En Argentina, una niña que había expresado su voluntad de interrumpir su embarazo, tras sufrir abuso sexual por su propio padre -actualmente detenido-, fue captada este fin de semana junto a su madre por la asociación civil provida denominada Grávida.
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Este hecho ocurrió en Santa Fe, con una niña de 12 años de edad que pidió abortar pero no llegó al hospital Iturraspe, donde tenía turno este lunes para acceder a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE/IVE), según informó Página 12. El caso es parte de un largo historial que tiene el vecino país de situaciones de similares características.
La niña y su madre son oriundas de la localidad de Garibaldi, ubicada a más de 100 kilómetros de la capital provincial, en el departamento Castellanos; por lo cual debían trasladarse hasta la ciudad de Santa Fe para que la niña pudiera acceder a la práctica. La madre había llegado a firmar el consentimiento para la intervención, requisito necesario para concretarla.
El secuestro ocurrió el pasado fin de semana, cuando Grávida "invitó" a la niña a una misa y luego la "alojó" en uno de los espacios asociados de la provincia santafesina. Las autoridades confirmaron que la niña junto con su madre se encontraban en un "sanatorio" privado de la ciudad; y la niña estuvo allí hasta que el Estado reconoció públicamente lo sucedido y "se comenzó" a actuar para proteger derechos ya vulnerados.
A través de un comunicado, el gobierno provincial responsabilizó a la organización antiderechos de retener a la niña para que no pueda acceder a la IVE. "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido, y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado", indica el documento.
Y agrega que: "Ante esa situación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes. De esta manera se da cumplimiento a lo consagrado en las Leyes nacionales y provinciales de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".
La organización
Grávida es un grupo provida que esta vinculado a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Se autodefinen en su web como un "servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable en la República Argentina".
Cabe destacar que la organización -que tiene financiación de organizaciones de la Iglesia Católica desde 2007- caracteriza sus acciones en su web, entre otras cosas como: "amor y respeto por la persona humana", "reconocimiento y respeto por su libertad" -si están acorde a su línea ideológica-, "sencillez y gratuidad en su modo de acompañar con prudencia y sigilo".
Sus referentes son voluntarios, religiosos y personal de la salud. Fue fundada en 1989 por el entonces Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. Sin embargo, la asociación reconoce la conducción de dos líderes: el sacerdote Bernardo Ruiz Moreno, que en su LinkedIn se presenta como "asesor nacional" de la entidad y en la web de Gravida es mentado como "Asesor Espiritual Fundacional"; y Diana Florez del Castillo, que figura con el cargo de "Directora Fundacional".
En 2018, ante el plenario de comisiones de Diputados que llevaba adelante las audiencias para la Ley de IVE, Florez del Castillo explicó que Grávida existía desde hacía 30 años y que "Estamos en 20 provincias, en 57 localidades". En aquella audiencia detalló cómo ella misma había logrado que una chica de 12 años que sufrió un abuso y que quería abortar, desistiera. Esa nena, dijo Florez del Castillo ante diputadas y diputados, al embrión "lo dejó nacer, le puso nombre, dejó que una familia lo amara y protegiera. Y hoy empezó a planificar su fiesta de 15". En esa misma audiencia pública, un médico de la ONG, Mariano Ghilardi, buscó provocar con un video de un presunto "aborto quirúrgico"; y una voluntaria de Gravida, Lorena Bauza, aseguró que había sido "una persona en riesgo de no nacer".
En ese tiempo, Grávida y sus referentes utilizaban de manera frecuente a la expresión "embarazos inesperados" y aseguraban que los asistían, que eran un "centro de asistencia a la vida naciente", o a las "embarazadas en dificultad y a la vida por nacer". Sin embargo ahora, con la Ley 27.610, se redefinieron como "un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable". En su propia web explica que, como parte de la misión de "orientación, contención, promoción y acompañamiento de la mujer embarazada y de la mamá con su hijo recién nacido", brindan "visitas domiciliarias".
Otra de las estrategias que utilizan para adherir personas a la asociación es la "capacitación especializada", en la que participan curas y profesionales de la salud. Dirigida a voluntarios deseosos de ser "Consejeros del Programa de Sanación Raquel", una práctica basada en la idea de que es preciso atender y "sanar las heridas del aborto", para lo cual organizan retiros espirituales.
Grávida participó del intento de hacer que el Estado argentino financiara una "Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable". Cuya iniciativa había sido presentada en sociedad con un gran acto en el Congreso en 2019, y que buscaba hacer a gran escala la captación que se llevo a cabo con la niña de Santa Fe. Esa vez, el proyecto terminó frustrándose cuando Página 12 dio cuenta del convenio que las entidades habían llevado adelante, violando normativas nacionales, con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a cargo en su momento de Carolina Stanley.