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Tras la andanada de críticas que provocara la información trascendida de que el MIDES había contratado a una agencia de estudios de opinión pública para comparar la imagen actual del ministerio con la del gobierno anterior, este sábado se ha anunciado por el propio ministro que la encuesta de marras ha sido cancelada.
La cancelación fue anunciada por Bartol en Twitter y en los mensajes emitidos señaló que en «declaraciones realizadas apenas asumimos la gestión, expresamos públicamente la necesidad de evaluar la imagen de la institución, como así también el conocimiento y el alcance sus programas sociales (…) Conversamos con expertos en investigación social y resolvimos encargar un trabajo específico, para conocer en profundidad, los aspectos más relevantes en materia opinión pública», explicitó, en lo que parece ser más una fundamentación de la decisión adoptada, que un reconocimiento del error que se le critica.
Por la misma vía, el ministro planteó, además que «en cualquier actividad profesional, la toma de decisiones se apoya en el manejo de datos internos y de opinión», insistiendo y resaltando así la línea argumentativa de la decisión.
Agregó que «en el transcurso de la planificación de la encuesta, surge la llegada del COVID-19 y de ahí en adelante, nuestro foco estuvo puesto en atender las necesidades de los sectores más vulnerables y más aún de identificar aquellas personas por fuera de los sistemas de cobertura social».
Relató, en otro mensaje del extenso hilo, cómo se produjo la llegada de la resolución adoptada en el Mides y las controversias desatadas a partir de la misma.
«No somos ajenos a lo discutible de la oportunidad y en virtud de la sensibilidad expresada por decenas de allegados de todas las orientaciones políticas, hemos decidido en conjunto con Armando Castaingdebat y Nicolás Martinelli cancelar la adjudicación de dicho trabajo de investigación», escribió el ministro.
La resolución que concitó tantas críticas suponía realizar un trabajo de investigación en modalidad de monitoreo de opinión pública sobre la forma en que se percibe, actualmente, el trabajo del ministerio de Desarrollo Social, su costo era de $ 390 mil más IVA.
Toda vez que esta información tomó estado público, las críticas invadieron las redes sociales y concitaron declaraciones del mismo tenor entre dirigentes del Frente Amplio y el partido Colorado.
