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Política

Listas negras y listas grises: Uruguay salió, pero entró EEUU y echaron para atrás

El pasado martes 12 de marzo, Uruguay salió de la lista gris de paraísos fiscales que elabora la Unión Europea. Panamá, Perú, y otros 22 países también zafaron luego de que aplicaron las reformas a las que se comprometieron para despejar las dudas europeas sobre sus sistemas fiscales, anunció un comunicado.

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Por Víctor Carrato

 

“Gracias al proceso de inclusión en listados, decenas de países abolieron sus regímenes fiscales dañinos y se ajustaron a las normas internacionales de transparencia y fiscalidad justa”, celebró en un comunicado el comisario europeo de Finanzas, Pierre Moscovici.

 

Uruguay salió en 2011

El 15 de diciembre de 2011, Uruguay logró salir de la lista gris de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acordando la firma de nuevos acuerdos. El comunicado oficial expresó, entonces, que “los 18 acuerdos que tiene Uruguay con otros países le permiten ubicarse en la lista de países que sustancialmente han implementado los estándares para el intercambio de información sobre transparencia y el intercambio de información con fines fiscales”. La OCDE indicó en su comunicado que Uruguay firmó siete nuevos acuerdos bilaterales para facilitar el intercambio de información fiscal, “lo que muestra su buena disposición para implementar los estándares globales”.

 

En 2017 volvimos a caer

Con fecha martes 5 de diciembre de 2017, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) habían acordado su lista negra de paraísos fiscales, con 17 países y jurisdicciones. La lista gris incluía a aquellos países que entonces no cumplían con los estándares de la UE, pero que se habían comprometido a cambiar sus normas fiscales. Si no lo hacían, podían pasar a la lista negra. Tuvieron un año de plazo los países para adaptarse a las medidas de la OCDE y dejar de ser paraíso fiscal. Los países en vías de desarrollo tuvieron un año adicional, hasta finales de 2019.

Desde enero de 2017 se evaluaron un total de 92 países y territorios de acuerdo con tres criterios (transparencia fiscal, fiscalidad “justa” e implementación de las medidas acordadas por la OCDE) y “la mayoría” de ellos se comprometió con la UE “en un proceso de diálogo constructivo”.

En la lista negra no figuraban ni Estados Unidos, ni Suiza, ni Andorra, ni Gibraltar, ni las islas del Canal de la Mancha ni las Islas Caimán. Es más, Islas Vírgenes Británicas no aparecía ni en la lista negra ni en la gris.

 

En Europa son no cooperativos

En Bruselas, en lugar de decir paraíso fiscal, se utiliza el término “jurisdicción no cooperativa en material fiscal”, y de esas hay bastantes más de 60 en todo el mundo. Los criterios utilizados son más económicos y legales que políticos y estratégicos. Los Estados miembros de la UE no podían estar en esa lista.

Los países de la lista negra podrían perder el acceso a los fondos de la UE o se podría prohibir a instituciones de la comunidad abrir cuentas en esos territorios e impedir contratar a empresas que operen en paraísos fiscales. ¿Por qué la UE tiene tantas contemplaciones de escasas listas negras y listas grises con países que facilitan la elusión fiscal y la evasión de impuestos? ¿No se evalúan los delitos y sus penas por el bien jurídico que agreden? ¿Les parece poca agresión la de los países en desarrollo que, en el cálculo más conservador, pierden 85.000 millones de euros de recursos fiscales por elusión de impuestos de grandes empresas a través de paraísos y territorios offshore? Pues no olviden que el bien jurídico agredido en esos países, según informe de Oxfam, son seis millones de vidas que se pierden al año porque el Estado no dispone de la necesaria asistencia sanitaria pública. Y no dispone de esa asistencia porque no puede financiarla. Y no puede financiarla porque se han eludido y evadido impuestos, como dice Xavier Caño Tamayo, miembro de Plataforma por la Justicia Fiscal. Y agrega: “En tanto haya paraísos fiscales, jurisdicciones offshore o como demonios quieran llamarlo y no haya medidas duras contra los elusores y evasores de impuestos y sus cómplices necesarios, habrá fraude fiscal a gran escala. Una verdadera industria. Y crecerán sin cesar la desigualdad y la pobreza. Con lo que finalmente cabe concluir que no se solucionan fraude fiscal y elusión hasta que la ciudadanía tome el asunto en sus manos. No es nada fácil ni se resuelve mañana, pero se puede”.

 

Panama Papers

En diciembre de 2017, la UE adoptó su lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los Papeles de Panamá, que revelaron cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó sociedades opacas para evadir supuestamente impuestos a escala mundial.

De las 17 jurisdicciones iniciales, entre ellas Panamá, la lista fue evolucionando a lo largo de los meses hasta un total de cinco -Samoa, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EEUU, Trinidad y Tobago y Guam-, a las que se agregaron luego otras diez.

Los ministros de Finanzas europeos aprobaron así durante una reunión en Bruselas la inclusión de Aruba, Barbados, Belice, Bermudas, Fiyi, Islas Marshall, Omán, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Vanuatu y Dominica en la lista negra por “no cumplir” las normas internacionales, según Moscovici.

En su primera revisión global, los 28 ministros del bloque sacaron de su sistema de listados un total de 25 jurisdicciones, entre ellos Panamá, Uruguay y Perú, al eliminarlos de la lista gris de países que presentaron compromisos a la UE.

Panamá aceleró tras el escándalo de los Papeles de Panamá diversas reformas para blindar su sistema financiero y suscribió varios convenios con la OCDE, entre ellos el de intercambio automático de información.

La UE, que redujo así a 34 el número de territorios en su lista gris, expresó su determinación para continuar con su iniciativa para luchar contra la evasión fiscal y anunció el próximo monitoreo de Rusia, México y Argentina.

 

Intento de nueva lista

El 13 de febrero pasado, la UE reveló la lista negra de países riesgosos por lavado de dinero

La nómina está compuesta por 23 países en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o transacciones.

Arabia Saudita, Panamá e Islas Vírgenes de EEUU se incluyeron en una lista negra adoptada por los reguladores de la UE en medio de los esfuerzos para frenar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en acuerdos comerciales o transacciones. El miércoles, la Comisión Europea identificó a 23 países que presentan un mayor riesgo de flujos financieros ilícitos, agregando obstáculos para los bancos en Europa en el futuro al tratar con clientes de países de estas naciones. “Hemos establecido las normas más estrictas contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero”, señaló la comisionada de Justicia de la UE, Vera Jourová, en un comunicado. “El dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo”, comentó. La medida de la UE surge ante una serie de casos de lavado de dinero que involucran a algunos de los bancos más grandes del bloque, lo que pone de relieve las fallas en el marco de la comunidad.

Danske Bank A/S figura en el centro de un escándalo de dinero sucio que involucra fondos sospechosos que fluían de Rusia y otros lugares a través de su unidad estonia.

El 7 de marzo pasado, los 28 países de la UE echaron abajo la lista negra de países con riesgo de financiación del terrorismo. La lista estaba está compuesta por 23 países (entre ellos Arabia Saudita). Fue rechazada porque el Consejo consideró que no incentiva a las naciones incluidas a tomar medidas. Bruselas deberá elaborar una nueva propuesta.

La agencia Reuters publicó que el monarca saudí, Salmán bin Abdulaziz, presionó enviando cartas a todos los gobiernos de la UE para detener el proceso, amenazando con cortar el suministro de petróleo o la compra de armas.

La lista estaba compuesta por 23 países e incluía los 12 países identificados por Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF), que son Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago,Túnez y Yemen.

La publicación de la lista despertó las críticas tanto de Riad como de Washington, por el hecho de que el texto incluía también a Puerto Rico, Samoa Americana e Islas Vírgenes Americanas. El Departamento del Tesoro de EEUU expresó en un comunicado “dudas importantes” sobre “la sustancia de la lista y el deficiente procedimiento”.

Bruselas busca fórmulas para sellar los agujeros del sistema financiero europeo por las que sigue colándose el dinero sucio. Y no es poco: 110.000 millones de euros al año, el equivalente a 1% del producto interior bruto (PIB) de la UE, según un informe del Parlamento Europeo. A golpe de escándalos como los del banco danés Danske Bank o el holandés ING, la Comisión Europea ha ido acelerando las medidas para taponar la circulación del capital procedente de actividades ilícitas o sospechosas.

 

Falciani y el HSBC

Se veía venir. Desde que en 2007 Hervé Falciani adquirió singular notoriedad, un empleado de la filial suiza del HSBC; estaba cantado que más pronto o más tarde aquel listado -primero de no más de diez cuentas y luego de más de 10.000- tendría sus consecuencias. Aquel Robin Hood del siglo XXI se había hecho y -dicen- subastado al mejor postor con un peculiar fichero informático que permitiría obviar cualquier suerte de numeración y claves para acceder a la titularidad real de las cuentas domiciliadas en aquella entidad de ciudadanos y entidades alemanas, francesas, italianas, españolas, colombianas, etc. Parte de aquella información llegó a poder de las autoridades alemanas y suscitó en aquel país como siempre un interesante debate sobre la legitimidad de su origen a la hora de administrar sus consecuencias. En Bonn llovía sobre mojado porque sus servicios de inteligencia ya habían adquirido antes otros listados de cuentas opacas en Liechtenstein.

La totalidad de aquella información del HSBC fue obtenida -no se sabe bien cómo- por Francia, que la transmitió a la Agencia Tributaria española, en escrupuloso cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de intercambio de información sobre datos fiscales. Y seguramente y con anterioridad también a Italia, que ha propiciado diversas fórmulas de amnistía fiscal. La entidad financiera afectada, por boca de su presidente, hubo de reconocer la realidad del hecho en marzo pasado, luego de haberla ninguneado dos años antes. Y desde 2007 hasta hoy, tres años después, hemos asistido a un pulso progresivo en torno al mantenimiento o no del secreto bancario en Suiza.

Fue toda una cadena. Suiza quería devolver el dinero robado. Angela Merkel accedió a comprar una lista con nombres de evasores fiscales en Suiza. UBS accedió a revelar la identidad de 4.500 evasores de impuestos en Suiza. UBS proporcionó a EEUU la identidad de evasores de impuestos en Suiza. Suiza y Luxemburgo protestaron por su presencia en la lista de paraísos fiscales. De ahí sobrevino una leve reforma del secreto bancario en Suiza, Austria y Luxemburgo.

 

Diez años del fin del secreto bancario suizo

El 13 de marzo de 2009, cuando Hans-Rudolf Merz anunció el fin del secreto bancario, las previsiones eran muy pesimistas para la plaza financiera, que perdió una potente ventaja competitiva. Diez años más tarde, el paisaje bancario suizo se encuentra profundamente remodelado, sin haberse derrumbado.

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