Entre los invitados, el doctor en Derecho Constitucional Hédio Silva Jr., de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, subrayó que ya existe un respaldo constitucional y jurídico para las políticas de acción afirmativa en Brasil. Según explicó, la Convención Interamericana contra el Racismo, ratificada por el país, exige mecanismos efectivos para su cumplimiento.
“No es posible que Brasil implemente un tratado internacional y no garantice la efectividad de ese tratado sin un fondo que pueda sostener las obligaciones que el país asumió, tanto en el plano internacional como en el interno”, afirmó el jurista.
El avance de Brasil
Desde la sociedad civil, la directora de la organización Plataforma JUSTA, Eliane Barbosa, recordó que Brasil ya ha avanzado en materia legislativa con instrumentos como el Estatuto de Igualdad Racial, pero que aún falta consolidar una estructura financiera que haga posibles las políticas públicas.
“Existe un compromiso de la sociedad con este tema y debemos hacerlo valer. Deseamos que la PEC 27 se convierta efectivamente en una enmienda y constitucionalice este asunto que, para nosotros, es tan importante”, expresó Barbosa.
La discusión sobre el Fondo Nacional de Igualdad Racial se inscribe en un contexto más amplio de revisión de las políticas de reparación y justicia racial en el país. Con la PEC 27/24, el Congreso brasileño busca dotar de sustento económico permanente a las iniciativas que promuevan la equidad racial, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Dictamen en puerta
La Comisión Especial continuará recibiendo aportes técnicos y políticos en nuevas audiencias antes de emitir su dictamen sobre el proyecto, que podría marcar un nuevo paso en la institucionalización de las políticas de igualdad racial en Brasil.
