El intenso periplo beligerante una vez que las Fuerzas Armadas asumen la conducción de la lucha militar, con el visto bueno de los civiles que amparan su accionar, tiene en el cuarto mes del año su saldo mas trágico de muertes, calificadas por distintos tribunales nacionales e internacionales, de fusilamientos. Esa característica de fusilamiento es lo que hace que existan responsables, hasta hoy, gozando de impunidad.
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Si uno hace un paralelismo del accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en los hechos registrados entre 1972 y 1976 con las guerras entre colorados y blancos, estos episodios se parecen a aquellos donde la muerte no se producía en los campos de batalla, sino en los ataques masivos y arteros en que las fuerzas del ejército gubernamental masacraban a los habitantes de ciertas estancias “blancas” y luego las fuerzas del ejército revolucionario devolvían con la misma saña sobre el enemigo y su familia. Un ejemplo de esto fue la masacre contra la estancia del Saravia colorado.


La lógica que fundamentaba las masacres es la misma; combatir a un enemigo catalogado de extrema peligrosidad aunque se encontrara desarmado, sin capacidad de defensa y tomado por sorpresa en el asalto.
Las guerras de Manini
En abril del 2022 el senador y exgeneral Guido Manini Ríos hizo una reivindicación de la declaración del estado de guerra interno con la que el Parlamento aprobaba el proyecto del Poder Ejecutivo para entregar a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la “sedición”.
En el relato de Manini, que viene a avalar el relato de la época y a lo largo de la historia de quienes justifican el terrorismo de Estado, justifican ese voto del Parlamento como una respuesta necesaria a los hechos acaecidos el 14 de abril, donde comandos tupamaros ejecutan a integrantes del Escuadrón de la Muerte.
Sin embargo, la masacre de tupamaros que no integraban comandos militares (Ivette Giménez y Luis Martirena), los audios que hoy se conocen donde las fuerzas de seguridad del Estado dan la consigna de “dejalos pero fritos, heridos no” y la masacre de los ocho militantes de la seccional 20 del Partido Comunista tres días después, son elementos de una definición largamente planificada.
Hay dos datos que no menciona Manini; desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, el período estuvo marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad, donde se cometieron los asesinatos de estudiantes y duras medidas represivas.
En su libro Dentro de la compañía: Diario de la CIA, el exagente Philip Agee describe “operaciones terroristas” contra instituciones y personas vinculadas a la izquierda, dirigidas por el jefe de la estación montevideana entre 1960 y 1962, Tom Flores. Cuando Manini se refiere al discurso del Che Guevara en el paraninfo, en el que llama a los militantes de izquierda a cuidar nuestra democracia, y así tratar de “más radicales que el Che” en alusión al movimiento de guerrilla urbana, se olvida de mencionar que al finalizar esa jornada el MEDL (Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad) -con apoyo y financiamiento de los norteamericanos- asesinó de un balazo al profesor Arbelio Ramírez.
El accionar de un sinnúmero de organizaciones, que a distintas escalas -y según su relevancia o su vinculación con Estados Unidos o con grupos nacionalistas argentinos como el Movimiento Nacionalista Tacuara- participaron en estas “operaciones terroristas” dio lugar a la paraestatalidad. Una política de Estado, que consiste en descentralizar la represión a través de fuerzas irregulares que son armadas de forma encubierta o clandestina con efectivos y recursos de origen estatal. Fuerzas que no representan a ninguna autoridad política, pero están compuestos por policías y militares: “En general, los escuadrones de la muerte aparecieron en aquellos países donde los mecanismos regulares de represión presentaron dificultades para contener la movilización social […] dando forma a estos grupos para que su accionar sorteara las barreras legales que impedían la supresión de los focos de oposición política. De ahí que su proceder se caracterizara no solo por la ilegalidad, sino por el interés de aniquilar a los disidentes”. (López de la Torre, Carlos Fernando, Los escuadrones de la muerte en América Latina).
14 de abril de 1972
Entre la mañana y el mediodía del 14 de abril de 1972, Acosta y Lara, Motto y Delega son abatidos por comandos tupamaros. Y el atentado contra Miguel Sofía fracasó. Estos fueron delatados por el agente policial Nelson Bardecio como integrantes del escuadrón de la muerte. El 24 de febrero de 1972, el MLN secuestró e interrogó a Nelson Bardecio, un fotógrafo oficial, que en sus ratos libres oficiaba de agente de la CIA en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía de Montevideo. Y el interrogatorio fue en la “cárcel del pueblo”, la que el actual ministro de Defensa, Javier García, quiere abrir al público, pero el fotógrafo policial según sus propias declaraciones, a posteriori, “no fue ablandado con palizas, no fue colgado con los brazos a la espalda de modo que los dedos del pie tocaran apenas el suelo, no fue sentado a horcajadas, durante horas, desnudo, esposado y encapuchado, en un caballete con un perfil de hierro en T, ni fue sumergido en un tacho de agua que contenía excrementos y vómitos, ni se le aplicó picana en los testículos, en el pene, en los dientes, en el ano, ni fue quemado con cigarrillos, ni fue violado con un palo. Fue simplemente interrogado”. El ejército responde y ese día mueren en combate los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Carmen Pagliano. Inmediatamente el ejército, con la intervención de integrantes del escuadrón de la muerte, asaltó dos casas que ya venía vigilando desde hacía tiempo: la de Pérez Gomar 4392, en la que mueren los tupamaros Alberto Jorge Candán Grajales, Armando Hugo Blanco Katrás, Gabriel María Schroeder Orozco y Horacio Carlos Rovira Griecco; y la de Amazonas 1440, en la que mueren los tupamaros Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez Morales.
“Fruto maduro”
Tres días después, el 17 de abril, las Fuerzas Conjuntas atacan la sede de la seccional 20 del Partido comunista en Paso Molino.
La fuerza destinada a atacar el local obrero estaba compuesta por más de 500 efectivos militares, policiales y paramilitares.
Los hechos se encadenaron desde el viernes 14 de abril de 1972. Esa noche se intentó hacer lo que finalmente se concretó en el seccional 20. Pero se frustró el operativo en el ex local central del Partido Comunista.
El sábado 15 a la tarde, la Asamblea General culminó el debate iniciado el viernes aprobando el estado de guerra.
En la madrugada del domingo 16 se suceden casi simultáneamente, entre las 4.00 y las 4.30, 11 atentados con explosivos y ametrallamientos. Fueron atacadas las fincas de Juan José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno y otras personalidades políticas y culturales, además de una iglesia y el local de las seccionales 18 y 24 del PCU.
En las páginas de El Popular, en 1987, quedaron registrados los hechos
“Sobre la hora 10, los efectivos militares hicieron el primer allanamiento al local de la seccional 20. Desde hacía varios días, muchos militantes se turnaban para su cuidado, ante la ola de atentados y provocaciones.
Finalizado el operativo, sobre la hora 12.00, toda la zona seguía bajo control policíaco-militar. De la redacción de El Popular habíamos enviado a uno de nuestros fotógrafos, Hermes Cuña. Se encontraba junto a una decena de militantes en el local, cuando próximo a las 13.00 horas se repite un allanamiento.
Se llevan detenidos a todos los restantes, unas 15 personas, incluido nuestro fotógrafo. Son cargados en un camión en el cual permanecerán, mientras estuvo estacionado (dos horas), frente a la Región Militar Nº 1, que tiene su comando a 500 metros, por la misma avenida Agraciada Luego son llevados a una celda de la muy próxima Seccional 18ª (hoy 7ª), situada a cuadra y media del local, en la calle Félix Olmedo.
Sobre las 16.00 horas del domingo, se podía ver parado en la puerta del local al camarada Luis Mendiola, como habitualmente lo hacía. Empero, la tensión subsistía por la evidente movilización de personas extrañas al vecindario. Algunos eran reconocidos fascistas de la JUP, organización que entonces tenía presencia en la próxima zona del Prado”.
Vecinos recuerdan que esa noche estaba más oscuro que lo habitual, debido a que había menos luces encendidas.
“Era medianoche cuando me desperté al oír unos disparos de armas de fuego, espaciados, que se sentían en los fondos de la manzana, desde Valle Edén.
Mendiola me preguntó si podía subir a la azotea para que se bajaran los compañeros que se encontraban de vigilancia allí. Eran Héctor Cervelli y Enrique Rodríguez, ambos metalúrgicos. Era dificultoso el acceso a la azotea, no teníamos una escalera directa sino una escalera chica, de mano, que había quedado sobre el techo de la pieza que salía para los fondos. Servía solo para ese segundo tramo hacia la azotea.
Fue en ese momento, cuando recién comenzaba a descender Cervelli (en definitiva el único que pudo bajar), que llegó por la avenida Agraciada el primer vehículo de las Fuerzas Conjuntas”.
Vecinos sienten que desconocidos trepan allí con sigilo hacia la azotea. Luego oyen algunos disparos. Se siente cuando uno o más individuos desandan el camino y se alejan con prisa.
Esos disparos fueron los que desencadenaron la gran trampa que abarcó no solo a los obreros comunistas, sino a gran parte de los militares y policías que no sabían lo que allí estaba provocándose.
Todo hace suponer que desde esa azotea de Valentín Gómez 875 se hicieron los disparos sordos y espaciados que se oyeron a las 1.05 horas del lunes 17. Fueron dirigidos hacia la ventana de Valle Edén 3716. Allí permanecía un imaginaria militar, que es quien comunica el alerta al Regimiento 9 de Caballería.
Pero esos pocos disparos misteriosos fueron hechos por alguien que sabía todo lo que podía provocar. Primero, la generalización de una alarma en todo tipo de unidades de las Fuerzas Conjuntas.
Se oyó decir a un sargento o alférez: “Copar Valle Edén. Nos están atacando”. Los efectivos avanzan por Agraciada, arrastrando los zapatos, y toman por Raffo Arrosa hasta Valle Edén, por la cual se deslizan en dirección a Valentín Gómez. A esta altura la balacera se había generalizado. Primero se apagan los últimos focos de luz que subsistían.
No habrían pasado más de cinco o seis minutos de los primeros disparos cuando comenzó el ametrallamiento por Valle Edén, seguido del movimiento de vehículos y tropas, totalizando no menos de medio millar de hombres en torno a esa manzana. A la 1.10, los disparos y las ráfagas de ametralladoras se hacían desde avenida Agraciada, directamente contra el local partidario. A partir de entonces se hacen disparos desde los cuatro puntos cardinales. Los vecinos aterrados veían bengalas, caían órdenes y contraórdenes y disparos incesantes de muy variados tipos de armas, que se prolongaron durante más o menos media hora. Luego, disparos más o menos nutridos y ráfagas de ametralladoras se oyeron hasta las 3.15 horas y, aislados, hasta las 5.15.
“De ahí la balacera ya no paró. Después se fueron sumando otras armas de diferentes lugares. Nos tiramos sobre el techo contra el borde-esquina que daba hacia Agraciada y V. Gómez”.
“Han caído ocho obreros -denunció el diputado Arismendi en la Asamblea General-, sin armas, siendo asesinados con tiros en la nuca, ejecutados y, más todavía: algunos murieron desangrándose en la calle, donde los dejaron estar largo rato sin llevarlos al hospital y sin auxiliarlos, a pesar de que tenían las ambulancias a disposición. De esto hay testigos por cantidades para acreditarlo”.
Muchachas de abril
En la madrugada del 21 de abril de 1974 fueron asesinadas, acribilladas a balazos, las jóvenes Diana Maidanick, Laura Raggio y Silvia Reyes, que estaba embarazada de 3 meses.
El operativo realizado en la casa de la familia Barrios-Fernández de la calle Mariano Soler 3098, por las Fuerzas Conjuntas, fue dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo del de Artillería Nº 2, a cargo del general Juan Rebollo y la participación de los generales Julio César Rapela y Esteban Cristi, y los mayores A. Méndez y José Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el teniente Jorge Silveira.
La Corte Interamerciana de Derechos Humanos reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en esos fusilamientos y por su sentencia el gobierno uruguayo debería en estos seis meses publicar la sentencia y asistir con ayuda psicológica a los familiares de las tres asesinadas, según informó a Caras y Caretas el Dr. Jorge Pan, integrante de Ielsur.
La larga odisea
El 19 de abril de 1976 apareció en el barrio Barracas de la ciudad de Buenos Aires el cuerpo torturado de Telba Juárez, con cuatro balazos en el pecho y uno en la cabeza. Telba fue una de las fundadoras del Partido por la Victoria del Pueblo.
Elena Quinteros, María del Rosario Carretero, María Emilia Islas, Victoria Grisonas, Ana María González, Cecilia Trías y Graciela da Silveira, serán algunos de los nombres que formaron parte del horror de persecución que sufrió esa organización política durante el terrorismo de Estado.