La justicia argentina analiza la responsabilidad de diez exmilitares y exgendarmes en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de un centenar de víctimas en la provincia de Corrientes a través del juicio oral más grande que afronta esta jurisdicción por los delitos imprescriptibles de la última dictadura (1976-1983).
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"Tenemos la oportunidad de iniciar este debate", anunció el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el comienzo del juicio este lunes.
Los tres jueces que integran el tribunal indagarán en el accionar de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía jurisdicción sobre otras tres provincias del noreste argentino: Chaco, Formosa y Misiones.
En esa región funcionaron varios centros clandestinos de detención, entre los que destaca el que fue emplazado en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, una dependencia militar que llevó a cabo la represión en la provincia.
En este juicio, en el que la Secretaría de Derechos Humanos actúa como querellante, los acusados son investigados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios contra más de 100 víctimas.
Éste es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Corrientes y además es el de mayor envergadura, por tener la mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Por dilaciones judiciales, transcurrieron casi cuatro años entre que la causa fue elevada a juicio y dio comienzo el debate.
Durante ese lapso, dos de los imputados fallecieron, y otros dos fueron apartados del proceso por problemas de salud.
Otro tribunal federal dio comienzo el viernes a un juicio oral que investiga la responsabilidad de 28 expolicías en delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1981 contra más de 300 personas en la provincia de Mendoza.
Argentina tiene en curso 15 juicios orales por delitos de lesa humanidad en todo el territorio.
Desde el regreso de la democracia en 1983, más de 1.100 genocidas fueron condenados por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
La labor de las entidades argentinas de derechos humanos permitió conocer con mayor profundidad la violación de los derechos humanos perpetrada por la última dictadura cívico-militar, que causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 hijos de opositores políticos nacidos en cautiverio.
(Sputnik)
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