En el marco de su proyecto de “desguace del Estado”, el gobierno de Javier Milei tomó una medida que impacta de lleno en la autonomía económica argentina, suspender la impresión de billetes en la histórica Casa de Moneda, entidad encargada de la emisión de papel moneda y acuñación de monedas desde 1875. La decisión afecta a 1.300 trabajadores que hoy ven tambalear su futuro laboral y despierta alarmas sobre el alcance de esta intervención estatal y su impacto en la soberanía económica nacional.
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Milei suspendió la impresión de billetes en la histórica Casa de Moneda.
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La administración de Milei ya había anticipado una “reestructuración” de la Casa de Moneda al inicio de octubre, pero la situación dio un giro radical cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó la rescisión de contratos que tenía con la entidad. El comunicado justificó la medida señalando los elevados costos, las demoras y los incumplimientos en la provisión de billetes de baja denominación, como los de 1.000 y 2.000 pesos, que debido a la inflación han perdido valor y, por consiguiente, utilidad en el mercado cotidiano. Actualmente, se estima que circulan en Argentina casi 12.000 millones de billetes, una cifra que sobrepasa el espacio de almacenamiento y añade problemas logísticos.
El Ejecutivo decidió, además, que la provisión de billetes proceda en gran medida del exterior, específicamente de países como China, donde se producen los billetes argentinos que circulan en el mercado. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el sindicato condenó la intervención como un atentado directo contra la soberanía económica de Argentina: “El Gobierno sigue atacando nuestra soberanía económica”, expresó la agrupación y señaló que esta importación de billetes es un paso más hacia la dependencia financiera.
La instrucción dada a los trabajadores fue clara, se detendrán todos los procesos productivos y se les solicitará tomar vacaciones mientras dure esta intervención. En paralelo, Manuel Adorni, portavoz del Ejecutivo, defendió la decisión afirmando que la Casa de Moneda requiere “eficiencia”, especialmente frente a un costo elevado de impresión de billetes de baja denominación. Asimismo, subrayó que la intervención, inicialmente dispuesta por 180 días, es indispensable para abordar problemas de infraestructura, maquinaria obsoleta y una deuda acumulada que ronda los 400 millones de dólares.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su junta interna en la Casa de Moneda, cuestionó al gobierno de Milei por llevar a la empresa a “un punto de no retorno”. “Las herramientas fundamentales de una economía independiente se ven amenazadas de extinción por una ideología que prefiere importar billetes de otra parte del mundo en vez de defender su propia industria y soberanía”, indicó.