Un juez federal argentino rechazó dos amparos que se habían presentado para declarar inconstitucional un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno del presidente, Javier Milei, que pretende modificar o derogar 366 leyes para desregular distintos sectores de la economía.
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"Fallo: rechazando la presente acción de amparo, con costas a la parte actora vencida", señala una de las resoluciones emitida por el magistrado en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico a la que tuvo acceso la Agencia Sputnik.
Según el magistrado, la solicitud de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad no pone "en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión".
El otro pedido de amparo que también rechazó el juez fue interpuesta por el consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Rizzo, quien manifestó su malestar por la decisión de Lavié Pico.
"En una demostración de celeridad total, el juez Lavié Pico nos rechazó el amparo", confirmó Rizzo en las redes sociales.
El consejero adelantó que apelará el fallo de primera instancia a través de un per saltum (salto de instancia), una herramienta que permite saltearse las instancias intermedias para acudir directamente ante el máximo tribunal del país, la Corte Suprema.
"El último escrito se presentó hoy 02.00 hora local, despacharon y pasó a sentencia; en tres horas salió (el fallo del) observatorio y la nuestra (...) récord mundial de velocidad", objetó el abogado.
Esta posibilidad, que quedará restringida a partir de ahora, era una "mecánica que utilizaban muchas veces (los gobernadores de las provincias) para hacer frente a necesidades financieras urgentes", observó el funcionario.
Megadecreto controvertido
El DNU, presentado por el presidente el 17 de diciembre, a una semana después de haber asumido su cargo, entró en vigor el 29 de diciembre.
En pleno verano austral, el juez Lavié Pico levantó a principios de enero la feria judicial para que se pudieran analizar los amparos de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia del jefe de Estado, lo que fue apelado por la Procuración del Tesoro.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió a comienzos de enero la aplicación de las reformas laborales incluidas en el capítulo IV del megadecreto, al aceptar un recurso interpuesto por la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), las principales centrales obreras del país.
El fallo del tribunal, que alegó que en el DNU no estaban acreditadas la necesidad o la urgencia para sortear al Congreso, que es el organismo que debe legislar, deja en suspenso las normas que modifican las leyes laborales vigentes mientras no haya una sentencia final.
La Corte Suprema se expedirá al respecto en febrero.
El DNU del presidente Milei, entre varias cuestiones, elimina varios controles de precios, habilita la privatización de empresas públicas y deroga una ley que limita la concentración y extranjerización de tierras rurales.
Además reforma el Código Aduanero para facilitar exportaciones, autoriza la cesión del paquete accionario total o parcial de la compañía Aerolíneas Argentinas y desregula los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, del multimillonario Elon Musk.
(Sputnik)