldi, en la Ámsterdam, o en cualquier estadio que vaya la hinchada de Peñarol, en el centro de la tribuna se cuelga una bandera con la imagen de Nacho, y a su lado otra que dice: “Nacho no murió, lo mataron”; exigiendo justicia por lo que entienden fue un homicidio. Es que decenas de hinchas fueron testigos del brutal acontecimiento, pero hasta el día hoy esperan a ser citados a declarar por la Fiscalía de Flagrancia de 8º turno.

Encubrimiento corporativo

Desde un primer momento la policía instaló la versión que se trató de un episodio accidental, como consecuencia de la imprudencia del joven de querer trepar el portón; pero a medida que fueron pasando las horas y los días, muchas imágenes y testimonios daban cuenta del desproporcionado y salvaje procedimiento policial que terminó con la vida de Nacho en pocos minutos.

Un desenlace que, a la vista está, tuvo diferentes maneras y momentos para poder evitarse, pero no se evitó. Lo que deja en evidencia que el proceder de los policías fue el factor determinante en su fallecimiento, puesto que de haber actuado con cautela y haberlo dejado bajar hacía donde lo esperaban los guardias privados que trabajaban adentro de la tribuna, hoy Nacho estaría con vida.

Pero también (de ser cierto que Nacho ya estaba enganchado cuando ellos llegaron) si lo hubiesen auxiliado desde un primer momento, en vez de golpearlo y estrangularlo.

Como un elefante en una habitación, las causas de la muerte de Nacho, en plena entrada de la tribuna popular de Peñarol, son muy difíciles de esconder o ser refutadas. No obstante, raudamente se prejuzgó el hecho como un accidente por parte de los funcionarios policiales competentes en la investigación preliminar (como auxiliares de la Justicia), por lo que este caso, desde las primeras horas, fue tendenciosamente investigado en función de esa hipótesis inicial y fueron ocultados, o al menos, omitidos los videos clave que registraron toda la escena en primer plano.

Mientras que las pocas declaraciones recolectadas por los investigadores de la Zona Operacional III, fueron en un mismo sentido: omitir lo sustancial de los hechos y exculpar a los policías actuantes. No es casual que los cuatro testimonios sean de un policía involucrado, dos guardias de la seguridad privada y un hincha que solo vio la última parte, cuando lo bajan de la reja.

En cambio, los testigos directos que se han comunicado con la familia y el abogado coinciden en que la muerte de Nacho se pudo haber evitado, y que el accionar policial fue desproporcionadamente violento y determinante en el fatal final.

“Es claro que, de no intervenir la republicana, Nacho no hubiese muerto”, enfatizó el abogado de la madre de Nacho, Claudia Gularte, en una Petición Administrativa presentada días atrás ante el Fiscal de Corte Juan Gómez.

Piden que se investigue como homicidio

En diálogo con Caras y Caretas, el doctor Gastón Cambre explicó que “pidió a Fiscalía que se cumplan las resoluciones” de la propia institución que “reglamentan cuál es el criterio para que cada caso que llegue sea derivado a las fiscalías especializadas”. Cambre manifestó que “en este caso, nosotros entendimos que estaban dados todos los elementos para que pasara a la fiscalía de Homicidios, pero pasó a Flagrancia”.

“La fiscalía interviniente es la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno, a la que correspondía tomar el hecho y tomar medidas de urgencia por ser día inhábil, debiendo haber declinado competencia a la fiscalía de Homicidios el día lunes 15 de mayo a partir de la hora 10, como surge de la Resolución 850/2017”, aseveró el abogado en la petición.

Cambre aduce que en el numeral 2°, literal C de la citada resolución -sobre la Fiscalía Penal de Montevideo de Homicidios- indica que estas fiscalías son competentes en la “investigación y litigio de los delitos regulados en el Libro II, Título XII “De los delitos contra la personalidad física y moral del hombre”, Capítulo I, a título doloso, culposo o ultra intencional”.

En ese sentido, entiende que “de un rápido examen de los videos que fueron subidos a las redes sociales y adjuntados a la carpeta de investigación, surge sin hesitaciones que fue una muerte violenta y que eventualmente pueden corresponder responsabilidades por parte de las personas que intervinieron”.

Irregularidades y omisiones

Para el profesional el hecho “amerita una profunda investigación por parte de la Fiscalía”; y señala que Flagrancia de 8º Turno a cargo del fiscal Leonardo Morales “no investigó”. Cambre lamentó que desde el 13 de mayo hasta la fecha “no hubo acciones concretas para dilucidar los hechos acontecidos el día del homicidio de Nacho, por el contrario, las acciones han sido tendientes en el sentido contrario”, apuntó el abogado en la solicitud presentada para que se determine el cambio hacia una fiscalía de Homicidios.

Además, el abogado de la familia de Nacho apuntó que, en audiencia ante la jueza penal de 45° turno, las representantes de la fiscalía de Flagrancia de 8° turno “renunciaron categóricamente (por entender que no aportaba a la investigación), a evidencia que a juicio de esta defensa es muy importante, como las imágenes de las cámaras de reconocimiento facial en poder de DIVARU - Ministerio del Interior-”.

Cambre también apuntó el hecho de nunca haber podido tener acceso a las grabaciones de las cámaras corporales de la Guardia Republicana (que estaban como recibidas en la carpeta investigativa, pero al ingresar a esta, los archivos no estaban). Luego intentó agendar para acceder a dichos archivos con las imágenes, pero “al realizar dicha reserva en dos ocasiones fueron canceladas telefónicamente, negándole a los representantes de la víctima el acceso a la carpeta de investigación y consecuentemente a las imágenes de las cámaras corporales”, dijo Cambre y añadió que “otra prueba a la que no ha querido acceder la fiscalía de Flagrancia de 8º Turno son las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del estadio Campeón del Siglo en poder del Club Atlético Peñarol”.

El abogado apuntó a otras omisiones e irregularidades durante estos seis meses de la investigación en fiscalía de Flagrancia. “La negativa a reunirse con la madre de Nacho y sus representantes; la negativa a tomar declaraciones de los testigos presenciales, que brindan una versión diametralmente opuesta a la de los policías involucrados que fueron citados como testigos y no como indagados, la omisión de tomar declaración a los profesionales de la salud de la ambulancia donde trasladaron a Nacho -no se sabe si con vida o ya fallecido-; y la omisión de tomar declaración del médico de CAAMEPA quien firmó una boleta médica con el fallecimiento de Nacho”.

En diálogo con Caras y Caretas, la madre de Nacho dijo que “la actuación del fiscal Morales dejó mucho que desear ya que no hizo nada. Nunca tuvimos respuestas de él ni de nadie, incluso mintieron con respecto a que las cámaras que solicitó la jueza nunca las adjuntaron”, señaló Gularte, que expresa sentir “dolor y desesperación por no tener respuestas y que todos los involucrados estén aún libres”.

Reclamo internacional

En los últimos meses sumó su colaboración a la causa el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que desde 2020 tiene un espacio con profesionales de distintas áreas, para asesorar a las víctimas de violencia institucional y violencia policial en particular.

La politóloga e integrante de Serpaj, Tamara Samudio, manifestó a Caras y Caretas que este “es un tema super complejo porque la violencia institucional y policial no se trabaja en nuestro país y no es reconocida por el Estado”. Además, indicó que “es muy difícil cuando queremos denunciar al propio Estado, y en particular cuando queremos denunciar que la policía ha cometido abusos”. En esos casos “es difícil desarrollar este tipo de investigaciones, porque es la propia policía la que debe apoyar para conseguir pruebas y testimonios de la investigación fiscal”. Y es “en ese marco que vinimos detectando distintas dificultades e irregularidades en los procesos de investigación penal”, a lo que se suma a que “no existe una especialización ni ciertos criterios de cuidado sobre este tipo de investigaciones”. Aspectos que para la integrante de Serpaj evidencian que “no hay un interés del propio Estado en querer dar una respuesta o por los menos problematizar la violencia institucional”, lamentó.

Samudio informó que hace pocos días fue presentada una carta al señor .Morris Tidball-Binz, Relalor Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, organismo que “no solo revisa la situación de los estados en materia de DD.HH., sino que también reciben algunas denuncias sobre situaciones particulares para abordarlas y exigir algún tipo de respuesta o por lo menos expresar algún tipo de preocupación al Estado uruguayo desde el sistema internacional”, explicó, y añadió que se analiza “no solo en relación a los hechos sino sobre todo en relación a las garantías de los debidos procesos de acceso a la Justicia” en este tipo de casos.

En ese sentido desde Serpaj expresaron que entendieron “indicado y necesario” poder llevar el caso de Nacho hacia ese tipo de relatoría “para poder advertir, en primer lugar, las distintas falencias que vinimos advirtiendo”, muchas de las cuales están explicitadas en la Petición Administrativa presentada en Fiscalía, de la cual se espera pronta respuesta.

Por Simón López Ortega