Uruguay rechazó nuevo intento de Pepín Rodríguez de evitar su extradición

Por unanimidad, los jueces Doris Morales, Elena Martínez, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani resolvieron "desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta" en un fallo de 60 páginas.

A través de sus abogados, Rodríguez Simón argumentó que tenía nuevos elementos para solicitar refugio político, una condición que previamente le fue denegada, y buscaba también la declaración de inconstitucionalidad de una ley internacional que rige los pedidos de extradición y el proceso de asilo político.

El fallo sostuvo que, aunque se presentaron nuevos hechos, estos eran simplemente una repetición de la persecución previamente alegada en su contra en Argentina. La corte consideró que la persistencia de esta "persecución" no modificaba el supuesto de hecho ya presentado ante los tribunales y que fue rechazado en instancias previas.

El tribunal de Uruguay se apoyó en la opinión de la fiscalía, que consideró que la presentación de Rodríguez Simón era una táctica dilatoria. Argumentaron que se trataba de la misma persecución política alegada anteriormente y que podría prolongar indefinidamente el proceso.

A pesar de etiquetar estos argumentos como "hechos nuevos", el fallo subrayó que lo mencionado por el recurrente eran nuevas situaciones relacionadas con la causa original de la supuesta persecución en su contra. Esta cuestión ya había sido decidida por los tribunales nacionales al rechazar su solicitud de refugio, y no se admitían más recursos al respecto.

Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020. La jueza María Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo de 2021 después de que Rodríguez Simón anunciara públicamente su ubicación en el país y su negativa a comparecer ante las autoridades argentinas. La causa en la que se le investiga está relacionada con la presunta extorsión a los propietarios del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos en Argentina.

El 25 de mayo de 2021, la justicia uruguaya recibió una solicitud de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la Justicia argentina. Al día siguiente, Rodríguez Simón buscó refugio político en Uruguay, una solicitud que le fue negada. Como parte de este proceso, entregó sus pasaportes y se emitió una alerta roja de Interpol para evitar su fuga del país.

En agosto de ese año, la Comisión de Refugiados de Uruguay concluyó que no existían pruebas de que Rodríguez Simón fuera un perseguido político, sino que había gozado de todas las garantías legales en Argentina. En diciembre de 2021, la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, rechazó la solicitud de refugio político.

En junio del año siguiente, este fallo de primera instancia fue confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo, aunque la defensa de Rodríguez Simón presentó un recurso.

La jueza Servini, al declarar a Rodríguez Simón en rebeldía, argumentó que este había demostrado públicamente su intención de evadir a la justicia, y calificó la estrategia de solicitar refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. La jueza destacó que el imputado había tenido conocimiento del expediente desde mediados de 2019 y que había tenido la oportunidad de defenderse plenamente en Argentina, por lo que la solicitud de refugio político no tenía fundamento.

La causa investiga la presunta implicación de funcionarios públicos de alto rango, incluyendo al Poder Ejecutivo Nacional, en actos de hostigamiento y asfixia financiera contra las empresas del Grupo Indalo, lo que habría dado lugar a casos de corrupción.