“Murió un hombre en situación de calle”, “lo encontraron muerto en el Centro de Montevideo”, “era una persona conocida por quienes trabajan en los programas del ministerio”, “se investigan las causas de su muerte”, informó la prensa el sábado 8 de mayo.
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El hombre que falleció se llamaba Alberto Núñez. Ningún medio de comunicación lo nombró, pero sus compañeros y compañeras lo reconocen. En diálogo con Caras y Caretas, una de las integrantes de la organización Ni Todo está Perdido, Paula Zamora, lo describió como “un compañero muy tranquilo que no era de tener problemas con nadie” y que “andaba en la suya”.
La muerte de Alberto sucedió a pocos días del anuncio del gobierno sobre un “cambio de rumbo” en el Ministerio de Desarrollo social, que tiene entre sus cometidos atender la problemática de la situación de calle. También sucedió unas semanas después de que el colectivo de personas en situación de calle, Ni Todo está perdido, lanzó la campaña «Ni una muerte más en situación de calle».
“¿Cuantas muertes se necesitan?”, se preguntó Nitep en un comunicado a la opinión pública que emitieron el pasado lunes 10 de mayo. “Dolor, tristeza y rabia, hoy lamentamos tu muerte compañero, siempre estarás en nuestros corazones”, expresaron.
Por otro lado, desde el colectivo, intentar buscar alguna explicación para entender por qué la gente sigue viviendo en la calle, tapada con cartones. La duda es legítima porque la situación de una persona viviendo y muriendo en la calle nunca debió naturalizarse. No debería ser legal permitir que alguien muera en la calle. Hay falta de garantías a derechos humanos básicos, abandono, indiferencia, negligencia, apatía, desidia. Alguien tendría que ir a la cárcel por estas muertes.
“Ni una muerte más”
El lunes 26 de abril el colectivo Nitep lanzó la campaña “Ni una muerte más en situación de calle” con el objetivo de solicitarle a las autoridades que se adelante la implementación del plan de invierno del Programa Calle.
La convocatoria a la actividad de lanzamiento se realizó bajo la consigna «otro invierno es posible» y recordando que «2020 fue un año especial: pandemia, femicidios, cambio de gobierno”. También señalaron que “hubo compañeros que se nos fueron por vivir en la intemperie, padeciendo el clima y sobre todo la marginalidad social». En 2020 murieron cuatro personas en situación de calle.
Para Nitep, la situación de calle no es una problemática individual, sino social. «La vida de nuestros compañeros es responsabilidad del Estado y de la sociedad toda», agregaron.
El colectivo también alertó sobre el aumento de gente en la calle a raíz de la crisis económica y sugirió que los refugios permanezcan abiertos 24 horas, manteniendo la modalidad de los domingos, para poder cumplir con las recomendaciones del MSP de “quedarse en casa” y mantener las burbujas.
Asimismo, plantearon la necesidad de contar con más espacios diurnos «que no sean un depósito de personas, sino lugares para desarrollar actividades dignificantes». También pidieron que se habiliten baños públicos y que se generen puestos de trabajo para sostener dichos servicios.
Zamora explicó que la campaña «Ni una muerte más en situación de calle» surgió a partir del trabajo que viene realizando el colectivo con la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República, intercambio del cual surgieron dos videos audiovisuales que buscan visibilizar la situación que padecen quienes habitan la calle.
«Lo que queremos expresar es que, más allá de los planes de contingencia y de la apertura de refugios, siguen faltando cupos. La realidad es que no hay lugar y las cifras de personas en situación de calle aumentan cada año», dijo recordando a Gustavo, quien murió en la calle luego de asistir a un refugio que no tenía plazas disponibles.
Por otro lado, recordó que el colectivo continúa su lucha por el derecho a habitar, lema que pronunciaron durante todo el año pasado: «Necesitamos habitar algún espacio, sea público o privado». «La realidad es que con la pandemia cada vez son menos los lugares donde podemos estar porque hay espacios públicos vallados».
Durante la presentación de la campaña, que estuvo a cargo de integrantes del colectivo, contaron de primera mano la problemática que padecen, recordaron a personas que fallecieron en situación de calle y expresaron cómo se sienten al respecto.
«Hoy y siempre proclamamos nuestra existencia legítima en el mundo. Reivindicamos nuestro derecho a la vida. Existimos. Somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. No nos mata el frío o el hambre, nos mata la indiferencia, la especulación del mercado, las políticas públicas insuficientes y la violencia de un sistema capitalista que nos descarta», expresó Susana.
El nuevo plan del Mides
Una semana después de la asunción de la nueva administración del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) encabezada por el expresidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, Presidencia anunció el nuevo programa de contingencia para personas en situación de calle que iniciará el sábado 15 de mayo. En este marco, la directora nacional de Protección Social, Fernanda Auersperg, informó la creación de 1.300 nuevos cupos en centros de atención (800 en Montevideo y 500 en el interior). También comunicaron que se contará con 150 plazas adicionales que brindará el Ministerio de Defensa ante aviso de olas de frío polar.
Por otro lado, el nuevo programa plantea “el incremento de la cantidad de móviles de atención en las recorridas habituales que realiza el Mides durante el día, así como la inclusión del horario de la noche, entre las 00.00 y las 06.00 horas”. Esta iniciativa, explicaron, busca “dar asistencia a los llamados que la ciudadanía realice al 0800 8798, las 24 horas del día, para reportar a personas en situación de calle a la intemperie”.
Para los días de frío polar, comunicó Auersperg, el plan de contingencia contará con dos ambulancias de ASSE que estarán a disposición del Mides para asistir a personas que se encuentren en riesgo sanitario. Los llamados para solicitar asistencia médica para personas en situación de calle se canalizaran a través del 105 (SAME).
Otra de las novedades anunciadas es la incorporación de “paradores nocturnos dispuestos por la sociedad civil, bajo la responsabilidad del Mides” que funcionarían durante los meses de julio y agosto. “Es una forma más de llegar a esa población que, a veces, no quiere acceder a las respuestas que damos”, explicó la jerarca.
Según las declaraciones de Auersperg, el plan de contingencia abarcará tres ejes diferentes: “alcance, diversificación y prevención”, aunque no se detalló mediante qué políticas o programas concretos.
Con más cupos no basta
Fiorella Ciapessoni, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quien acompañó el proceso de construcción de Nitep mediante el programa de extensión universitaria Trayectorias Integrales, brindó algunas consideraciones sobre la problemática que padecen quienes viven en el espacio público.
En primer lugar la docente reconoció que las muertes de personas en situación de calle se vienen registrando desde hace años, aunque no se releva información oficial al respecto. Esta situación, a su entender, contribuye a que la problemática quede ligada a lo individual. “Cuando muere una persona en situación de calle, se suele caer en explicaciones facilistas, como que falleció por no querer ir a los refugios o que estaba en la calle por consumo problemático de sustancias, evitando analizar la situación en su complejidad. La situación de calle es un resultado de diferentes fallas del Estado que se acumulan en la trayectoria de las personas vulneradas”.
“Las personas que viven en la calle hace muchos años, que muchas veces no quieren ir a los centros nocturnos, se enfrentan a múltiples violencias, ya sea estando afuera o adentro de las instituciones. Estamos hablando de trayectorias revictimizadas, violentadas y que padecen vulneración de derechos, dimensiones que no se tienen en cuenta al abordar el tema”.
La criminalización que sufre esta población, siguió Ciapessoni, también viene en aumento por lo que debería ser un tema de interés político. “El caso del hombre que prendieron fuego o aquel grupo que golpeaba con bates de béisbol a personas en situación de calle ya no son hechos aislados como se piensa. Eso también es vulneración de derechos, desprotección, y el Estado es responsable”.
Asimismo, hizo referencia a nuevos decretos que regulan el uso de espacios públicos y a construcciones pensadas para que las personas no puedan dormir o sentarse en ciertos lugares. “Todas esas decisiones agudizan y legitiman la criminalización hacia una población que ya padece una situación gravísima como es vivir en la calle. De esta forma, son doblemente vulnerados, excluidos y culpabilizados. A estas personas siempre se las está culpando de lo que le pasa”.
Ciapessoni remarcó la importancia de analizar la situación de calle desde una perspectiva multidimensional, que tenga en cuenta el aspecto psicosocial de las personas y que permita profundizar en políticas preventivas. “Lo que se está planteando es una política de mitigación basada en otorgar cupos en los centros de atención, cuando existe evidencia internacional de que ese tipo de medidas no solucionan el problema”.
Según la docente, para diseñar políticas sociales tendientes a solucionar la problemática, “es fundamental el enfoque de la vivienda como un derecho humano”. “Seguir pensando que las fallas están en la persona que llega a la situación de calle, es una visión reducida y caducada. Se trata de un problema complejo, en sostenido aumento, que requiere otra mirada y otro tipo de soluciones. En tal sentido, la docente enfatizó en la importancia de la prevención, sobre todo para quienes salen de las instituciones, y en la necesidad de distanciarse del sistema de refugios como solución. “Los centros nocturnos deberían ser una medida transitoria, pero no una política sostenida en el tiempo. Aumentan los cupos, pero seguimos en la misma lógica y el problema nos desborda”.
“La situación de calle es dolorosa, habla de una deshumanización e indiferencia hacia las otras personas. Cuando muere una persona en el espacio público, el Estado es responsable porque no solo falla al no garantizar una solución habitacional, sino que ni siquiera está garantizando el derecho a la vida”.