Ley de Urgente Consideración: el balance del Frente Amplio

Para la diputada Olivera en realidad se trata de un conjunto de leyes y no de urgente consideración, que siguen siendo más de treinta políticas públicas modificadas con 60 leyes, que implica modificación del Código Penal, del Código Civil, nada más ni nada menos que el Código de la Infancia y la Adolescencia, de la ley de Educación, la creación de diversas institucionalidades. Es decir, que en estos días, el conjunto de temas analizados que requeriría otro tipo de tratamiento.

Lo requeriría porque lo que estuvimos discutiendo estos días no son las urgencias de la población uruguaya en este momento, sino que esta ley, a pesar de que no la validamos, hemos trabajado para modificarla todo lo posible. En el caso de diputados vinieron cerca de cien organizaciones sociales. Hemos recibido a la Academia, a los magistrados, a cátedras diversas, lo que nos permitió saber qué expectativas tenían y nosotros trabajar en función de esas expectativas.

Porque hay capítulos, sobre todo los vinculados a la seguridad, al derecho penal, en los que no ha habido una  sola de las instituciones que se hicieron presentes, salvo excepciones, que hubiera respaldado todo este capítulo.

Quiero ser fiel a lo que nos plantearon la Fiscalía, la cátedra de Derecho Penal y criminalística, los magistrados… No hubo dos opiniones en este sentido. Se ha ido creando en la sociedad una visión contraria a que la represión y el incremento de penas es el que va a resolver de la criminalidad y la seguridad. No solamente porque ellos lo dicen, sino porque nos traen la evidencia comparada. Esto no ha sido así en ninguna parte del mundo y a su vez nos advierten sobre las dificultades que van a generar muchos artículos que permanecen en esta ley.

Se une a esto las modificaciones que se dan en el sistema penal juvenil en el que se incrementan nuevamente las penas, se modifica el tema de las salidas. Hay un montón de cosas que van en contra de lo que uno imagina la inclusión en la sociedad.

Los capítulos son muchos, 464 y no se habla de la seguridad, se habla de la legítima defensa, pero también hablamos de las áreas protegidas, de la creación de un ministerio que hemos acompañado, pero nace con una separación de los temas del ordenamiento territorial.

Entonces, desde este lugar queremos manifestar que hemos trabajado en el marco de no compartir la urgencia de esta ley, que seguimos pensando que es inoportuna, pero que buscamos abrir al conjunto de la sociedad y que vamos a seguir trabajando en esta dirección. Esa población que terminada la discusión va a tener que conocer, apropiarse y dar batalla contra aspectos de esta ley de la cual desde el parlamento haremos el seguimiento de forma permanente, porque se trata artículos que tienen corte autoritario, que generan la base de un estado policial, que dan señales en ese sentido, como el tema de la legítima defensa para los policías.

Algo análogo sucede con la parte educativa, donde lo que se modifica es el conjunto de la arquitectura para la educación. Una arquitectura que se modifica e impide la participación en los consejos, que limita la autonomía de los mismos, centraliza la educación en el Ministerio de Educación y Cultura del Plan Nacional de Educación.

Luego de la intervención de Olivera, tomó la palabra el coordinador general de la bancada de diputados del FA, Alejandro «Pacha» Sánchez, quién reafirmó que la LUC no resuelve los problemas del Uruguay y por lo tanto es rechazada por el FA. No sólo porque no resuelve los problemas de la gente, sino porque agrega nuevos problemas.

Sánchez valoró lo que «hemos logrado en conjunto con las organizaciones que han venido al parlamento de la República, los organismos internacionales y la Academia» modificar muchos aspectos negativos de la ley, pero aun persisten elementos que nos hacen sostener que esta ley lo que va a hacer es recortar los derechos y libertades que hoy tenemos, como lo que tiene que ver con la posibilidad de manifestar nuestras ideas, nuestras propuestas…Esta es un ley que construye las herramientas para el abuso policial, pero por sobre todas las cosas, para restringir nuestros derechos a manifestarnos en la vida pública.

Esta ley además genera muchas dificultades para uruguayos que hoy tienen muchas carencias para obtener una vivienda digna. Lo que otorga es un programa de vivienda que lo que genera es desbalancear esa relación a favor de los propietarios de vivienda y desproteger a los inquilinos.

Esta es una ley que desafecta casi 100 mil hectáreas del Instituto de Colonización, permitiendo que esa tierra que hoy estaba disponible para el uso de productores nacionales ahora puedan pasar a manos de grandes terratenientes. Más allá de los cambios que se le hicieron, es una ley de un gobierno que tiene la intención de recortar los derechos y el bienestar de nuestra gente y por supuesto, de achicamiento del Estado.

Cuando el mundo ha demostrado que ante la pandemia la mejor receta es la de fortalecer el Estado, defendiendo los derechos de las personas, esta ley restringe la acción del Estado y permite que los desprotegidos lo sigan estando. Por todas estas consideraciones que permanecen en la ley es que el FA dará su voto negativo y eso no significa que no acompañemos algunos artículos que son producto del trabajo, del esfuerzo, de la evidencia y de la argumentación han recogido lo que las organizaciones sociales nos pedían, como aquellos que tenían que ver con la no privatización de nuestras empresas públicas.

Las intenciones de ceder la infraestructura de Antel a los privados, las intenciones de generarle un enorme problema al país con el abastecimiento de combustibles, derogando el monopolio de Ancap, han sido derrotadas en el parlamento de la República.

Hay un gobierno que tiene sus legítimas mayorías en el parlamento pero que ha votado en una soledad absoluta. Esta ley se votará en mayoría en el parlamento, pero en soledad, alejados de la Academia, de las organizaciones sociales y alejados de los organismos internacionales, que han manifestado una y otra vez que esta ley va a generar muchos problemas en el país.

En el epílogo de la conferencia, Ana Olivera manifestó su preocupación por el tema del achique del Estado, sin extenderse en el tema. Pero focalizó su atención en el tema de los derechos humanos, particulamente en lo referido al nuevo estatuto que asume la Secretaría de Inteligencia, que es el del secreto. Sobre ese tema tuvimos advertencias, tanto del relator de la Comisión Interamericana de DD.HH. respecto a lo vinculado a las violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a lo votado en la LUC el único que puede levantar el secreto es el presidente de la República con el consejo de ministros, lo que limita el acceso a los temas relativos a las violaciones de los derechos humanos.

En la anterior ley de Inteligencia se exceptuaba de ese secreto a las actuaciones relativas a los temas de derechos humanos. Trabajaremos en el Plenario para exceptuar de ese secreto lo relativo a las violaciones de los DD.HH., pero en Diputados la votación fue negativa a nuestra propuesta, lo que no es un tema menor.