No era dictadura

Durante cinco horas nada se supo de lo que pasó con Machado. Y fue la gota que colmó el vaso; la política de razzias se cobraba su primera vida pero las detenciones masivas, en la vía publica, en los bares, centros bailables, era la postal cotidiana de una práctica además focalizada contra los jóvenes.

Tómese en cuenta la fecha; se cumplían exactos cuatro meses de que había quedado refrendada la Impunidad. “El enano fascista” tenía patente de corso; allí nacería la frase: “Ser joven no es delito”, de la Coordinadora anti-Razzias, tal vez la organización social de jóvenes más masiva que conoció la historia del Uruguay de fin del siglo veinte.

Pero este artículo hoy no tiene por objetivo rememorar la gesta heroica de aquellos jóvenes que terminaron por poner una pausa al infame decreto, instalado luego por el gobierno de Lacalle, sino la lógica del uso de las fuerzas de seguridad por los dos gobiernos de Sanguinetti y el de Luis Alberto.

 

Democradura

El primer gobierno de Sanguinetti no fue solo el gobierno de las razzias y la impunidad; también fue el gobierno que además de pactar la salida con los militares pactaba con el empresariado; el movimiento trabajador venía de la pérdida durante más de una década del salario real pero, en pujante reorganización sindical, adquiriendo sus bríos desde el reconocimiento del PIT. La lucha por recuperación del salario real y las condiciones de empleo eran la tensión previsible, y Sanguinetti tenía claro para quién gobernaba.

La reapertura democrática vino en ancas de una política de pacificación más que de un “cambio en paz”, como rezaba la muletilla oficial; podemos contar por cientos los heridos y detenidos en las movilizaciones estudiantiles por el boleto y presupuesto estudiantil y las represiones a las movilizaciones obreras.

El 25 de setiembre de 1985 se levantaba la huelga ferroviaria más importante de las últimas décadas, con un sabor amargo, dando inicio a la continua destrucción de AFE.

La Unión Ferroviaria en el año 1985 entró en un conflicto que desembocaría en una de las huelgas más importantes de la historia reciente, un conflicto en el cual se llevó adelante el control obrero de servicios de pasajeros, varios compañeros realizaron huelga de hambre, se organizaron más de 80 ollas populares, marchas desde Paso de los Toros a la capital, en fin, todo el arsenal de medidas de lucha en un contexto fermental como fue la reapertura democrática.

Pero se perdió; de haberse ganado hubiera quitado el invicto a Sanguinetti de entrada, y hubiera impedido que este se jactara luego de no haber perdido ninguna huelga siendo gobierno.

No sería el único conflicto, ya que se avizoraba la profundización de medidas neoliberales.

En ese contexto, además, en la edición 915 de Caras y Caretas, publicamos un artículo sobre la práctica cotidiana en las seccionales policiales; todo ese clima de contexto represivo se daba sin militares en la calle, pero con mentalidades y unidades policiales militarizadas.

 

No es el arma

Es como están armadas ciertas cabezas; la experiencia, finalmente el único elemento científico de análisis, ha demostrado hasta el cansancio que no basta siquiera con un protocolo de actuación, que el mismo servirá para poder tomar las medidas judiciales necesarias si no se lo cumple, pero ¿siempre tendremos que lamentar la muerte de un inocente como método para darnos cuenta?

Se ha justificado que ciertas actitudes por inercia de la época de la dictadura se contemplaban en los primeros años de gobierno constitucional.

Con ello justificaban los desbordes policiales en su actuación ante las movilizaciones  estudiantiles, obreras, en la aplicación de las definidas políticas públicas de seguridad ciudadana.

Pero el segundo gobierno electo, el de Luis Lacalle, no solo no disminuyó los niveles de violencia estatal, sino que de alguna manera subió la apuesta. La andanada de políticas neoliberales y privatizadoras necesitaba un resguardo firme por parte del Estado, que tuvo su punto culminante en los sucesos del hospital Filtro.

Desmanteló los Consejos de Salarios recibiendo observaciones de la OIT, impulsó la venta de las empresas públicas y aplicó políticas de shock conocidas como ajuste fiscal.

La visita de George Bush, coincidiendo con una imponente huelga de la construcción y movilización presupuestal de los gremios públicos, dejó crónicas de una brutal represión.

Aparecía asesinado el químico chileno Eugenio Berríos como víctima del “Condorcito” uruguayo-chileno  de algunos impetuosos militares.

De alguna manera, el “Uruguay amarillo” de 1989, el bloque reaccionario constituido fugazmente para la contienda de dos balotajes, es el cuerpo social que avala las formas de represión posibles.

 

Daños colaterales

Si por un segundo avaláramos esta metodología de aplicación de la contundencia del Estado como política pública, el tema -una vez más- es quién se hace cargo de los desbordes, de lo desmedido, de los errores que se cometen por estigmatizar a sectores enteros de la población.

¿Redundante? Sí, claro, hasta el hartazgo; porque en las firmas obtenidas, nos consta que hay gente de buena fe, incauta e ingenua, hastiados de miedo, gente sencilla, víctimas reales de la delincuencia, votantes de propuestas progresistas.

Como sociedad tal vez nos resulte difícil escapar a la ola reaccionaria que parece acompañar a la especie; el  crecimiento de la ultraderecha en Europa, Bolsonaro en Brasil, etc.

Un “señoritismo” que coloca al individuo buscando un pedestal por encima de los demás y en la defensa a ultranza del mínimo riesgo de que sus bienes estén en peligro.

Junto con el programa de un modelo económico de concentración o distribución de la riqueza, se coló en la campaña y en la disputa electoral la propuesta de Larrañaga.

La izquierda en su conjunto subestimó la recolección de firmas, hizo una lectura superficial del impacto de la instalación de la campaña del miedo en la sociedad; ahora le queda responsablemente pararse frente al peligro y debatir.

Y además empezar a manejar las posibles alternativas de autodefensa de los sectores populares si la reforma termina siendo aprobada. Tenemos la experiencia durante dos períodos de la Coordinadora anti-Razzias y la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad.

El arco opositor a la medida también es variopinto y puede regenerar aquel diverso frente político y social en defensa de las empresas públicas. Los argumentos son variados, pero podremos encontrar posturas muy humanitarias en breve alianza con quien técnicamente discrepa con la medida constitucional propuesta.

¿Los vamos a desestimar?

Hay que abandonar el discurso del escenario de la dictadura para poner el énfasis en lo que ya desarrollamos, y es recordar cómo fue la aplicación de la violencia estatal en regímenes de derecho.

Hay que dejar de lado el “talenteo” y, una vez más, salir a la cancha con fe para el segundo tiempo.