Este 1 de marzo de 2023, se realiza la “Segunda toma de Lima”. Un grupo de pobladores de Puno, de las provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo llegó a la capital de Perú con el fin de reactivar las manifestaciones que buscan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y convocar a nuevas elecciones generales.
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A esta nueva ola de protestas está liderada por organizaciones sociales que vendrán desde la ciudad sureña de Puno.
Según la edición regional sur del diario La República, el presidente del Frente de Defensa Aimara y de los Recursos Naturales de Puno, Edgar Chura, desmintió versiones policiales sobre supuestos planes de los marchistas de tomar instalaciones estratégicas de la capital e incurrir en vandalismo como un ataque a la casa de Boluarte.
Chura confirmó que está previsto iniciar las marchas que escalarían la protesta iniciada el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, y que ha registrado 48 muertes en disturbios, un policía asesinado y 11 civiles fallecidos en circunstancias vinculadas a las protestas.
Las protestas dieron una tregua durante las fiestas de fin de año, se reiniciaron tras estas y en las últimas semanas después de la “Primera toma de Lima” inciada el 19 de enero con movilizaciones de marchistas de Puno,Cusco, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y otras regiones.
“Todo lo que se dice está fuera de la veracidad, pues con las manifestaciones sociales lo único que queremos es recuperar el sistema democrático en el Perú”, declaró el dirigente a Radio Pachamama de Puno y exigió que la presidenta fije una fecha para su retiro y precipite con ello el adelanto de las elecciones generales.
“Si no renuncia, no importa; estaremos en huelga todo el año”, agregó, mientras una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) verificó que 58 por ciento se identifican con las protestas, que reclaman además un referendo sobre una asamblea constituyente.
Esa identificación aumenta fuera de Lima -urbe bajo fuerte influencia derechista- a 66 por ciento en las áreas rurales y a 62 por ciento en el ámbito rural y a 62 en las ciudades; en el sur a 71 por ciento, a 63 por ciento en el centro del país, a 61 en el oriente y a 58 por ciento en el norte.
De otro lado, 40 por ciento cree que las protestas aumentarán, 29 por ciento opina que disminuirán y 22 por ciento piensa que se mantendrán en el nivel actual y 20 por ciento indica que se mantendrán igual que hasta el momento.
Además, 55 por ciento considera que las protestas lograrán el adelanto electoral -al que se resiste el Congreso y se niega a forzar Boluarte- y 51 por ciento confía en que conseguirán la renuncia de la presidenta.
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