Crysol, la asociación de ex-presos y ex-presas políticas de Uruguay, comunicó que un proyecto de ley interpretativo, relativo a la ley 18.596 sobre «reconocimiento y reparación a las víctimas» del accionar ilegítimo del Estado durante la última dictadura cívico-militar fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.
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La ley 18.596 establece en su artículo 10 que las víctimas del terrorismo de Estado y de la acción ilegítima del Estado que hayan estado detenidas más de seis meses, hayan sufrido «lesiones gravísimas» por parte de agentes del Estado o que, siendo niños, hayan sido secuestrados o puestos en cautiverio tienen derecho a prestaciones médicas «de forma gratuita y vitalicia» que incluyan «asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica» en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Además, el texto establece que el Estado ofrece apoyo científico y técnico en «la rehabilitación física y psíquica» para abordar las «secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas». Es deber del Poder Ejecutivo reglamentar «la modalidad y extensión de las prestaciones».
El mismo artículo determina que «el Decreto Nº 268/008, de 2 de junio de 2008, se considera parte de la presente ley». En ese decreto se entiende que la salud es un derecho fundamental y, en consecuencia, el Estado debe garantizar el acceso a ella. Para eso, a las personas comprendidas en la ley 18.033 (exiliadas, detenidas, despedidas de la actividad privada) se les debe dar un carné de asistencia gratuita.
Crysol denuncia que la Auditoría Interna de la Nación no reconoce el Decreto 268/2008 como parte de la ley 18.596. En consecuencia, la obtención del carné de asistencia gratuita no se está expidiendo, el acceso a los servicios se ve afectado, hay «atraso en los pagos a proveedores y a la Cooperativa de Atención Psiquiátrica» y aumento de «requisitos administrativos».
La asociación asegura que este proyecto de ley es relevante porque el artículo 10 tal como está ahora ha tenido «una lectura equivocada» que ha derivado en la falta de acceso de los potenciales beneficiarios. Esperan que el proyecto con la modificación interpretativa se apruebe «a la mayor brevedad» para que «todos los ex presos políticos, exiliados y clandestinos, sus hijos y sus nietos» tengan garantizado el acceso a la salud.
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