Los hechos
El informe del TCP, dado a conocer por Subrayado, ya estaba firmado desde el 1o. de agosto de 2018; pero un secreto entre más de dos ya no es un secreto.
Este tribunal decidió por unanimidad actuar ante denuncias de que el hoy senador Leonardo De León habría hecho un mal uso de las tarjetas corporativas mientras integró el directorio de ALUR SA. El TCP pidió información a la presidencia de ALUR, estudió el informe que sobre el caso había hecho la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) en abril de 2018 y el expediente judicial correspondiente.
Considerando que en declaraciones públicas el senador cuestionó las conclusiones de la Jutep porque la misma no tuvo en cuenta las pruebas por él presentadas, el TCP le solicitó el 11 de abril que expusiera por escrito qué gastos la Jutep debería haber tenido por justificados y el motivo. Ante el silencio del senador, el TCP reiteró la solicitud el 11 de mayo dándole un plazo de 30 días para responder; pero la única respuesta fue un nuevo silencio. Esta actitud de soberbia del legislador da lugar a suponer que no tenía respuesta alguna o que menosprecia a este organismo que es uno de los más importantes del Frente Amplio, lo que, dicho de otra manera, implica un desprecio absoluto por su institucionalidad. Sin embargo, el 19 de julio, De León se dignó comparecer tras una citación del TCP; pero se negó a presentarse ante una nueva convocatoria (acorde con el Reglamento del Tribunal) por considerar que el tema estaba “debidamente cerrado”.
Cabe acotar que ALUR es una sociedad anónima, regida por el derecho privado. Ancap tiene el 98,79% de su capital y la petrolera venezolana Pdvsa el 9,21%. De León fue funcionario de ALUR desde noviembre de 2005 e integró su Directorio desde enero de 2011 hasta febrero de 2015, siendo su presidente desde diciembre de 2013. En ese lapso, ninguna norma interna regulaba el uso de las tarjetas corporativas, lo cual le permitiría un escape en el ámbito jurídico; pero no ético. Pese a ello, y para el pago de viáticos, ALUR se regía por un instructivo que regulaba los gastos del personal en actividades cumplidas en el exterior. Dicho instructivo establecía que se entregarían viáticos para cubrir únicamente gastos de alimentación y alojamiento. En tales casos, no se obligaba a rendir cuentas; pero los gastos de otra naturaleza estaban sujetos a rendición de cuenta y la misma debería presentarse dentro de los 7 días corridos siguientes a la finalización de la comisión.
Una pésima defensa
Leonardo De León se defendió argumentando que “los estados de cuenta de las tarjetas respectivas hacían las veces de rendiciones de cuentas y eran los debidos comprobantes respaldantes de los gastos realizados”. También argumentó que ALUR funciona como empresa privada y no está sujeta a las normas jurídicas que rigen la administración pública, como las del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), ni al control del Tribunal de Cuentas, por lo que su personal no puede incurrir en aquellos delitos previstos en el Código Penal que sólo pueden cometerse por funcionarios públicos.
Un buen planteo que quizá lo blinde en lo jurídico, pero que lo desampara en lo ético, y es lo ético lo que está en cuestión. La condición de político debería obligar a De León a observar con más rigor cualquier gasto, sin importar el monto.
Como sea, el TCP pulverizó tal planteo: “Los estados de cuenta bancarios no podían sustituir la rendición de cuentas que debía presentar el usuario porque no indican las circunstancias, los motivos, el concepto ni el detalle de cada gasto, información indispensable para comprobar su pertinencia”.
De León no presentó los comprobantes de sus gastos, como exige un mínimo de formalidad administrativa, ni justificó, por ejemplo, gastos en 10 restaurantes uruguayos, ni por qué no figura la devolución del 9% de IVA prevista por la ley 17.934.
Según determinó el TCP, desde la implantación del Instructivo en 2013, todos los gastos realizados por De León con tarjeta corporativa correspondientes a alojamiento o alimentación deben considerarse irregulares porque estaban cubiertos con el viático. Se trata de 219 gastos no justificados en una rendición de cuenta. “La percepción del viático obligaba en todos los casos a hacerse cargo de los gastos de alojamiento y alimentación. Cargarlos a una tarjeta corporativa era improcedente, lo mismo antes que después de la introducción del Instructivo, y aunque este no hubiera existido”. En 18 casos, De León cargó a la tarjeta los gastos ya cubiertos por el viático.
De León afirmó que muchas veces debía afrontar gastos de representación que el viático no cubría, lo cual es un argumento atendible; pero eso no le eximía de acreditar la pertinencia de tales gastos. Hay cuestiones básicas de transparencia contable y responsabilidad ante la empresa que un jerarca jamás puede obviar.
Por si fuera poco, respecto de un pago a hoteles de Madrid y Barcelona en febrero de 2014, el TCP revela que: De León ha afirmado que reintegró su importe a ALUR porque había recibido viático. En su escrito al Juzgado referente al informe de la Jutep afirma: “Se adjunta copia del recibo por el reintegro del equivalente a Euros 630, que correspondería al costo de estos hoteles, ya que como se verá se habían recibido viáticos para toda la actividad”. Pero el documento que se adjuntó no es un recibo, sino un formulario sin firma, sello ni autenticación alguna, emitido por el propio asistente del Cro. De León, Sr. Olave.
Algunos gastos fueron justificados por De León como “atenciones sociales”, pero el TCP nunca pudo preguntarle detalles porque se negó a comparecer. Varios de esos gastos fueron realizados durante sus períodos de licencia en restaurantes y estaciones de servicio. Si eran gastos pertinentes e inherentes a la función, el mismo De León se negó a establecerlo.
Que un fiscal pida la clausura de un expediente por no encontrar elementos de orden criminal que achacar al acusado, no lauda el conflicto ético. De hecho, el mismo dictamen fiscal reprueba la conducta del funcionario, dando por demostrado que usó indebidamente la tarjeta corporativa incurriendo claramente en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública, así como una despreocupada administración de dineros que en un 90,79% eran públicos.
El dilema
Considerando que el TCP no puede proponer medidas concretas, la pelota queda ahora en los pies del Plenario Nacional, que se reunirá el 15 de diciembre, y la pregunta es: ¿qué hacemos con De León?
Aún queda en el tintero el tema de Raúl Sendic, también de la 711 y procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones; pero por lo menos él renunció nada menos que a la vicepresidencia. Ahora, ¿qué tan bien estamos controlando a los compañeros que nos representan?
Cada vez que minimizamos la gravedad de las irregularidades cometidas por un compañero, cada vez que miramos para otro lado cuando sospechamos que algo se está haciendo mal, estamos alfombrando el camino de nuestros adversarios hacia la restauración conservadora.
El diputado de la 711 Saúl Aristimuño alertó sobre una fractura que nos privaría de ganar el cuarto gobierno y que ganar debe ser nuestra prioridad. No coincido. Nuestra prioridad es demostrar que somos dignos de ganar por cuarta vez. Nuestra prioridad es demostrar que somos distintos a los rosados. Decir que analizar estos casos es parte de una operación política es ofender al Frente Amplio, tanto como descalificar al TCP o a la Jutep. Hay una forma muy sencilla de evitar un informe adverso del mismo: hacer las cosas bien.
No sé qué decisión debemos tomar; lo que sé es que -aunque cualquier medida sea dolorosa- no podemos dejar de decidir.
