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Política

Evalúan modificaciones en la ley 18.446

Faroppa: «Si la Inddhh deja de señalar circunstancias en que el Estado no cumple, pierde su esencia”

Caras y Caretas dialogó con el presidente del organismo, Juan Faroppa, quien compartió su visión sobre las intenciones del Poder Legislativo de modificar la ley que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos.

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Caras y Caretas dialogó con el presidente del organismo, Juan Faroppa, quien compartió su visión sobre las intenciones del Poder Legislativo, así como de los aspectos que se podrían mejorar y aquellos que son “irrenunciables”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), creada en diciembre de 2008 por la Ley 18.446, recibió esta semana cuestionamientos por parte de diferentes integrantes de la coalición de gobierno. Esta situación se generó días después de la publicación de un informe que realizó el organismo para solicitar una “urgente investigación” sobre los casos de abuso policial que denunció la Asociación de Defensores Públicos en el 2021.

Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien declaró en conferencia de prensa que, con este informe, la Inddhh “intervino” en la campaña del referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se disputó del 27 de marzo. Además, manifestó la intención del Poder Ejecutivo de “replantear muchos aspectos” del funcionamiento de la entidad basándose en que se encuentra próxima a cumplir diez años de existencia, planteó que, posteriormente le trasladó al presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, durante una reunión que mantuvieron el 4 de abril.

Otros de los representantes del gobierno que se pronunciaron al respecto fueron el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien citó las palabras de Jorge Larrañaga afirmando que la Inddhh “es un club político”, y el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, quien tiempo atrás opinó que el organismo “no debería existir”, a la vez que sugirió derogar la ley que lo creó.

 

Irrenunciable: autonomía e independencia

En este escenario Caras y Caretas dialogó con el presidente de la Inddhh, Juan Faroppa, quien aseguró que los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones de derechos humanos existieron siempre en todo el mundo y que Uruguay no está exento. “En nuestro país, se recibieron críticas por parte de autoridades de las tres administraciones que pasaron desde que se creó el Consejo Directivo de la institución, en 2012. Los gobernantes critican a las defensorías del pueblo cuando estas dicen algo que no les gusta, y está dentro de una lógica de relacionamiento político institucional porque somos una institución de control del Estado”. Si bien no se mostró sorprendido por los ataques, reconoció que desde 2020 “las críticas son más virulentas y públicas, a través de los medios de comunicación”, situación por la cual el organismo elevó un informe a la alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este aumento de la violencia, según el entrevistado, tiene que ver con el “ánimo” que generó la campaña de referéndum por la LUC donde se dijeron “cosas muy fuertes”. Asimismo, opinó que, si bien no son críticas inesperadas, “debería generar preocupación a nivel de la institucionalidad política y de la sociedad civil, ya que se trata de un discurso que desgasta el sistema democrático y el Estado de derecho”.

Para Faroppa en las críticas hacia este tipo de instituciones de derechos humanos [de control] incide el desconocimiento sobre su naturaleza y funcionamiento por parte del sistema político, de todos los sectores, así como de formadores de opinión. Aseguró que en algunos sectores del sistema político se vincula a la Inddhh exclusivamente a los derechos humanos en el pasado reciente, cuando se trata de un tema muy importante en la agenda, pero no el único. “El 90% del trabajo se relaciona con la no vulneración a otros derechos, la no discriminación, el derecho a la educación de niñas y niños en situación de discapacidad, la violencia de género, intervenciones policiales que no siguen procedimientos regulares, medioambiente, vivienda, entre otras cosas”, explicó.

Con respecto a los cuestionamientos hacia algunas de las advertencias del organismo, recordó que la Inddhh es una institución del Estado, autónoma e independiente “porque así la creó el Parlamento”, por lo cual no depende de ninguna jerarquía. “Solamente estamos vinculados al Poder Legislativo en la parte administrativa -en lo que refiere a gastos, aprobación presupuestos, etc.-, pero en cuanto a lo que la institución hace, dice, cómo lo dice y qué temas aborda, no está sometida a ningún tipo de jerarquía. La presidencia de la Asamblea General no es jerarca de la institución ni da instrucciones sobre cómo debe actuar, el órgano de conducción es el Consejo Directivo colegiado”.

Lo que sí existe, remarcó, es un artículo que establece que cuando alguno de los cinco integrantes del Consejo Directivo vulnera la independencia, recibe órdenes o actúa al servicio de algún partido político, organización gremial o con cualquier otro tipo de interés, la Asamblea General puede votar su destitución.

Consultado sobre qué tipo de modificaciones son las que le planteó realizar la vicepresidenta durante el intercambio, aseguró que “no se habló de nada específico”, sino más bien de “evaluar” el funcionamiento. “Fue un diálogo con mucho respecto y amabilidad; más allá de determinadas diferencias, tenemos una relación de mucho respeto y una larga vinculación por distintos temas vinculados a los derechos humanos. Quedamos en tener otra reunión con todo el Consejo Directivo para resolver cómo avanzar sobre la propuesta de cambios a realizar. La gestión de este Consejo finaliza el 31 de agosto, habrá que ver si los tiempos parlamentarios dan para hacer ajustes ahora o se tendrán que ver después”.

En relación con los aspectos de la institución que se podrían mejorar, el presidente se manifestó dispuesto a dialogar, ya que, según dijo, “una ley es una obra humana y, como tal, es perfectible, siempre se puede mejorar”. Y añadió: “Desde que se aprobó la ley hasta ahora han surgido modificaciones, como por ejemplo con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos dio competencia para la defensoría de la audiencia, la Ley de Salud Mental, que nos otorgó la función de contralor de determinadas situaciones como internaciones compulsivas o cuando se nos transfirió la responsabilidad en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en Uruguay, que antes dependía de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Siempre podemos sentarnos a conversar para ver qué se puede modificar y qué no”.

Entre las posibles mejoras que podrían realizarse, expresó que en los últimos diez años el sistema político en el Parlamento no consultó a la Inddhh la cantidad de veces que sería oportuno y que se aprobaron muchas leyes que tienen que ver con derechos humanos sin su opinión. “Hay muchos asuntos que, en lo personal, estoy dispuesto a debatir y modificar, siempre que genere un consenso político importante porque, de lo contrario, la defensoría del pueblo se va a convertir en una especie de frontón donde la pelota va y viene cada vez que cambia un gobierno lo que no le hace bien a la institucionalidad pública”.

Hay aspectos que se podrían modificar para mejorar y otros que no porque son, en palabras del presidente, “irrenunciables”. “El Consejo Directivo está a disposición, y tiene la obligación de estarlo, para asesorar sobre cualquier modificación de la ley de creación de la institución, pero con la condición de que deben mantenerse los llamados Principios de París de Naciones Unidas, que orientan el funcionamiento de las instituciones de derechos humanos en todo el mundo: autonomía, independencia y no recibir órdenes de jerarcas del Estado”. “Lo que no puede cambiar es que la Inddhh deje de cumplir en forma estricta con sus cometidos o que se le quiten facultades. Hay que recordar que la aprobación de la ley que la creó contó con un enorme consenso político -y reconozco especialmente el papel de la escribana Argimón en ese momento- no es una ley que crearon administraciones anteriores de un partido especifico, la aprobó el Parlamento; para nombrar al Consejo Directivo se requieren mayorías especiales. La ley buscó que ningún partido que tuviera mayoría pudiera decretar los integrantes del Consejo fomentando la necesaria negociación y búsqueda de acuerdo”. En tal sentido, Faroppa aseguró que mientras se mantengan esos aspectos “no van a existir inconvenientes”, pero el organismo no puede “perder el alma”. “Si lo que se pretende es tener una institución de derechos humanos que no intervenga, que no diga lo que debe decir a partir de las investigaciones que hace, o que no advierta sobre temas fundamentales en el país donde hay responsabilidades del Estado, no será posible. Si la Inddhh deja de señalar, con objetividad, autonomía e independencia aquellas circunstancias en que el Estado no cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, pierde su esencia”.

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