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Mundo ministra | ayuda alimentaria |

El shock y sus golpes bajos

Argentina: avanza causa penal contra ministra por interrumpir ayuda alimentaria

El problema afecta a más de 4 millones de personas y el Gobierno sigue negando los recortes en la ayuda alimentaria.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, deberá dar explicaciones a la Justicia por la falta de entrega de alimentos y fondos a comedores comunitarios.

La fiscala Paloma Ochoa le dio un plazo de diez días hábiles para que informe al detalle qué recursos destina a las organizaciones comunitarias que dan de comer en los barrios. También le requirió precisar qué destino tuvieron los fondos que recibió del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El problema es grave, ya que los responsables de los merenderos denuncian que llegaron al punto de revolver volquetas en el Mercado Central para no tener que cerrar.

Política de Gobierno

La decisión política del gobierno de Javier Milei fue dejar afuera de la entrega de alimentos a los comedores que dependen de las organizaciones sociales. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Piquetero, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, La Dignidad, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán y La Poderosa son sólo parte de las agrupaciones que se han visto afectadas. Algunos comedores y merenderos han tenido que cerrar, cuentan en las agrupaciones, y otros abren sus puertas con menos frecuencia. En este escenario, las cuatro millones de personas (en su mayoría niños, niñas y adolescentes) que se alimentan en estos espacios son las perjudicadas.

No es muy difícil confirmar la situación de los comedores y cómo trabajan. Desde que dejaron de recibir alimentos "secos", verduras y carnes en diciembre, hacen malabares para poder conseguir comida, administrarla y no cerrar sus puertas a quienes tienen hambre, algo que --como es evidente-- empeoró con la llegada del gobierno libertario.

Medida de amparo de ayuda alimentaria

En paralelo con la causa penal tramita un amparo impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación. Que proporcione fondos y alimentos a las organizaciones sociales. Después de idas y vueltas, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa admitió abrir el amparo.

Fuente: Página12