Familiares de Villavicencio denuncian a Guillermo Lasso

Villavicencio fue asesinado la semana pasada en Quito, y sus familiares alegan que el Estado ecuatoriano no garantizó su seguridad, a pesar de las amenazas previas que había recibido.

La denuncia, que también incluye a funcionarios clave del gobierno, se basa en la presunta omisión dolosa por parte de las autoridades encargadas de su protección.

Los denunciantes afirman que el Estado no cumplió con su deber de garantizar la vida de un candidato presidencial, lo que constituiría un delito de asesinato según su interpretación.

Entre los funcionarios mencionados en la denuncia se encuentran el Ministro del Interior, Juan Zapata; el Director General de la Policía Nacional, Fausto Salinas; el Director de Inteligencia Policial, Manuel Samaniego; y el oficial a cargo del operativo de seguridad del candidato.

El abogado de la familia, Marco Yaulema, enfatizó que las acciones de seguridad tomadas en el evento donde Villavicencio fue asesinado fueron insuficientes y que existieron inconsistencias en la versión oficial.

Señaló que no hubo una adecuada inteligencia previa ni protección para el candidato, lo que pone en duda las afirmaciones de las autoridades sobre la existencia de tres anillos de seguridad.

En relación a la denuncia, el Ministro Zapata comentó que respetan el derecho de la familia a presentarla y que están a la espera de los resultados de la investigación interna sobre las presuntas fallas en el procedimiento policial. Hasta que se emita un informe oficial, el ministro se abstiene de hacer comentarios adicionales sobre el caso.

El asesinato de Fernando Villavicencio y las acusaciones de negligencia por parte de las autoridades han generado controversia en Ecuador y han resaltado la importancia del papel del Estado en la protección de los candidatos y figuras públicas en el proceso electoral.