La educación como negocio

En el texto del proyecto se define instituciones extranjeras como “aquellas que fueron constituidas de acuerdo al derecho extranjero y que desarrollan actividades universitarias en el exterior del país”. La norma establece que luego de adquirir la autorización, la institución extranjera contará con un plazo de noventa días para ponerse en funcionamiento.

El artículo 2 aclara que no es preceptivo que las instituciones extranjeras que se instalen en Uruguay actúen como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, ni tampoco que ajusten sus estatutos a las exigencias de derecho interno, si no vulnera el orden público internacional.

Otro de los apartados explica que la institución extranjera reconocerá las asignaturas aprobadas por sus alumnos en la misma institución en el exterior, que no podrán exceder el 25 por ciento del total de los créditos o asignaturas de la carrera.

Sobre el personal docente, la norma plantea como requisito que durante los primeros cinco primeros años de funcionamiento, “al menos el 50 por ciento del personal académico deberá estar integrado por ciudadanos naturales o legales, o residentes en el país por un lapso no inferior a tres años, y en el caso de postgrados, veinte por ciento en áreas de escasa existencia de expertos a nivel local”.

En la exposición de motivos del proyecto del ley, explica que apunta al “fortalecimiento de la educación superior en el país y para ello aportar un marco normativo para el desarrollo de la enseñanza universitaria en la República de instituciones extranjeras que cumplan con un estándar de calidad que redunde en el conocimiento y formación de las personas, en beneficio del país”.

Por otro lado, hace referencia a la “libertad de enseñanza” como un “derecho inherente a la personalidad humana”. Para argumentar dicha afirmación, cita al autor Augusto Durán Martínez, quien “considera que el artículo 29 de la Constitución, si bien refiere a la libertad de expresión -proviene de la Constitución de 1830-, comprende a la libertad de enseñanza y de educación”. En tal sentido, afirman que el proyecto de ley Instituciones de Enseñanza Terciarias Extranjeras “se dirige a dar seguridad jurídica tanto para las instituciones extranjeras como a los alumnos en el reconocimiento de la formación universitaria”.

Para finalizar, el documento concluye que “la promoción de la instalación de instituciones de enseñanza de nivel terciario en el país, con el control de los estándares de calidad, contribuirá a proyectar los derechos sociales, económicos y culturales del país, sin subrogar o desplazar a las instituciones públicas ni privadas ya existentes, sino a coexistir, en beneficio del interés general y la persona humana”.

Fines de lucro

En diálogo con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, este aclaró que hasta el momento no se les remitió el proyecto desde el Parlamento ni por parte de su autor, y que aún no fueron citados a comisión para tratar la temática. “Ambas cosas corresponden, el proyecto tiene que ver con la Universidad de la República y, legalmente, la institución debe ser consultada para opinar al respecto”.

Con respecto al proyecto, manifestó su preocupación “por el tono y la modalidad”. “El problema no es que se instalen instituciones universitarias o de investigación que tengan raíces en el extranjero porque, en la medida que construyan capacidades a escala local y que desarrollen actividades de formación investigación con base en criterios de calidad adecuados, intensificarían el conjunto de estructura y formación que tiene el país. La preocupación tiene que ver con la modalidad de instalación prevista. En primer lugar, no es claro que no se excluya la posibilidad de que se instalen con fines de lucro, ya que no se les exige que generen una fundación sin fines de lucro específica para sostener las actividades”. Otro aspecto que preocupa al rector es que el proyecto en cuestión presupone cierto renunciamiento al análisis de calidad de las ofertas que vendrían por parte de las autoridades de instituciones nacionales. “Basta el reconocimiento por parte del algún instituto de que es una institución de corte universitario o académica para que, casi de forma automática y con pocos requisitos, se instale en Uruguay”.

En una primera aproximación al tema, estos dos aspectos son los que encendieron la señal de alerta: el posible lucro y la pérdida de calidad de la educación. “Es un escenario preocupante porque le abre las puertas a problemas de mercantilización de las ofertas educativas a escala planetaria. Además, en lugar de apostar a la integración global en redes de calidad del Uruguay, cosa que compartimos e impulsamos, puede provocar una lógica de desarrollo de algunas entidades puntuales con estándares de calidad muy difusos, que no están analizados con los patrones nuestros y que, además, en muchos casos, la posibilidad de que ofrezcan formaciones -como ya sucede en el mundo-, que no son reconocidas en el país de origen de la institución. Están diseñadas casi que exclusivamente para su inserción en un mundo global con fines de generar ingresos. Este proyecto tiene mucho de fast track en la instalación de instituciones educativas, lo que puede generar un problema serio de calidad, dispersión y fragmentación del sistema. Es una práctica conocida en universidades muy prestigiosas que ofrecen, tipo política chárter, en países subdesarrollados, titulaciones que ellos mismos no reconocen en sus países de origen. Esas son las circunstancias en las que hay que ser muy claros porque no son aceptables para Uruguay”.

Consultado sobre cómo podría impactar la aprobación de este proyecto en la Udelar, Arim descartó que la competencia sea un problema porque en nuestro país ya existen instituciones públicas y privadas que operan en la educación superior. “No estamos visualizando un escenario donde cambie drásticamente la configuración del sistema actual en términos de tamaño y de presencia por área de conocimiento. Lo que más preocupa es que el desarrollo de ofertas educativas en Uruguay, tanto públicas como privadas, tienen ciertos mecanismos que aseguran estándares de calidad. La preocupación viene por ahí más que por la competencia en sí misma porque el objetivo de la Udelar no es competir, sino ofrecer formaciones de calidad en todas las áreas de la cultura y de las ciencias y simultáneamente generar investigación que aporte al país capacidades imprescindibles para su desarrollo”.

“Universidad aquí”

En la misma línea, el diputado frenteamplista del Movimiento de participación Popular (MPP) Sebastián Sabini, quien integra la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, explicó a Caras y Caretas que el proyecto recién ingresó a comisión y que aún no tuvieron ninguna instancia de intercambio con el autor, ni un pronunciamiento oficial por parte de la bancada. No obstante, manifestó que el tema ya se está analizando y brindó algunas consideraciones personales al respecto. En primer lugar, manifestó que se trata de un proyecto “innecesario”, ya que la posibilidad de que se instalen universidades privadas, que provengan del exterior, ya está prevista en la normativa vigente.

Para Sabini, la preocupación principal está en el fundamento de la iniciativa que evidencia una “mirada mercantilizadora” sobre la educación que, a su entender, “es vista como una oportunidad de negocio y no como un derecho”. “Lo que pretende el proyecto es flexibilizar el ingreso de facultades con capitales que tengan ese objetivo, situación pone en riesgo la calidad educativa de esos proyectos”. Y agregó: “Esa desregulación que se propone no es positiva y pone en juego uno de los aspectos que han distinguido a Uruguay en América Latina debido a los requerimientos que tienen las universidades privadas para instalarse. Esto, a su vez, les da enormes garantías a los y las estudiantes de que la educación que están recibiendo es de calidad”.

Otro cuestionamiento sobre el proyecto que señaló el legislador del MPP es que es que reduce lo universitario a lo educativo. “Lo universitario también implica investigación y extensión y aquí, en definitiva, se pretende mercantilizar un servicio educativo”.

El diputado hizo referencia a que el texto del proyecto cuestiona que los plazos actuales de aprobación para el funcionamiento de las universidades son muy extensos por los requerimientos académicos, y opinó que acortarlos no sería conveniente. “Sería una muy mala señal porque, en definitiva, lo que estamos diciendo es ̀‘vengan a Uruguay, pongan un cartel de universidad y empiecen a trabajar’”.

“Conocemos este tipo de desregulaciones en países como Chile, donde se han sucedido muchos inconvenientes con instituciones que decían impartir educación universitaria y al final se dieron problemas con la educación de los estudiantes, ha pasado algo parecido en Estados Unidos. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de cambiar la legislación y facilitar el ingreso de capitales que buscan una ganancia. Si bien es algo natural dentro del sistema capitalista, hacerlo a expensas de la educación de los estudiantes es muy grave y en un mediano plazo puede ser nocivo para nuestro país”.