Libertad, igualdad y pandemia

Por otra parte, el solo hecho de que exista esa norma, que haya sido enunciada y puesta por escrito es de una importancia superlativa. Al mundo occidental le llevó más de dos mil años llegar a tal conclusión, y sólo arribó a ésta después de dos sangrientas guerras mundiales que minaron el edificio entero de lo que se había entendido por civilización. Por desgracia, el mundo no acababa de asimilar lo que había sido el horror de esa primera mitad del siglo XX, cuando ya se abatía sobre él otra calamidad: la Guerra Fría, un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural surgido entre Estados Unidos y la URSS que, desde 1945 a 1989, sembró sucesivos conflictos armados en todo el planeta, especialmente en Asia y en Europa Oriental.

El bloque occidental, liderado por EEUU, enarboló el emblema de la libertad más extrema (el neoliberalismo en todas sus variantes, incluida la idea de que no hay ningún bien a redistribuir, sino sólo bienes a conquistar de manera individual y competitiva) y la contrapuso a la pretendida igualdad esgrimida por el bloque socialista, encabezado por la URSS. En el fondo de dicha contraposición alentaba (y alienta todavía) una enorme falacia. No puede existir verdadera libertad sin igualdad, y viceversa, y ambas forman parte principal de la justicia social en un estado de derecho. La libertad en la desigualdad, y la igualdad a costa de la libertad no parecen ideales dignos para ninguna comunidad humana. Su persecución y su aplicación en las sociedades, depende de la manera en que se interpretan los criterios de justicia. Se trata, en definitiva, de buenas o malas razones para tratar a las personas de manera selectiva, y para justificar ese trato. Advierto desde ya que la igualdad a la que me refiero es un concepto prescriptivo de carácter general (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”). La norma no enuncia la manera en que son tratadas las personas en los hechos, sino cómo deben ser tratadas.

En la realidad fáctica, para que se cumpla adecuadamente con la prescripción, o sea para que ésta no quede en letra muerta, es necesario efectuar distinciones, utilizando a la igualdad como un concepto relacional, que permite establecer comparaciones y adoptar las medidas pertinentes para cada caso específico. Ya Aristóteles, en este sentido, dice que la justicia es “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.

Pues bien: la igualdad como deber ser, como principio y como meta-criterio normativo, constituye una exigencia de cara a la realidad concreta, y no un mero ideal. En otras palabras, cualquier política nacional de contenidos mínimamente igualitaristas debería ocuparse de realizar una redistribución desigual de los recursos básicos, para asegurar que todos los habitantes accedan a las posibilidades de alcanzar la libertad en su día a día. La igualdad material mínima no puede ser desatendida por ningún estado que pretenda autoproclamarse de derecho o de bienestar, ya que las necesidades básicas (alimento, salud, vivienda, educación y acceso a la cultura, en una forma digna y no de mera supervivencia) son los pilares sobre los cuales puede, o no, erigirse la libertad y la capacidad de autodeterminación humana.

Es alrededor de esa distinción que se construyen los diferentes modelos de justicia social, y es también a propósito de ello que se producen las más graves omisiones y deformaciones en referencia a la libertad y a la igualdad. Para el modelo neoliberal, que impera actualmente en nuestro país, la igualdad entre los seres humanos es utópica, la redistribución entre los más pobres no genera riqueza (y es, por lo tanto, una pésima inversión), y la economía de mercado –la individual, la privada, la de los “malla oro”- es la mejor herramienta para generar prosperidad, ya que tal empresa privada genera por sí misma empleo y bienestar; aunque para lograrlo, claro está, tenga que pasar mucho tiempo y caigan en la miseria miles de personas y aún varias generaciones de uruguayos. Conocemos la letra de esa canción. Sabemos (lo que es mucho peor) de sus nefastos resultados. Hoy por hoy, la pobreza crece con alarmante velocidad en Uruguay, y la dramática lucha por la existencia de los más vulnerables, es contemplada con indiferencia y aun con cinismo (o sea con una actitud desafiante o descarada) por parte de los más satisfechos.

En tal panorama, parece obvio que sólo el derecho y los poderes públicos pueden hacer frente a esta situación para detener, con acciones de igualdad, la enorme brecha que se viene abriendo entre la miseria y la riqueza, entre la indignidad y las justas oportunidades. Pero para esto se necesita voluntad política, cosa que por el momento no se advierte. El gobierno ha centrado sus esfuerzos en un solo aspecto de la cuestión: la emergencia estrictamente sanitaria, como si todas las restantes emergencias no existieran o pudieran resolverse por sí mismas, por magia o por simple interposición del azar. El destino de al menos dos generaciones de uruguayos está en juego, y sabemos que las consecuencias de unas desacertadas políticas sociales pueden ser, además de irreversibles en sí mismas, enormemente peligrosas para el tejido social en su conjunto, en todos los ámbitos imaginables. Pero por ahora seguimos confiando en la magia y nos negamos a abrir los ojos a una realidad que, más temprano que tarde, nos ha de golpear en lo más hondo.

Como dice José Saramago en su Ensayo sobre la ceguera, “No creo que nos hayamos quedado ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos pero viendo, ciegos que pueden ver, pero no ven”.