Las tensiones que genera el fideicomiso para regularizar asentamientos

Pero la piedra en el zapato esta en la redacción del Artículo 209.

«ARTÍCULO 209.- El «Fideicomiso Integración Social y Urbana» se financiará con la transferencia del 100% (cien por ciento) de lo recaudado por el Impuesto Adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales, creado por el artículo 1º de la Ley Nº 18.064, de 27 de noviembre de 2006, y la Sobretasa del Impuesto al Patrimonio, dispuesta por el  108 artículo 54 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 17 de la Ley Nº 19.088, de 14 de junio de 2013.»

En buen romance esto implica quitarle rubros al Instituto Nacional de Colonización.

El director frenteamplista Andrés Berterreche manifestó que «Colonización se  va a quedar sin recursos para comprar tierras, lo que significa que no va a atender la demanda de tierra de los productores familiares que aún siguen necesitando ni para las familias que necesitan aumentar su superficie para mejorar sus ingresos y mantenerse en el campo. Se presentan a los llamados del INC más de 1000 familias por año».

Berterreche en el Programa de M24 «Mejor hablar» también expresó: «La decisión del gobierno de sacarle unos 20 millones a Colonización es parte de una escalada en contra del Instituto, que empezó con la LUC y siguió con la ley de presupuesto»agregando que «Sin posibilidad de seguir comprando tierras, Colonización es una herramienta que no aporta al desarrollo»

La asociación de funcionarios del Instituto se expresaron mediante comunicado que en sus aspectos centrales plantea: «Los fondos que el Instituto Nacional de Colonización tiene para la compra de tierras, serán destinados para la regularización de asentamientos. Estos fondos del INC surgen de dos impuestos que gravan la concentración de la tierra y su comercialización, por ley estos fondos están destinados a la compra de tierras para que nuevas familias de aspirantes puedan arraigarse en el medio rural.(..) Sin dudas la situación de los miles de compatriotas que viven en los asentamientos es una circunstancia que debe ser atendida sin más demora. Pero hacerlo a costa de la política de tierras es atacar las consecuencias del problema agravando las causas. De esta manera el costo del mejoramiento en las condiciones de vida de los uruguayos y uruguayas que viven en los asentamientos será a costa de los trabajadores y trabajadoras rurales que al no conseguir oportunidades en el medio rural deberán migrar a las ciudades reproduciendo el problema.»

Gustavo González, dirigente de Fucvam también se manifestó al respecto graficando que esta medida busca «desvestir un santo para mal vestir otro y que no es real que se pueda solucionar el tema asentamientos con 20 millones, son fuegos de artificio».

Desde el parlamento, el diputado Daniel Caggiani fue uno de los primeros en expresar públicamente su preocupación. Desde su cuenta de twitter cuestionó: «El acceso a la tierra y la vivienda es un problema serio y estructural de nuestro país que no se soluciona con curitas ni vistiendo un santo para desvestir a otro. Menos enfrentando a pobres del campo con la ciudad. ¿Cuándo y con cuánto aportan los ricos del Uruguay para esto?», mientras que su colega la diputada Lucía Etcheverry también tuiteó : «Avanzar más rápidamente», asumieron y pararon obras por falta de recursos. Crearon cargos y una nueva dirección nacional que en 1 año y medio no existió. La razón era el financiamiento? Tanto tiempo sin hacer nada y esta es la explicación?. Desidia y poco apego a la gestión!»