Susana Beatriz Montoya, de 74 años, fue asesinada el viernes 2 de agosto en su hogar en el barrio Ampliación Poeta Lugones, al norte de la ciudad de Córdoba. El cuerpo de Montoya mostraba claros signos de violencia: la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y un corte fatal.
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Las amenazas mafiosas que había recibido su hijo
Quien encontró el cuerpo de Montoya en el patio de su casa fue su hijo, Fernando Albareda, militante de la agrupación de derechos Humanos HIJOS. En diálogo con el diario La Voz, Fernando aseguró que en una pared de la casa encontró una pintada en la pared con una amenaza escrita con lápiz labial que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. Policía”.
Albareda venía siendo víctima de fuertes amenazas contra él y su familia desde hace varios meses, sobre todo desde la llegada al gobierno de Javier Milei y el discurso procesista y negacionista de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les dí bola. Pero ahora parece que han vuelto, que están rompiendo todos los códigos”, sostuvo tras el hecho.
El 8 de diciembre del año pasado, Fernando Albareda recibió fuertes copn simbología nazi y amenazas en su domicilio. Encontró carteles con esvásticas y seis proyectiles de armas de fuego junto a mensajes intimidatorios que decían: “Sos hijo de Terrorista. Se te terminaron los amigos de la Policía. No vayas más a la EZC (escuela) ni a la Jefatura. Va a morir. Te vamos a juntar con tu papito”.
El padre de Fernando (y esposo de Montoya) era Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP desaparecido durante la última dictadura.
En aquel momento, al ser consultado por Página 12, no dudó en vincular el episodio a la llegada del negacionismo al poder. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, explicó.
Su esposo había sido torturado por sus compañeros policías
Albareda padre fue secuestrado el 25 de setiembre de 1979 por la patota policial D2, cuya sede se encontraba al frente de la Catedral de Córdoba, en pleno centro de la capital mediterránea; y luego fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo” o “La Casa de Hidráulica”.
Al momento de ser “chupado” por sus propios compañeros de uniforme, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. Allí, por orden del titular del D2, Raúl Telleldín, y de miembros de la patota Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante, fue torturado (lo castraron) y murió desangrado.
Desde la vuelta de la democracia, Fernando se encargó de llevar acciones para la reparación del legajo de su padre a partir de la ley provincial sobre reparación histórica. Tras una larga lucha, en mayo de este año, el gobierno de Córdoba decretó el “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”, por lo que Ricardo Albareda logró de manera póstuma el grado de Comisario.
El caso reviste especial particularidad porque se trata del único en el que la Policía reconoce haber sido autora de un delito de lesa humanidad.
Fernando convivió con las intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.
“Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, sostuvo en diálogo con Página 12.
Cautela y alarma en las organizaciones de Derechos Humanos.
Mientras se esperan las primeras pericias diligenciadas por la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger, desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos (DD.HH.) de Córdoba se espera que en la próximas horas haya un pronunciamiento oficial sobre el asesinato de Montoya. "Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción", dijeron ayer desde en un comunicado conjunto los organismos de DD.HH. de Córdoba.
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