La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó a Perú que informe, antes del 6 de diciembre, sobre el cumplimiento de la sentencia que emitió en contra del expresidente de ese país Alberto Fujimori (1990-2000), acusado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, que impide su liberación. El exmandatario fue presidente de Perú entre los años 1990 y 1992, y de facto entre 1992 y el 2000.
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"Siguiendo instrucciones del presidente del Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la resolución de 7 de abril de 2023", dijo el tribunal en un documento que lleva la firma del secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, y que fue difundido por el diario oficial El Peruano.
Fujimori, de 85 años de edad, cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. El expresidente peruano fue condenado en abril de 2009 por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Cumple su condena en una cárcel dentro de una base policial en el este de Lima.
El expresidente podría salir libre en las próximas 48 horas debido a que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú dispuso este martes remitir al juzgado donde se originó un ‘habeas corpus’ presentado por Fujimori, la decisión de restablecer el indulto del expresidente peruano otorgado en 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y que fue anulado por el Supremo de ese país en 2018, luego de haberse hallado vicios en su concesión, por lo que Fujimori debió retornar a prisión.
En 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender el recurso de hábeas corpus, sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, la Corte IDH ordenó el 7 de abril de 2022 al Estado peruano no liberarlo.
Además de la condena a 25 años de prisión, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
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