Nuevas renuncias y despidos

A la extensa lista aportada en anteriores notas, debemos agregar la renuncia del ultrafascista Daniel García Pintos al Plan Juntos por discrepancias con el coordinador general, el coronel retirado Rody Macías. García Pintos hizo la mayor parte de su carrera política dentro del Partido Colorado; pero lo abandonó en 2019 para sumarse a las huestes de Manini Ríos, quien lo colocó en el cargo con más palabras de la administración: subcoordinador general del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que conduce Irene Moreira, esposa del general.

El militarista renunciante criticó al coordinador general por “gruesos errores de enfoque al negociar con el sindicato de la construcción” y por generar pocas soluciones para policías y militares. Por si esto no alcanzara, en su carta de renuncia enviada a la ministra el 12 de abril, agregó: «Y, por último, lo más doloroso, el destrato hacia parte del personal, algunas de ellas mujeres a quienes en ocasiones vimos llorar. No siempre fui testigo directo de los hechos concretos, pero sí recibí en mi oficina a algunas de estas damas, que, conmovidas hasta el llanto, me comentaron el mal momento que sufrieron. Hice lo correcto cuando en más de una ocasión le reclamé que no les faltara el respeto a nuestras compañeras de trabajo. No es de buen varón irrespetar mujeres, aprovechando el desempeño de un cargo; por el contrario, es cobardía».

Lo extraño es que el buen varón denunciante no tuvo la misma sensibilidad para defender a las mujeres que fueron violadas y torturadas durante la dictadura y que, por el contrario, ha defendido con uñas y dientes a los responsables de aquellos crímenes.

Paralelamente, la directora de Epidemiología Raquel Rosa fue cesada en su cargo y quedó como mera asesora de la Dirección de Salud del MSP. O sea, la echaron a medias. Raquel Rosa había manifestado diferencias con las autoridades del ministerio desde marzo de 2020, en el marco de la pandemia.

Ya cerrando esta edición, nos enteramos de que el arquitecto Jorge Perini será sustituido en la Dirección de Vivienda por el asesor contable Jorge Ceretta. A Perini también lo echan a medias porque “continuará en la órbita del ministerio”.

Malas noticias

En tanto, el plan neoliberal continúa recortando inversiones, afectando a los sectores más débiles de la sociedad. UTE eliminó 50 becas del programa “Yo estudio y trabajo”. “Un recorte sin justificación que le ‘ahorra’ a UTE un 0,02 de su presupuesto de remuneraciones”, indicó la directora por el FA, Fernanda Cardona.

A la vez, las avivadas continúan a la orden del día. El gobierno decidió apoyar más de 300 ollas populares con 115 millones de pesos; pero no directamente, sino a través de la asociación civil Uruguay Adelante, gestionada por un militante del Partido Nacional y excompañero de Pablo Bartol. La diputada frenteamplista Micaela Melgar denunció que no hubo licitación ni llamado para seleccionar a esta organización.

De una u otra manera, nuestros gobernantes se las ingenian para favorecer a los amigos de los amigos con el dinero ajeno.

Por otra parte, ser alcahuete de los gringos no parece dar a este gobierno demasiados beneficios. Estados Unidos incluyó a Uruguay en una lista de países no recomendables para visitar, no solo por la pandemia, sino también por el peligro que implica la criminalidad. Nuestro país fue catalogado con un “nivel muy alto de coronavirus” y el Departamento de Estado sugirió a los ciudadanos norteamericanos no visitarnos, y en caso de hacerlo, tener cuidado con los motochorros, señalando un alto nivel de homicidios, hurtos y robo de vehículos.

Cuando Nin Novoa era canciller y el Departamento de Estado hizo una recomendación similar por la delincuencia, la prensa de derecha se hizo un festín. Ahora, la noticia no duró ni lo que dura un suspiro y los medios hegemónicos han hecho menos ruido con ello que un gato caminando sobre una alfombra de terciopelo.

Tristeza e indignación

El 23 de abril, un niño de cinco años fue atacado por un pitbull en la calle 7 de Atlántida. La mujer que lo cuidaba, de 76 años, intentó salvar a la criatura; pero también fue atacada. Cuando llegó la Policía, le dispararon al animal; pero quien recibió impactos de bala fue la mujer, tal cual se descubrió posteriormente, cuando le extrajeron las esquirlas.

No quiero pensar en el terrible dolor que le quedará para toda la vida a los padres del niño y a la pobre señora que, pese a su edad, arriesgó su vida para salvarlo.

Sobre esta tragedia tengo tres reflexiones; ninguna agradable.

La primera es que tenemos que realizar una mirada crítica sobre el nivel de capacitación de nuestra Policía, porque últimamente (y tal como señalaba en la nota “Ya basta, presidente”) mucha gente ha corrido más peligro cuando llegó la Policía que antes de su aparición. Puedo comprender la situación; sé lo que es un pitbull enfurecido y la dificultad de apuntar adecuadamente en tal pandemonium; pero es inaceptable que la mujer recibiera dos impactos de bala.

Lo segundo: aún hay gente que no comprende que ciertas razas de perros han sido genéticamente manipuladas para aumentar su ferocidad y no son aptas para tenerlas como mascotas. Para colmo, hay dueños criminales que alimentan dicha ferocidad. No todos los perros de esta raza son iguales; pero generalmente, quien busca uno, quiere al de la peor especie. Para hacerla corta, el dueño de los perros, uno de los cuales mató a este niño, debería estar condenado por homicidio; pues no hay diferencia entre tener a uno de estos animales en el patio de tu casa, suelto, y un tigre.

Y el tercer punto es menos agradable: esta muerte es responsabilidad absoluta de todos (y cuando digo todos, digo todos) los legisladores de nuestro país; que por miedo a perder votos no terminan de legislar sobre los PPP (perros potencialmente peligrosos). En Estados Unidos se prohibió el pitbull luego de que le comió el rostro a una chica, entre miles de casos similares.

En 2015 escribí una nota preguntando si esperaríamos otra muerte para legislar y tomar drásticas medidas penales contra los que tienen animales peligrosos sin adoptar las precauciones necesarias. Tiempo después les tiré a la cara el nombre de Francisco Leguizamón Núñez. Tenía 18 meses y fue atacado por un pitbull cuando jugaba en el patio de su casa.

Estos niños muertos son culpa de todos; porque la inacción, la inoperancia, la incapacidad, la irresponsabilidad, la inercia, la lentitud y la cobardía también pueden ser actitudes criminales. Quien pudiendo hacer no hace, quien pudiendo impedir no impide, quien pudiendo legislar no legisla, es un criminal, por decirlo de un modo suave. La ley 18.471 (ley de tenencia responsable de animales) peca de tibia e incompleta. Esa cobardía legislativa deja la vía libre para que cualquier irresponsable ponga en peligro vidas humanas.

Calentura en las bases

Y abril fue el mes en que las bases frenteamplistas le recordaron a la dirigencia que no están pintadas y de abajo hacia arriba se hizo conocer el descontento.

Lo voy a decir con todas las letras y me importa poco a quién le duela.

Arrojar a un compañero a los perros para congraciarse con la derecha y/o demostrar una autoridad que no se ejerció cuando se necesitaba es una actitud indigna. Nunca voté a Rafael y puedo discrepar con su frase sobre las aglomeraciones; pero era uno de los pocos dirigentes del Frente Amplio (sobran los dedos de una mano para contarlos) que estaba peleando contra la LUC.

Mientras que en otros casos tardaron meses para resolver algo, con él (y por una oración) se tomaron unas pocas horas, y me temo que minutos. Lo patético es que algunos de los que impulsaron su salida están escondidos, sin hacer nada contra dicha nefasta ley.

La derecha está de fiesta.

Y no pretendan mi silencio con la burda excusa de que tenemos que estar unidos. Ya es hora de que los frenteamplistas de a pie levanten sus voces.

«No se abandona a un compañero en medio del campo de batalla» (Tabaré Vázquez)