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ASOCIARMEUn concejal del PP de Benalmádena insultó a MariCarmen una anciana de 87 años desahuciada que murió: una agresión machista que exige una rectificación pública.
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Un concejal del PP de Benalmádena insultó a una anciana de 87 años desahuciada que murió: una agresión machista que exige una rectificación pública.
Para una mujer de 87 años, perder su casa puede significar mucho más que cambiar de domicilio: puede ser la ruptura brutal de una vida entera, pero además calificarla de “puta sinvergüenza” y afirmar que tenía “miles de euros en el banco”, como ha hecho un concejal del PP, es una expresión de desprecio personal, de violencia verbal y de degradación del debate público que exige una respuesta clara.
Llamar “puta” a una mujer no es un insulto neutro. Tiene una carga machista específica: intenta desacreditarla no por sus argumentos o sus actos, sino mediante una referencia sexual degradante. Es una forma de violencia verbal que busca producir vergüenza, aislamiento y silenciamiento. Su mensaje implícito es que la mujer insultada merece ser rebajada públicamente y que su palabra, su dignidad o su participación política pueden ponerse en cuestión por el mero hecho de ser mujer.
Una vivienda no es solo una propiedad, una cuenta de resultados ni un activo financiero. Es el lugar donde una persona envejece, conserva sus recuerdos, organiza sus cuidados, sostiene su autonomía y mantiene sus vínculos con el barrio. Para una mujer de 87 años, perder su casa puede significar mucho más que cambiar de domicilio: puede ser la ruptura brutal de una vida entera.
Por eso, hablar de desahucios desde la frialdad, la sospecha o el insulto no es simplemente una falta de educación. Es un fracaso moral y político. Convierte a la víctima de una crisis habitacional en culpable de su propio sufrimiento; reduce a una anciana a un bulo sobre dinero en el banco; y desplaza el foco desde la obligación institucional de proteger el derecho a la vivienda hacia la humillación de quien ha quedado desprotegida.
Según las informaciones publicadas, José Luis Bergillos, concejal de Vivienda del PP en Benalmádena, calificó a Mari Carmen de “puta sinvergüenza” y afirmó que tenía “miles de euros en el banco”, durante una reunión del Consejo Sectorial de Vivienda. Posteriormente pidió disculpas y dijo haber cometido “un grave error”; Mari Carmen había fallecido tras su desahucio, mientras estaba hospitalizada.
La actuación del concejal, al dirigirse a Maricarmen con el insulto de “puta”, no constituye una simple salida de tono ni un episodio menor de confrontación política. Es una expresión de desprecio personal, de violencia verbal y de degradación del debate público que exige una respuesta clara. Quien ocupa un cargo de representación no puede utilizar el insulto machista como instrumento de discusión, ni convertir una diferencia, una crítica o un conflicto político en una agresión contra la dignidad de una mujer.
El hecho es especialmente grave porque no procede de un ciudadano anónimo en una conversación privada, sino de un representante público cuya conducta posee una evidente dimensión institucional. Un concejal no solo expresa opiniones individuales: con sus palabras proyecta una forma de entender el poder, las relaciones humanas y el respeto que merece la ciudadanía. Llamar “puta” a Maricarmen equivale a intentar rebajarla públicamente mediante un término históricamente utilizado para estigmatizar, humillar y disciplinar a las mujeres. No se critica una conducta, una decisión o una idea; se ataca a la persona desde una categoría sexualizada y denigrante.
Este comportamiento no debería interpretarse de manera aislada. Al contrario, plantea una pregunta inevitable: si un concejal se permite emplear un insulto de esta naturaleza contra una ciudadana o adversaria, ¿desde qué valores orienta el resto de sus actuaciones políticas? La gravedad no se limita a la palabra pronunciada, sino a lo que revela sobre su concepción de la función pública.
La utilización de un insulto machista puede ser indicativa de una política basada en el abuso simbólico, la descalificación del discrepante y la imposición de una superioridad moral sobre quien piensa, habla o actúa de otro modo. No es posible afirmar que todas sus decisiones respondan necesariamente a esa misma lógica sin analizar cada una de ellas. Pero sí es legítimo exigir que sus actuaciones presentes y futuras sean examinadas con especial rigor, porque este episodio genera una duda fundada sobre su capacidad para ejercer el cargo con respeto, imparcialidad, prudencia y vocación de servicio al conjunto de la ciudadanía.
Cuando la política se ejerce desde la humillación, la confrontación permanente y el desprecio hacia el otro, el interés común corre el riesgo de quedar relegado. Las decisiones públicas pueden terminar subordinadas a la defensa de intereses de grupo, redes de poder o sectores privilegiados, mientras la retórica del enfrentamiento sirve para movilizar apoyos y desviar la atención de los problemas reales.
El insulto contra Maricarmen encaja en una lógica de polarización afectiva: una dinámica en la que el desacuerdo deja de ser una parte normal de la democracia y se vive como una amenaza personal o moral. El adversario ya no es alguien con quien se puede debatir; se convierte en alguien a quien hay que desacreditar, ridiculizar y expulsar simbólicamente del espacio público.
Esta polarización se basa en una visión estrecha y maniquea de la moral. El mundo político se divide entre “los nuestros”, presentados como los únicos legítimos, y “los otros”, tratados como corruptos, indignos o peligrosos. Bajo esta lógica, la crítica deja de ser un derecho democrático y se interpreta como una traición; la discrepancia se convierte en enemistad; y la respuesta no es la argumentación, sino el insulto.
Es un camino peligroso. Una sociedad dividida en bandos moralmente antagónicos pierde la capacidad de deliberar, negociar y convivir. Las instituciones democráticas empiezan a funcionar como trincheras desde las que cada bloque combate al otro, no como espacios para resolver colectivamente los problemas de la población. El resultado es una democracia más frágil, más hostil y menos capaz de atender el interés general.
Llamar “puta” a una mujer no es un insulto neutro. Tiene una carga machista específica: intenta desacreditarla no por sus argumentos o sus actos, sino mediante una referencia sexual degradante. Es una forma de violencia verbal que busca producir vergüenza, aislamiento y silenciamiento. Su mensaje implícito es que la mujer insultada merece ser rebajada públicamente y que su palabra, su dignidad o su participación política pueden ponerse en cuestión por el mero hecho de ser mujer.
Por ello, este tipo de agresión verbal trasciende a Maricarmen, aunque ella sea su destinataria directa. Envía un mensaje intimidatorio al conjunto de las mujeres: participar, disentir o confrontar a determinadas figuras de poder puede traer consigo una respuesta sexista y humillante. Normalizar ese lenguaje significa aceptar que el espacio político siga siendo hostil para quienes no encajan en determinadas jerarquías de género, poder o pertenencia partidista.
Quien ejerce una responsabilidad pública debería contribuir a erradicar ese clima, no a reforzarlo. Su obligación no consiste en ganar una discusión a cualquier precio, sino en preservar unas condiciones mínimas de respeto, igualdad y dignidad. Cuando un concejal utiliza un insulto machista, degrada su propia función y deteriora la institución a la que representa.
La gravedad de los hechos aumenta cuando una parte del entorno político o social decide justificarlos, relativizarlos o responder con ataques contra la persona agredida. Ninguna afinidad partidista debería convertir el insulto sexista en algo aceptable. No basta con defender a “los nuestros” por pertenecer al mismo bloque; una ciudadanía democrática debe ser capaz de exigir responsabilidades también a quienes considera próximos.
Aquí aparece el problema del seguidismo acrítico o “voto ovejuno”: la renuncia a evaluar los hechos con autonomía moral e intelectual. El ciudadano deja de preguntarse si una conducta es compatible con la dignidad del cargo y pasa a preguntarse únicamente si beneficia o perjudica a su partido. Si el agresor pertenece al grupo propio, se minimiza el ataque, se cambia de tema, se desacredita a la víctima o se culpa al adversario de haber provocado la situación.
Ese comportamiento vacía la democracia de contenido. Los partidos dejan de responder ante ciudadanos exigentes y pasan a apoyarse en electorados cautivos, dispuestos a justificar incluso lo injustificable. Como se atribuye a Sigmund Freud, “si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos”. La lealtad política no puede exigir la suspensión de la conciencia crítica.
La cuestión no es negar la existencia de discrepancias políticas, ni reclamar una convivencia artificial basada en el silencio. La democracia necesita discusión, oposición y conflicto de ideas. Pero ese conflicto debe tener límites: el respeto a la dignidad de las personas, el rechazo a la violencia verbal y la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía.
Por eso, ante el insulto dirigido a Maricarmen, cabe exigir una explicación pública, una rectificación inequívoca y una disculpa sin excusas ni desvíos. No sirven fórmulas ambiguas, justificaciones basadas en el contexto ni intentos de presentar la agresión como una mera anécdota. La responsabilidad política empieza por reconocer el daño causado y por comprometerse a no repetir conductas incompatibles con la representación democrática.
El debate de fondo no es únicamente lo que un concejal dijo a una mujer concreta. Se trata de decidir qué tipo de vida pública se acepta: una basada en el respeto, la igualdad y la argumentación, o una en la que el insulto machista, el sectarismo y la humillación se normalizan como armas legítimas. Defender a Maricarmen frente a esta agresión es también defender el derecho de todas las personas a participar en la vida democrática sin ser degradadas por su sexo, sus ideas o su posición política.
Petri Rogero Anaya / J Luis Carpintero Avellaneda. Profesionales sanitarios jubilados y exprofesores de la UMA.
