“La reforma de la seguridad social es la madre de todas las batallas”

El director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a Caras y Caretas que la “reforma de la seguridad social es la madre de todas las batallas”, ya que será el “reajuste estructural” “más importante” de este gobierno. Sin embargo, afirmó que aún no se puede adelantar a definir cuál será la “medida de lucha”, ya que aún toca algunas instancias de discusión.

“Tenemos que dar la batalla, porque esta va a ser la madre de todas las batallas, esta va a ser la reforma estructural más importante de este gobierno. Los trabajadores tenemos que lograr que se genere conciencia sobre la importancia que tiene la seguridad social para el conjunto de la población”, afirmó a esta revista.

Dijo que no quiere adelantar cuál va a ser la “herramienta de lucha” que van a utilizar, porque primero es necesario dar la discusión “para frenar esta reforma de recorte y de retroceso”.

“Si el gobierno, a pesar de todo, elije el camino de aprobar la reforma de ajuste, las organizaciones sociales y políticas que no estén de acuerdo van a tener que buscar el camino para poder enfrentarla”, agregó.

Asimismo, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou debería aclarar si va a cumplir con su promesa electoral de no aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años.

“Creemos que el presidente de la República debería aclarar si va a cumplir con su palabra o no va a cumplir con su compromiso y va a sumarse y apoyar a la comisión de expertos, porque estas recomendaciones se votaron por los representantes de los que hoy gobiernan y del sector empresarial. Votaron en contra el Frente Amplio, el Pit-cnt y la Onjapu. La votación fue 10 a favor de las recomendaciones y 5 votos en contra”, señaló.

Durante la campaña de 2019, el presidente se comprometió a no aumentar la edad de retiro.

“Para que este sistema dure, hay que adecuarse a las realidades humanas. (…) no alterarle la edad jubilatoria a los que están trabajando, sí darle un estímulo de que se jubilen más tarde. La edad promedio de jubilación en Uruguay es 63 años, si logramos que muchos uruguayos se jubilen más tarde, con un mayor beneficio, estaremos ayudando al sistema. Los que van a empezar a trabajar, nuestros hijos y nietos que van a vivir más y mejor que nosotros, allí sí tendremos que modificar la edad jubilatoria”, afirmó.

Según la encuesta realizada por Equipos en diciembre de 2020, el 78 por ciento de los uruguayos cree que la edad de retiro se tiene que mantener en los 60 años.

Por partido, el 85 de los votantes del Frente Amplio cree que no se tiene que aumentar, lo mismo sucede con el 75 por ciento del Partido Nacional, el 62 del Partido Colorado y el 97 de Cabildo Abierto.

Hace unos meses el gobierno presentó su propuesta de reforma de seguridad social, la cual fue rechazada por varias organizaciones sociales. ¿Cuál es su mayor peligro?

Una de las razones por las que votamos en contra es que la mayor parte del ajuste de la reforma va para los trabajadores, el planteo que se hace en el diagnóstico y luego en las recomendaciones apunta a pedirle un esfuerzo muy importante de los trabajadores y no hay ninguna propuesta para generar nuevas fuentes de financiamiento y pedirles a los sectores de mayor capacidad contributiva un esfuerzo para financiar la seguridad social.

No hay ninguna medida con la cual se pueda señalar que otros sectores que tienen alta rentabilidad, que tienen posibilidades de hacer un esfuerzo, es decir, a los maya oro no le están pidiendo ese esfuerzo y solamente lo estarían realizando los trabajadores.

¿A quién beneficia el gobierno con esta propuesta de reforma? ¿A las AFAP?

Las AFAP van a ser una de las grandes beneficiadas porque lo que se plantea es extender el régimen de ahorro individual para las otras cajas, esto quiere decir que va a haber más trabajadores con AFAP, por lo que ellas van a tener más ganancias al cobrar más comisiones. La comisión la cobran independientemente del resultado que tenga ese trabajador al final de su vida laboral. Entonces, va a haber más trabajadores en el régimen privado, más ganancias para las AFAP y seguramente va a haber más trabajadores perjudicados por este régimen que ya fracasó no solo en Uruguay, sino que en el mundo.

¿En la propuesta del gobierno se pensó reformar la caja militar?

En las recomendaciones hay muy poco sobre reforma de la caja militar y no se fue a un análisis y una propuesta más profunda de cambio. Eso también está dentro de lo por qué votamos en contra de las recomendaciones de esta comisión de expertos. Se sigue manteniendo las jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegios y se les pide a los trabajadores que no solamente trabajen hasta los 60, sino que esperen para jubilarse hasta los 65 años, es muy injusto. Seguramente el resultado de las jubilaciones de los trabajadores va a ser de una cuantía menor a las que conocemos y todos sabemos que en general las jubilaciones que perciben hoy ya de por sí son bastante bajas, osea que, si seguimos reduciendo, otorgando jubilaciones más bajas, el sistema no va a tener un equilibrio entre el aporte y lo que recibe la persona al final de la vida laboral.

Los futuros jubilados van a tener que esperar hasta los 65 años, porque el mercado de trabajo en Uruguay no va a dar esa seguridad. Seguramente a los 60 años van a quedar sin trabajo y jubilación y van a tener que esperar cinco años, porque van a tener los años trabajados, pero no la edad. En esas edades que hoy tenemos una muy buena cobertura, vamos a tener problemas de pobreza en esa franja entre los 60 y 65 años porque hay muchos trabajadores que no van a poder trabajar hasta los 65 porque las condiciones de trabajo no les permiten esa posibilidad o porque el propio mercado de trabajo y la cultura empresarial no tiene cabida para los trabajadores mayores. Hay muchas empresas que dan incentivos para que el trabajador se retire a los 60.

El tema de aumentar la edad de retiro genera rechazo en la sociedad. Según una encuesta, el 78 por ciento cree que la edad de retiro se tiene que dejar a los 60 años. ¿Cree que esto está siendo tenido en cuenta por el gobierno?

Esta encuesta fue realizada por una encuestadora contratada por la comisión de expertos y además de tener una cantidad de información del sistema de seguridad social, hay un capítulo sobre qué piensa la población sobre el régimen de capitalización individual. Se muestra que hay un desconocimiento sobre ese régimen y además hay una desconfianza muy importante sobre ese sistema. La mayoría de los trabajadores desconoce cómo funciona y además no tiene confianza en ese régimen.

Pero además en el tema de la edad de retiro, el 78 por ciento de la población está en contra de esa propuesta cuando no hay ningún partido en Uruguay que tenga el 78 por ciento de apoyo, por lo que ahí hay ciudadanos de todos los partidos políticos.

En todos los casos hay una mayoría clara que rechaza el aumento de la edad de retiro y cuando se ve por simpatía con algún partido político, el 73 por ciento de los ciudadanos que en octubre de 2019 votaron por el Partido Nacional rechaza el aumento de la edad, el 97 por ciento de los votantes de Cabildo Abierto y el 62 por ciento del Partido Colorado no están de acuerdo con el aumento de la edad. Esto hay que analizando de cuál va a ser el impacto de tomar esta medida en la población, porque no hay un consenso para llevar adelante esta medida. El propio presidente en la campaña electoral se comprometió frente a la ciudadanía a no aumentar la edad de retiro para los que hoy están trabajando. Él propuso que tenía que haber incentivos para que la gente se retirara más tarde con la mejor jubilación y eso no es lo que está proponiendo la comisión de expertos. Estos datos hay que tenerlos en cuenta, porque esta encuesta no la contrató el Pit-Cnt o la oposición, sino que fue la comisión de expertos. Creemos que el presidente de la República debería aclarar si va a cumplir con su palabra o no va a cumplir con su compromiso y va a sumarse y apoyar a la comisión de expertos, porque estas recomendaciones se votaron por los representantes de los que hoy gobiernan y del sector empresarial. Votaron en contra el Frente Amplio, el Pit-Cnt y la Onjapu. La votación fue 10 a favor de las recomendaciones y 5 votos en contra.

En caso de que el gobierno siga al pie de la letra la recomendación de los técnicos, ¿esto generaría que las organizaciones sociales hagan una movilización en contra o tomen algún tipo de medida?

Creo que tenemos que participar y tratar de incidir para lograr tener y presentar nuestra propuesta de una reforma a la seguridad social justa y humana. Si no logramos eso, la reforma va a ser cuestionada porque no va a tener consensos. Las organizaciones sociales y políticas van a encontrar las herramientas que sean necesarias para enfrentar esa reforma. Yo no quiero adelantar cuál va a ser la herramienta de lucha que vamos a utilizar, primero tenemos que dar la discusión para frenar esta reforma de recorte y de retroceso. Si el gobierno, a pesar de todo, elije el camino de aprobar la reforma, las organizaciones sociales y políticas que no estén de acuerdo van a tener que buscar el camino para poder enfrentarla. Pero es apresurado definir de qué manera vamos a enfrentarla.

Además, hay tiempos políticos. No sé si van a ser también un elemento que le ponga límites al actual gobierno. Si esa reforma se hace en un año bisagra, cerca de los tiempos electorales, seguramente va a tener un impacto muy importante en lo que la gente va a resolver en las próximas elecciones. Tenemos que dar la batalla, porque esta va a ser la madre de todas las batallas, esta va a ser la reforma estructural más importante de este gobierno. Los trabajadores tenemos que lograr que se genere conciencia sobre la importancia que tiene la seguridad social para el conjunto de la población.

Antecedentes

En noviembre de 2021, el Pit-Cnt, en conjunto con Onajpu, elaboraron un documento en el que fundamentan su oposición a las recomendaciones presentadas por el grupo de expertos, las cuales fueron aprobadas por los representantes empresariales y del gobierno.

El Pit-Cnt y otras organizaciones señalaron que el “objetivo central de esta reforma es reducir el gasto en seguridad social, y esto se hace por la vía de recortar prestaciones, beneficios y derechos de los trabajadores una vez que se acerquen a la etapa de retiro”.

“Restringen la discusión al ámbito de las jubilaciones y pensiones, dejando de lado otros componentes muy relevantes de la matriz de protección social como la necesaria inversión en atención a la primera infancia, la situación de las personas con discapacidad, los impostergables avances en el sistema de cuidados, entre muchos otros. Buena parte de las recomendaciones se dirigen a concentrar el ajuste sobre los trabajadores. Y esto se logra por varias vías que rechazamos, entre otras, a través del aumento en la edad de retiro al barrer, la reducción de las jubilaciones, la disminución de la tasa de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física y la extensión de años de aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio”, advirtieron.

Actualmente, el gobierno elabora un proyecto de ley en base a las recomendaciones se la comisión de expertos.

“Tiene que ser un diálogo social con todos los actores”

Ruiz consideró que la discusión sobre la reforma de la seguridad social no puede hacerse como se realizó hasta el momento: “entre cuatro paredes y 15 expertos”. Afirmó que debe hacerse con todos los actores.

“En lugar de una discusión encerrada entre cuatro paredes con 15 técnicos, tendría que haber más voces y más consenso y con posibilidades de que la seguridad social sea considerada un derecho humano y una política de Estado. (…) Nosotros valoramos el aporte de los expertos, tienen que brindar toda la información y todos los análisis, pero los que tienen que resolver qué seguridad social merecemos los uruguayos son las organizaciones políticas y sociales y los técnicos tienen que asistir en la toma de decisión, pero no son los que definen sobre el futuro de la seguridad social. Los técnicos tienen que estar subordinados a las organizaciones sociales y políticas”, agregó.

Consideró que debería haber sido un diálogo social con todos los actores, los partidos políticos, las instituciones del gobierno, trabajadores, empleadores, las AFAP, la Universidad de la República, la caja militar, policial, profesional y notarial.

“Tenemos que tener una mirada integral de este tema a pesar de que el objetivo es hacer una reforma jubilatoria, nos parece que tiene que estar inserta en un modelo de protección social. Además, la propuesta no genera nuevas formas de financiamiento. Hoy el aporte que pueden hacer los trabajadores y empresarios no alcanza para financiar la seguridad social. Hay que pensar nuevas formas de financiamiento, pero no hay ninguna propuesta en este sentido. No se analizó lo que pasó y sucede actualmente en el mercado de trabajo. Si no hay trabajo y salarios dignos es muy difícil que un nuevo sistema de seguridad social se pueda sostener”, advirtió.