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Mundo

Violencia

Cristina y Alberto Fernández condenaron represión en Jujuy

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó al gobernador Gerardo Morales por la brutal represión en Jujuy.

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Las protestas contra una reforma constitucional en la provincia argentina de Jujuy continuaron este martes pese al anuncio oficial de la derogación de dos artículos sobre las tierras de los pueblos originarios, publica el diario Página/12. Cristina Fernández criticó el accionar desmedido del gobernador Gerardo Morales quien mientras su policía volvía a reprimir en las calles responsabilizó al gobierno nacional por el caos que se vive en esa provincia.

"Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado", le contestó la vicemandataria.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1671201214535544849

Cristina señaló que "la represión salvaje" está en el ADN de Morales. "Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos", recordó y pidió que "no mienta más".

Por su parte el presidente Alberto Fernández salió al cruce de las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El jefe de Estado afirmó que la reforma de la Constitución jujeña “no respeta” la Carta Magna nacional, le exigió “el cese inmediato de la represión” y sugirió que el Poder Ejecutivo nacional no intervendrá en lo que allí ocurre, salvo para “garantizar la convivencia y el respeto por los derechos humanos”.

Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional”, sentenció Alberto Fernández minutos después de la insólita declaración de Morales publicada en las redes sociales.

Los reclamos continúan

Las manifestaciones, emprendidas el 5 de junio en la urbe noroccidental por el sector educacional en demanda de mejoras salariales, integran ahora a una mayoría de indígenas de toda la región, 157 de cuyas 300 comunidades fueron las únicas en refrendar la nueva Carta Magna.

Acorralado por los bloqueos, el gobernador Gerardo Morales dio una marcha atrás que no detiene la protesta”, mientras las autoridades anuncian para este martes la votación sobre la citada reforma constitucional, y las protestas indígenas exigen su derogación total. Los artículos revocados, tras 15 días de protestas y tres de cortes de rutas, son sobre explotación de las tierras ocupadas por los originarios, en espera de “mecanismos de consulta y participación” hacia una legislación que aprueben las comunidades”, pero algunos observan la persistencia oficial a negar ese derecho.

Las comunidades de los pueblos originarios anunciaron su retorno al cierre de las rutas, luego del anuncio en rueda de prensa del gobernador sobre las modificaciones, en tanto el resto de la población observa con incertidumbre la votación este martes de la nueva Carta Magna, coinciden los medios.

"La reforma de la Constitución significa un despojo para nuestros pueblos", expresó el líder indígena Armando Quispe, movilizado en Purmamarca, quien describe que “apenas el 12 por ciento de las comunidades indígenas tienen títulos de propiedad comunitaria”.

Según Página/12, Morales soñaba con dar muestra de poder este martes mediante la jura de la Constitución, reformada a su gusto, pero no contaba con la repercusión que alcanzaría la brutal represión policial con balas de goma, que causaron varios heridos graves y extirparon un ojo a un joven de 17 años.

Algunos consideran este como el hito inicial de una escalada final de protestas, que comenzaron siendo sectoriales para acabar atravesando a la sociedad jujeña de manera vertical, en tanto varios turistas denunciaron el desaforado maltrato policial.

Las primeras movilizaciones el 5 de junio fueron respondidas con violencia por el Gobernador, quien firmó un decreto para legitimar la represión y autorizar sanciones penales contra los manifestantes, que, al final, lo obligaron a derogar ese documento oficial.

El decreto del también aspirante presidencial por la coalición Juntos por el Cambio fue rechazado por organizaciones sociales y políticas como la Confederación General del Trabajo, que asoció el texto a "momentos históricos nefastos" de la historia del país.

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