Trabajadores del gas reclaman intervención del gobierno

El sindicato reclama la intervención del Poder Ejecutivo ya que todos los intentos de acercamiento entre las partes han fracasado. Sostiene que la empresa no tiene ningún interés en negociar y que pretende retirarse del país. Mientras tanto el servicio corre peligro porque se mantiene sobre la base de horas extra.

Pablo Sequeira, dirigente de la Uaoegas, dijo a Caras y Caretas que la situación llegó al punto de no retorno “a raíz de los anuncios de la empresa en el ámbito tripartito del Ministerio de Trabajo, en el cual manifestó su postura de despedir a cuatro trabajadores y suspensión de otros 53 por 14 días con apercibimiento de despido, lo que supone casi un cese. Se está configurando una situación mucho más compleja de la que estaba planteada hace unos días. Tal como lo dijera el director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, “la empresa lo que está haciendo es tratar de apagar un incendio con nafta”.

Según fue evaluado en la directiva de la Uaoegas y en la asamblea que el sindicato realizó inmediatamente después de conocida la decisión de Petrobras, es que se está “prácticamente ante un lock out patronal. Estamos hablando casi de 90 despidos: 53 suspensiones con causal de despido, más cuatro despidos por haber acatado la decisión de control obrero, más los siete despidos de la otra semana, más los 30 que están anunciando en el marco de una reestructura. Acá hay un vaciamiento de la empresa”. Recordó que el personal total de Montevideo Gas es de 164 empleados.

“Por esta vía la empresa a lo que está llegando es a su ambición de contar con 50 trabajadores tal cual lo anunciara su presidente en 2011”, agregó. Recordó que en esa ocasión el jerarca había declarado que “esta empresa funcionaba con 50 personas. Eso se logra a través de estos mecanismos de despidos”.

A juicio de los trabajadores, con estas medidas adoptadas por la firma “se pone en riesgo el servicio, porque hoy estamos con el personal justo y hay tareas que no se realizan, o tareas que se realizan con horas extra como la guardia de emergencia. No es de locos pensar que en el futuro esta sea una empresa con la mitad del personal que tiene hoy. Por eso decimos que acá se está configurando una situación de lock out patronal y a la vez una represión antisindical. Decimos esto porque la mayoría de los trabajadores que hicimos el control obrero somos afiliados y fuimos suspendidos”.

Hacia la huelga

“Lo que definió la asamblea, en esta perspectiva en que no hay ningún tipo de avance y que los poderes públicos no se pronuncian, es que el 27 de mayo en caso de no haber salida arranca una huelga general”.

Agregó Sequeira que por el momento los servicios están funcionando con normalidad. “Las emergencias y la parte administrativa están alteradas por los paros rotativos, pero no se deja de atender al usuario”, subrayó.

“Si vamos a la huelga la parte de emergencia va a seguir funcionando, pero la parte administrativa y aquellos servicios que no sean de emergencia no serán atendidos”, agregó.

Sobre la actitud de los poderes públicos señaló que “la única instancia que hemos tenido con el Poder Ejecutivo fue el martes en el ámbito tripartito. En esa ocasión el director de Trabajo nos decía que ya este tema excede al ámbito ministerial. Es un tema que pasa al Poder Ejecutivo como tal”.

Sobre los reclamos de los trabajadores al Poder Ejecutivo recordó que le están pidiendo que intervenga porque “a esta altura el planteo ya no es que levantemos los seguros de paro y se abra un ámbito de negociación con la empresa para viabilizar la salida de Petrobras, porque ahora la realidad obliga a que se intervenga esta empresa, que se le dé salida, se levanten los despidos. Creemos que se deben tomar decisiones de fondo porque Petrobras está decidida a irse y a pasar por arriba del servicio público y de los trabajadores, ya no le interesa nada que tenga que ver con un ámbito de negociación. La medida de control obrero fue el 25 de abril y esperó 20 días para decidir el tema de las sanciones. Acá hay una clara intención de no negociar, de querer irse y de hacer todo lo que está a su alcance para destrozar al sindicato y al servicio público”.

“En algún momento el Ejecutivo se va a tener que pronunciar en forma clara y contundente”, sentenció.

Para la Uaoegas la actitud de Petrobras responde a las directivas emanadas de Brasil tras la destitución de Dilma Rousseff. “Con esta va la tercera huelga de hambre en un período de año y medio. Durante la primera, en diciembre de 2017, ya sosteníamos que este cambio de actitud de parte de Petrobras hacia los trabajadores y el Estado uruguayo tenía que ver con la salida de Dilma Rousseff del gobierno. Hubo un cambio en el relacionamiento con nosotros que tiene que ver con el cambio de gobierno. Ahí empezó el tema del congelamiento salarial, los envíos al seguro de paro, la denuncia de los convenios colectivos, las demandas arbitrales. O sea, un sinfín de hechos que tiene que ver con este cambio de actitud de la empresa y el cambio de gobierno en Brasil”.

Para los trabajadores el servicio se tiene que mantener porque es un servicio público. Recordaron que se mantiene vigente la ley 14.142 de diciembre de 1970 “cuando los ingleses se fueron y dejaron todo tirado y los trabajadores se hicieron cargo de las gestión con una cooperativa”. La ley establecía la intervención de la empresa y la conformación de un directorio que incluía a un delegado obrero. El Estado se hacía cargo de los servicios. “Será voluntad política desempolvar esa ley o se votará otra, o se hará cargo el Estado hasta que se encuentre a un inversor privado que se haga cargo. Lo lógico es que el gobierno tiene que intervenir ya”.

Mientras tanto, dos de los trabajadores de Montevideo Gas mantienen la huelga de hambre. El tercero fue retirado por prescripción médica. “Han perdido entre seis y siete kilos. Ya se siente el cansancio. Si bien tienen que caminar un poco, ya se cansan. Pero están bien de ánimo, aunque el desgaste físico se empieza a notar”