La LUC y el detrimento de la educación pública uruguaya

La primera mirada sobre el asunto va dirigida a la modificación de diversos aspectos de la Ley 18.437 (Ley General de Educación) en la que se sustituyeron más de 60 artículos. Por ejemplo, se suprimió la determinación de las obligaciones familiares y dejó en la indeterminación cuál sería el comportamiento consistente en relación con el aspecto obligatorio. La falta de inscripción y la falta de asistencia -pilares del paradigma vareliano- han sido retirados del texto legal, desarmando uno de los principales andamiajes fiscalizadores que tuvieron el Estado y el magisterio para hacer cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza.

En este sentido, consultado por Caras y Caretas, Pablo Caggiani, integrante de la comisión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y exconsejero de Primaria, considera que “la LUC cambió cosas que no tienen que ver con cómo las uruguayas y los uruguayos conciben la educación pública”.

Haciendo un recuento de las principales instancias de transformaciones en materia educativa, rememora que “Uruguay tuvo en las últimas décadas una ley antes de la dictadura -que es la ley Sanguinetti-, después una ley que fue conversada en el marco de los acuerdos de salida de la dictadura (Conapro) y más reciente en el tiempo la ley de 2008 que fue precedida por un debate educativo en el año 2006 donde participaron cerca de 20.000 personas en asambleas territoriales. Participaron los actores de la educación, estudiantes, vecinos, organizaciones sociales, la intendencia, entre otros. En el caso de la LUC lo que hay es un texto que aparece después de las elecciones y que modifica muchas cosas que a Uruguay le llevó décadas construir”.

Con la aplicación del articulado de la LUC referente a la educación se debilita el componente obligatorio. ¿Cómo valora este cambio?

Cuando nos metemos en los artículos más específicos, la LUC cambió eso que en Uruguay es muy importante. “La escuela pública es laica, gratuita y obligatoria” desde Varela para acá. Y obligatorio en Uruguay siempre significó inscribirse en un centro educativo y asistir. De hecho tenemos instrumentos como las asignaciones familiares que son de la década del 40, de los Consejos de Salarios, donde las cobraban aquellos niños y niñas, hijos de trabajadores que iban a la escuela y llevaban un taloncito para que la directora firmara y poder cobrar la asignación. Es decir, que es una construcción muy importante esto de que lo obligatorio es inscribirse. Con la LUC deja de ser obligatorio inscribirse y asistir, ahí está el artículo 127 (elimina la obligatoriedad de los referentes familiares de inscribir a niños y niñas en un centro educativo, abriendo la posibilidad de otros centros de educación) y eso pasó en la vorágine del proceso de la urgente consideración sin mucha fundamentación. Cuando uno va a ver por qué es que se produce este cambio, en realidad lo que habilita es el Home School (escuela en casa) o institutriz en casa que es un sistema prevaleriano en Uruguay y que en el mundo tiene que ver con la aristocracia europea o con los ultrarricos en EEUU.

Esto claramente debilita instrumentos para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes cuando no asistan a la escuela, porque traslada el tema a la preocupación de los adultos para que se eduquen y todos sabemos que quienes no asisten a la escuela en realidad no solo están viendo vulnerados sus derechos a la educación sino que en general hay una situación de vulnerabilidad extra. Entonces esas cuestiones efectivamente van contra cómo los uruguayos conciben la educación pública.

Podemos decir entonces que se le viene dando un mayor protagonismo a lo privado. ¿Con qué fin?

En ese sentido, lo que parece central son las modificaciones que alteran la estructura del sistema y la gobernanza. Ya hay informes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que dan cuenta de que efectivamente hay un debilitamiento de la coordinación de lo público-estatal. Ese debilitamiento se da fortaleciendo la participación de la educación privada.

Uruguay es un país donde las matrículas tienen una distribución de 80-20, 85-15 entre pública-estatal y privada, pero además tiene una distribución territorial que es bien diferente. Cuando uno mira el interior del país se da cuenta de que las razones para darle mayor protagonismo a lo privado son claramente ideológicas y no tienen que ver con una visión de gobernanza que se ajuste a la realidad.

Hay ejemplos que son muy claros, se dispone que en las Comisiones Departamentales de la Educación tiene que haber representantes de los colegios de primaria privados y de los colegios de secundaria privados. Eso visto desde Montevideo puede parecer razonable, pero cuando uno mira esto desde un departamento del interior es muy diferente. En Cerro Largo por ejemplo, hay dos colegios de 90 niños cada uno, por lo tanto no tiene ninguna relación con la realidad que esa directora se siente a coordinar con la UTEC, porque para coordinar tiene que haber cuestiones en común, tamaños en común, tiene que ser posible una conversación, ahí no hay muchas posibilidades de conversación o incidencia en la política educativa en lo departamental.

La LUC eliminó los Consejos de Inicial y Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional y los sustituyó por Direcciones Generales de carácter unipersonal (art. 148). ¿Qué implicó esta transformación?

La educación en Uruguay se organiza a través de entes autónomos, lo establece la Constitución de la República y así tenés la Universidad de la República, la UTEC y la ANEP. Qué es lo que sucede, eso da una resolución de cuestiones demasiado centralizadas en Montevideo y la gestión de lo educativo en general está mucho más asociada a niveles subnacionales de gobierno.

Cómo había resuelto esto Uruguay, había colocado colegiados en la educación, esto implica más cantidad de miradas para abordar los problemas, para definir y ejecutar la política educativa. Pero no solo más cantidad de miradas, también más cantidad de piernas para caminar el país, más brazos para trabajar, más cantidad de orejas para escuchar lo que tienen para decir cada uno de los territorios sobre las visiones con respecto a la educación.

Esto queda ahora en una gerencia general  y efectivamente en organismos que están tan centralizados que no suponen mejoras en la gestión -como acusó el gobierno que se iba a producir- sino que se complica más la gestión. De hecho lo sucedido con comedores escolares y los atrasos en las partidas es algo que todos los proveedores del interior vieron desde que el consejo dejó de ser consejo y pasó a ser una dirección general. El problema tiene que ver con la cantidad de trabajo que implica la administración de lo educativo con esta centralización que queda pautada a partir de la definición de la Constitución. No solo es que quitan a los docentes, sino que además quitan los mecanismos que permitían que la gestión de lo educativo estuviera más cerca de lo que es importante y lo más importante es lo que le pasa al niño o a la niña.

¿Qué se pierde con la anulación participativa de docentes y estudiantes?

Con la LUC queda muy claro en varios artículos que el herrerismo tiene problemas con la participación no solo de los docentes que los quita de los consejos desconcentrados sino también de los estudiantes que los quita de los consejos de participación en los centros educativos.

Hay una perspectiva de que la participación es un problema, cosa que es rara y que está más asociada a una construcción ideológica de que los “docentes organizados son un problema”. En Uruguay hay una tradición de docentes organizados que es muy constructora de escuela pública. Es más, de educación pública en general porque cuando uno mira para atrás, tuvimos liceos populares, misiones sociopedagógicas, un montón de cosas que nacen de las buenas prácticas de los docentes, las maestras, los maestros, los profesores y que luego se hicieron líneas de política educativa.

Pero para este gobierno el problema no es solo la participación docente, también lo es la participación de los estudiantes. Y uno se pregunta: ¿quién puede opinar sobre educación, porque no son los docentes, no son los estudiantes? Debería ser la sociedad. Bueno, cuando vas a mirar los espacios que tiene la sociedad para participar, que sería el Congreso Nacional de Educación, lo que hacen es prácticamente eliminar su convocatoria. Entonces no pueden opinar los docentes, no pueden opinar los estudiantes pero tampoco puede opinar la sociedad, o sea, parece que solo pudiera opinar el gobierno y esto es muy raro o por lo menos es muy raro en los estudios sobre el tema, porque se sabe que la educación es una política pública que se construye justamente con mucho diálogo, con mucha construcción de acuerdos, y es además lo que permite que los cambios sean sustentables en el tiempo y no que cambien en el primer viraje de correlación de fuerzas a nivel electoral.

En en el artículo 193 se otorgan competencias gerenciales a los directores de los centros educativos. ¿Cómo se ha venido desarrollando esta habilitación?

Esta es una cuestión que es muy delicada y que tiene que ver con carrera docente, que es un cambio que entró en la LUC y que permite que eventualmente los directores de los centros lleguen a elegir o a despedir a sus docentes y esto es traer la lógica de una gestión propia de ámbitos privados, de un kiosco o de cualquier emprendimiento a un sistema que regula la profesión docente y que en Uruguay se ordena por concurso, es decir, por pruebas para acceder a los cargos, pero además por pruebas para ascender de cargos.

Por suerte hasta el momento no hay ningún acto administrativo que haya puesto esto en funcionamiento. Porque afecta claramente la tradición que tiene Uruguay respecto a que los cargos docentes se ordenan por un concurso público de oposición y méritos y no por ser amigo o que el director defina si el docente se contrata o no y esto no es menor.