El astillero español Cardama Shipyard respondió formalmente al gobierno uruguayo tras la rescisión del contrato para construir dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional, acuerdo firmado por la administración anterior por 82 millones de euros. El actual gobierno, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, había confirmado la cancelación el 13 de febrero.
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En su carta, la empresa calificó la decisión como "ilegítima" y acusó al Estado uruguayo de actuar de forma "abusiva y malintencionada". Además, sostuvo que fue «víctima» del episodio vinculado a la garantía de fiel cumplimiento emitida por EuroCommerce, una firma que el actual gobierno considera inexistente y que fue disuelta poco después de que estallara la polémica.
Rescisión
Cardama recordó que, según lo pactado, todo lo construido hasta el momento pasa a ser propiedad del Estado uruguayo en caso de rescisión anticipada. La empresa estima ese material en unos 28 millones de euros y exhortó a las autoridades a retirarlo "lo antes posible", advirtiendo que su permanencia en las instalaciones genera costos adicionales que podrían derivar en nuevas indemnizaciones.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó el reclamo y reconoció que "es lo que corresponde", aunque aclaró que el gobierno evaluará si la inversión realizada se corresponde con el valor del material existente. También admitió que la logística de traslado presenta dificultades y que se analizan alternativas, incluso dentro del territorio español.
"No es algo que podamos traer al hombro", señaló Lazo, quien indicó que aún no hay una definición sobre el procedimiento ni los plazos para la eventual repatriación.
En paralelo, la ministra afirmó que el gobierno continúa trabajando en la adquisición de nuevas patrullas oceánicas, aunque bajo un esquema distinto, negociaciones de “Estado a Estado”, sin intermediarios privados y con asesoramiento técnico de la Armada Nacional. No se detallaron posibles países ni montos.
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