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Sociedad

Ley de Salud Mental entre internaciones involuntarias y falta de presupuesto

La psicóloga Cecilia Baroni habló de la iniciativa legal del Ejecutivo para internar aun contra su voluntad a personas en calle intoxicadas y con adicciones.

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La semana pasada ingresó al Parlamento un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que de aprobarse habilitará la internación involuntaria de personas en situación de calle y en condiciones de extrema vulnerabilidad y que presenten un episodio de intoxicación aguda por el consumo de sustancias psicoactivas y/o una descompensación de su patología psiquiátrica que representen un alto riesgo para él o para terceros.

Entrevistada en Nada Que Perder de M24 la psicóloga y coordinadora de Radio Vilardevoz, Cecilia Baroni, habló de esta iniciativa y recordó que “el refuerzo de lo socio-sanitario se hace con presupuesto”, no agregando normativa que repite la vigente dado que “tenemos aprobada una Ley de Salud Mental que no tiene presupuesto”

Baroni criticó que “la mayor complejidad de este planteo” deriva del hecho mismo de poner “básicamente el foco en las personas en situación de calle, esa es la preocupación más grande porque en la Ley de Salud Mental, en sus artículos que prevén las hospitalizaciones voluntarias e involuntarias, se habla de toda la población; y acá (en el proyecto legislativo del oficialismo) lo que rechina un poquito es que hay una situación que estamos viviendo, que esperemos que sean secuelas de la crisis socio-sanitaria y económica que implicó toda la pandemia, que ha hecho un incremento de las personas en situación de calle; entonces criminalizar y patologizar esas situaciones hace que se levante una alarma con esta propuesta”, objetó la psicóloga.

Además, reflexionó al respecto, “no me gusta hablar de salud mental cuando en general estamos hablando de cuadros de padecimientos o de patologías; porque podríamos decir que hay muchas personas en situación de calle que mejoran su salud mental porque acceden a un montón de servicios y de espacios; entonces tenemos otro sector” de personas que “puede que tengan o padezcan en algún momento alguna situación que hoy no -por ejemplo la Psiquiatría la puede llamar ´trastorno´, desde la Psicología la podemos llamar ´sufrimiento o padecimiento psíquico´- pero que en definitiva es mucho menor en el porcentaje (…) en relación al consumo o a la relación problemática con el consumo de alguna sustancia”.

Y en el plano de la institucionalidad es “importante no mezclar, porque una cosa es lo que vayamos profundizando para que mejore la atención en salud integral de todos los ciudadanos, como la creación de centros, también de oportunidades o de equipos o nuevas formas de abordaje”, y otra es “dar un paso atrás o dos en algo que se había avanzado en la Ley de Salud Mental”.

“Lo que preocupa muchas veces de estas leyes -como el proyecto de ley oficial- es que nos está faltando presupuesto para fortalecer un montón de estructuras que ya existen y que dan respuestas y que han ayudado a mucha gente a salir de calle; y a veces con este tipo de propuestas se retrocede, pero también se retrocede a nivel de lo que la población piensa que es la solución para una problemática, que en este caso y siempre es el encierro: en Uruguay tenemos una alta tasa de encierro por ciudadano, tenemos mucha gente presa, mucha gente internada, de todas las franjas etarias”.

Asimismo, cuestionó, “se deposita en el Ministerio de Desarrollo Social un montón de respuestas que el Ministerio solo no va a poder, porque este es un tema que se tiene que abordar desde los diferentes sectores; entonces este proyecto es como una respuesta al estar como muy solo y necesitar más herramientas que muchas veces no pasan por leyes; tenemos una Ley de Salud Mental que el artículo 30, 31 y 32 habilitan la hospitalización involuntaria y dan las herramientas de cómo hacerla; hoy la usamos esa herramienta y funciona, (…) dicen que es lenta” pero “no es lenta porque la usamos, da garantías porque judicializa algunas situaciones pero sobre todo da garantías al proceso, a los funcionarios y también a que las personas no queden luego depositadas en instituciones innecesariamente, que es lo que ha pasado durante décadas en este país”, puntualizó la entrevistada.

“El refuerzo de lo socio-sanitario se hace con presupuesto” y no agregando normativa que repite la vigente, de hecho “tenemos aprobada una Ley de Salud Mental que no tiene presupuesto, el Mides no tiene presupuesto, hoy no tenemos presupuesto; se están abriendo por goteo hogares, se abrió hace muy poquito un hogar en Pando para 7 personas cuando todavía hay 800 personas internadas en las colonias, tenemos un montón de personas que van saliendo de distintas instituciones, cárceles, etcétera; que por suerte van saliendo, porque también tenemos una cultura del castigo permanente; lo que se precisa es poner presupuesto”, recalcó, “para que pueda haber alternativas” de tratamientos y abordajes “tiene que haber presupuesto (…) porque si no, en realidad, lo que pasa es que ponemos a una persona en una pieza y ´arreglate´, eso es lo que ha pasado; y lo otro lleva dinero, mucho dinero, lleva presupuesto, políticas y muchísima coordinación”; y como “en general las leyes nos dan un marco legal”, no otra cosa, “asombra de este proyecto que no profundiza en el marco legal que tenemos y que es bueno”.

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