La represión de las fuerzas policiales y militares en Perú, que ha dejado al menos 39 muertos, 17 de ellos en la masacre de Juliaca, tuvo en las últimas horas insospechadas derivaciones y ponen a la presidenta Dina Boluarte en una complicada situación. Este martes la Fiscalía dispuso iniciar una investigación contra la mandataria, el primer ministro, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales en contra del gobierno.
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Fiscalía dispuso iniciar investigación preliminar “por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho", publicó el Ministerio Público en la red social Twitter.
Asimismo, el Ministerio Público informa que la investigación también se hará contra Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, exministro del Interior.
El gobierno de Perú declaró el 14 de diciembre el estado de emergencia nacional a causa de las protestas que exigen la salida de Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones tras la destitución de Pedro Castillo (2021-2022) a principios de ese mes.
Al menos 39 personas han fallecido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias zonas del país, de las cuales 17 murieron el lunes en el departamento de Puno, en una de las jornadas más violentas desde que comenzaron las protestas.
Más temprano el martes, Otárola anunció un toque de queda por tres días en el departamento de Puno.
El lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que visitará Perú desde este jueves y hasta este sábado, para recabar información sobre posibles violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
(Vía Sputnik)
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