Aunque el avión llegó a Argentina transportando autopartes de Volkswagen y no se había cometido ningún delito penal, EEUU reclamó su decomiso debido a la presunta violación de una norma del Departamento de Comercio estadounidense.
El 747-300, transferido originalmente de Francia a Irán y luego a Venezuela, fue objeto de disputa debido a regulaciones de exportación estadounidenses. Aunque estas regulaciones no constituyen delito en Argentina, el gobierno argentino optó por obedecer la solicitud de EEUU.
Robo descarado
El gobierno venezolano calificó la acción como un "robo descarado", acusando a EEUU y Argentina de confabulación. A pesar de que se descartaron sospechas de actividad criminal en vuelos anteriores del avión, tanto dirigentes políticos argentinos como la comunidad judía presentaron denuncias que llevaron a investigaciones, todas las cuales concluyeron sin hallar delitos.
La situación se complica aún más debido a un convenio de asistencia judicial entre Argentina y EEUU, que fue utilizado por este último para exigir el cumplimiento de la orden de decomiso.
Aunque el gobierno anterior de Alberto Fernández no validó el decomiso, tampoco devolvió el avión a Venezuela, optando por ganar tiempo en espera de una resolución judicial. La estrategia, sin embargo, no tuvo éxito, y el avión fue trasladado sin respetar el proceso judicial en curso.
