El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que el 24 de mayo cumplirá dos años de gestión, es acusado de un delito de cohecho, al no haber suspendido un contrato entre la empresa estatal Flopec y Amazonas Tankers para el transporte del crudo ecuatoriano.Por tal motivo, este martes inicia el juicio político en su contra.
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Esto pese a que fue advertido de que el hecho era lesivo para el país, con un perjuicio estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado. La defensa alega que el contrato en cuestión se firmó en 2018, dos años antes de la toma de posesión del político.
Para la destitución de Lasso se requiere el voto de 92 de los 137 legisladores y legisladoras.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ratificó este lunes 15 que el presidente acudirá a la Asamblea Nacional el martes 16 para defenderse.
Finalizada su participación, Lasso, deberá salir del plenario para comenzar el debate entre los legisladores.
Ese momento podría prolongarse por varios días, debido a que los 137 asambleístas tienen derecho a hablar por 10 minutos cada uno.
Una vez concluida la discusión, se convocará a otra sesión días después para resolver definitivamente, con base a las pruebas de cargo y descargo, si aprueban o no la destitución del presidente.
El martes pasado, 88 legisladores votaron a favor de realizar el juicio político, sólo cuatro votos menos de los 92 necesarios para sacar del poder al jefe del Ejecutivo.
En caso de llegar a la cantidad suficiente para censurarlo, deberá asumir el vicepresidente, Alfredo Borrero, por el tiempo restante del actual periodo, o sea, hasta 2025.
Mientras el Gobierno asegura que el mandatario es inocente, el enjuiciamiento tiene lugar en medio de un contexto de rechazo popular a Lasso, con más del 80 por ciento de desaprobación a su gestión, según las encuestas.
Organizaciones sociales convocan a la ciudadanía a manifestaciones este martes en las afueras de la Asamblea para exigir a los legisladores la aprobación del juicio y la destitución de Lasso.
Por su parte, el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, afirmó que está listo el decreto para aplicar la denominada muerte cruzada, si el gobernante decidiera utilizar esa herramienta constitucional para disolver el Legislativo y anticipar elecciones.