Las acusaciones describen distintos métodos de tortura, entre ellos descargas eléctricas, golpes y asfixia. Los fiscales estadounidenses sostienen además que Maduro habría aprobado determinados métodos de tortura, recibido información sobre el tratamiento de víctimas y observado un video de una confesión obtenida por la fuerza.
El documento también señala a Flores, quien fue diputada y fiscal general de Venezuela, como parte del sistema represivo y sostiene que ordenó la tortura de determinadas personas. La acusación afirma que miles de venezolanos fueron perseguidos, amenazados, detenidos, procesados, golpeados, torturados o asesinados por personas que actuaban bajo las órdenes del gobierno de Maduro.
También ciudadanos estadounidenses
La nueva acusación incluye referencias a ciudadanos de Estados Unidos que habrían sido torturados durante su detención en Venezuela. De acuerdo con AP, uno de ellos habría sufrido golpes, descargas eléctricas y habría sido obligado a ingerir su propio vómito durante ocho meses de prisión. Otro habría sido golpeado hasta requerir una extensa hospitalización y un tercero habría sufrido una lesión permanente en un ojo tras permanecer encapuchado, esposado y ser golpeado reiteradamente.
La Fiscalía estadounidense también vincula las acusaciones con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los organismos de seguridad venezolanos señalados durante años por organizaciones de derechos humanos por abusos contra detenidos.
El caso se suma a las acusaciones por narcotráfico que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos. Ambos se declararon no culpables de esos cargos y sus abogados han cuestionado la jurisdicción estadounidense, alegando inmunidad por la condición que tenían en Venezuela.
Maduro y Flores permanecen detenidos
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde enero, cuando fueron secuestrados por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha defendido aquella operación como una acción de aplicación de la ley.
En paralelo a la presentación de los nuevos cargos, un juez federal rechazó este jueves el pedido de Flores para abandonar la cárcel y cumplir prisión domiciliaria por razones de salud. Sus abogados habían argumentado que necesita atención médica y una posible intervención cardíaca, mientras que los fiscales consideraron que existe un elevado riesgo de fuga.
El juicio de Maduro y Flores está previsto para comenzar el 1.º de junio de 2027. De ser declarados culpables, enfrentan penas que podrían llegar a cadena perpetua; Reuters señaló además que la nueva acusación contempla un mínimo obligatorio de 50 años de prisión.