La caja de pandora

Si a Alfie ARCE le ha causado más problemas de salud que el coronavirus, Bustillo no lo ha llevado mejor.

No había terminado de resolver el asunto del gasto de un almuerzo con su equipo de trabajo y el de la ministra de Economía, la mismísima Azucena Arbeleche, por unas milanesas con puré, mantelería y arreglo floral que en su conjunto sumaban cerca de 38.000 pesos, cuando se descubre la compra de diez engrampadoras por cuatro mil dólares.

Inmediatamente Bustillo definió disponer la instrucción “a efectos de esclarecer lo ocurrido, determinar o descartar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aun siendo extraños a él y a individualizar a los eventuales responsables”.

Cuando esos “fuegos” se intentan apagar, otros focos ígneos se encienden.

El cobro de 10.000 pesos por un servicio de gomería a una unidad de la Jefatura de Policía de Lavalleja es una nueva perla de este collar que es el exponente más claro de actitudes que van desde la desidia, la pérdida de autoridad de algunos jerarcas, o el aprovechamiento.

Lo de la pinchadura, aunque parezca menor, hizo recordar a mucha gente los turbios manejos entre algunos talleres mecánicos encargados del mantenimiento de las flotas policiales y los ordenadores de gasto de las distintas unidades del Ministerio.

En una investigación realizada durante el año 2011 bajo la administración Bonomi de la cartera del Interior, el exministro informó: “Cuando cerramos el Cuerpo de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma), habíamos constatado demasiadas irregularidades como para dejarlo abierto”.

Bonomi afirmó que las investigaciones encontraron patrulleros que gastaban US$ 4.000 mensuales en reparaciones que se debían repetir al otro mes, vehículos particulares cuya chapa se cambiaba por la de un móvil policial para que el arreglo corriera por cuenta del Ministerio, y que el sistema de vales de combustible funcionaba como moneda de cambio, pero no para abastecer de nafta a los patrulleros.

Tanto es así que un patrullero llegó a cargar 200 litros de nafta en un día, otro utilizó 50 vales para cargar nafta en un mes. Bonomi dijo que era “llamativo” el alto consumo de combustible. “Al 23 de abril se consumieron 103.000 litros de combustible y lo mismo ocurre con el gasoil común y el especial”, apuntó.

Con el antiguo sistema, la flota policial llegó a tener un 40% de patrulleros rotos y ante esa situación el Ministerio desarrolló un sistema de trazabilidad de todos los arreglos vehiculares, que controla el tiempo de reparación en el taller (denominado “baremo”), las facturas de los repuestos y el modo de pago.

Un tiro en el pie

La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) es un órgano desconcentrado de Presidencia de la República, con autonomía técnica.

Fue creada por la Ley N° 18.362 de octubre de 2008 bajo la denominación Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE), con el objetivo de contribuir con la mejora del Sistema de Contratación Pública: tanto a nivel tecnológico, normativo, como de instrumentos. En diciembre del año 2011, la Ley N° 18.834 introdujo modificaciones a la normativa de compras estatales y se ampliaron sus competencias. En 2012 inició sus actividades y se designaron miembros del Consejo Directivo Honorario.

Desde entonces, diversas normativas legislativas han ampliado el ámbito de su competencia.

Durante 2020, y con la entrada en vigencia de la Ley 19.889 de Urgente Consideración, la Agencia se transforma en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) según lo dispuesto en el Art. 329.

Sus principales competencias son:

* Rectoría y asesoramiento.

* El desarrollo y administración de plataformas transaccionales.

* Difusión y capacitación de los instrumentos y herramientas que hacen a la gestión de las compras.

* Transparencia y monitoreo.

El Consejo Ejecutivo de ARCE lo preside el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, y lo integran el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el director de la Agesic Heber Paguas, en tanto su directora es Carina Pizzinat.

Es bastante llamativo que en el Consejo Ejecutivo de la ARCE, aparezcan dos personas involucradas (Alfie, Arbeleche) en una situación que ameritó la intervención del presidente de la República, Luis Lacalle Pou; es como si se hubieran dado un tiro en el pie.

Lupa en mano

La página de la ARCE no es la única que puede deparar sorpresas, a poco se tome el trabajo de leer la de otros organismos.

Las intendencias -por ejemplo- son una cantera inagotable de necesidad de consultas en función de comprender algunos gastos, o los vínculos relacionados a esos gastos en los que figuran jerarcas que parecen estar de los dos lados del mostrador.

Uno quisiera no llevarse más sorpresas, al tiempo que agradece que exista al menos este mecanismo de información.

Si bien cada organismo tiene su cadena de mando con responsabilidades bien definidas, es una interrogante no menor el camino recorrido desde que se aprueba el gasto o los otorgamientos, hasta que se ejecuta y luego se manda a ARCE para su publicación.

¿A nadie llamaron la atención montos que parecen excesivos por un lado, o que riñen con la más elemental conducta ética?

Como el camino de preguntarlo organismo a organismo parece muy largo y sinuoso, decidimos tomar un atajo consultando a la directora de la ARCE, Carina Pizzinat.

Amablemente nos explicó que debía solicitar la información o esperar que se  le permitiera a ella responder a la prensa, a comunicaciones de Presidencia.

Hasta el momento del cierre de esta nota la respuesta no ha llegado y he perdido las esperanzas de que llegue.

Habrá que seguir lupa en mano.