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Política

Con el economista y dirigente del Partido Socialista

Olesker: ajuste y caída salarial son los riesgos de un gobierno del PN y el PC

Según sus palabras, un gobierno de los partidos tradicionales generaría un aumento de la pobreza y de la desigualdad porque para ahorrar 900 millones de dólares, como prometió Lacalle Pou, es necesario reducir el gasto en educación, salud, vivienda y políticas sociales.

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Por Lucía Barrios

 

La promesa que hicieron los candidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) y Ernesto Talvi (Partido Colorado, PC) de ahorrar alrededor de 1.000 millones de dólares ha generado muchas interrogantes en el Frente Amplio (FA). El economista, integrante del Partido Socialista y exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, dijo a Caras y Caretas que los riesgos de un gobierno de derecha son ajuste fiscal, caída de los salarios y reducción del gasto social, lo que redundaría en un aumento de la pobreza y la desigualdad.

“Para ahorrar 1.000 millones de dólares es inviable hacerlo si no bajan los gastos sociales, la inversión pública o los salarios. Cuando hablo de gastos sociales, me refiero a educación, salud, vivienda y Mides. Todos ellos se verían reducidos y provocarían un aumento de la pobreza y de la desigualdad”, dijo Olesker a esta revista.

Consideró que dentro de la ley de urgente consideración que propone Lacalle Pou se esconde un ajuste, ya que el líder blanco no quiere explicar su contenido, pero hace especial hincapié en el concepto de “regla fiscal”.

“Con los colorados y blancos el principal riesgo está en la liberalización de la economía y en el ajuste fiscal sobre los trabajadores […] queremos saber qué piensan los otros partidos que son, según Lacalle Pou, sus aliados naturales”, agregó.

Sostuvo que no descarta que el ajuste fiscal se realice utilizando el dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI). “No lo descarto. Igual creo que ahí no está la esencia del problema. Creo que el ajuste fiscal, la caída de los ingresos públicos, del gasto social y de los salarios, previstos en los 1.000 millones de dólares que quieren ahorrar, es el problema”, reflexionó.

Sostuvo que Lacalle Pou, cuando propone reestructurar la negociación colectiva, quiere “beneficiar a las empresas”, permitiendo que puedan aprobar acuerdos con los trabajadores por debajo de los mínimos establecidos.

 

¿Qué consecuencias tiene la ley de urgente consideración en la que está insistiendo tan frecuentemente Luis Lacalle Pou?

Nosotros hemos tomado la iniciativa de discutir este tema. Primero señalamos el carácter inconstitucional que puede tener. Además, entendemos que no hay ninguna razón para que los temas que están planteados se discutan bajo el emblema de urgente consideración. Los temas no son urgentes como sí fue la creación del Mides, o el ajuste fiscal de Lacalle en los 90, que para nosotros no era urgente, pero puede ser justificable.

No hay ninguna razón para que se discutan estas propuestas de esta manera, porque la ley de urgente consideración tiene tres problemas. Uno es la rapidez, porque hay que aprobar en 90 días; segundo, que si no se expide, se queda aprobada; y tercero, con una norma que tiene 45 días en una cámara, la convocatoria es muy difícil que se dé. No hay ninguna justificación.

Después hay un problema de contenido; si bien nosotros no sabemos lo que está en consideración, sí sabemos lo que dice la negociación colectiva del programa Lacalle Pou, que quiere beneficiar a las empresas, permitiendo que salgan de los acuerdos de las ramas con rapidez y aprobación. Eso significa que las empresas puedan aprobar por debajo de lo que aprueba cada rama.

Desde el punto de vista del contenido, lo que conocemos son todas cosas que darían mucha marcha atrás a derechos claves para el país, como son los productivos, laborales, sociales e institucionales. Queremos saber qué opinan los demás partidos que eventualmente integrarían una coalición de gobierno. Por ejemplo, no sabemos lo que piensa Manini Ríos sobre estos temas. Insistimos, nosotros vamos a ser gobierno, pero si no fuéramos nosotros, queremos saber qué piensan los otros partidos que son, según Lacalle Pou, sus aliados naturales.

 

Detrás del hecho de que la ley de urgente consideración no se conozca en su totalidad, ¿puede ser que se esté buscando tapar un futuro ajuste?

El tema de la regla fiscal es un mecanismo que fija que no se puede gastar más de determinada cantidad. La regla fiscal, a pesar de que en el mundo hay distintas aplicaciones de ella, puede ser un mecanismo para poner un ajuste.

Cuando uno mira los primeros años de gobierno en los años 90, 95, 2000, 2005, 2010 y 2015, se puede sacar una conclusión. Tres gobiernos fueron de los partidos tradicionales (90, 95, 2000) y tres fueron del Frente Amplio (2005, 2010, 2015). La diferencia sustancial es que en los años 90, 95 y 2000 hubo aumento de impuestos, subió el IVA, el impuesto a los sueldos y los salarios públicos tuvieron un ajuste por debajo de la inflación. Los gráficos son clara prueba del ajuste. Cuando uno mira en el final de estos gobiernos tradicionales, el ajuste fue tan potente, que se estancaron el salario y el gasto social. En cambio, en 2005 teníamos todos los fundamentos para decirle a la gente que habíamos recibido una economía colapsada, la situación era caótica y debíamos tratar de recomponer la economía. Sin embargo, convocamos los Consejos de Salarios para recuperar todo el salario perdido durante la administración de Jorge Batlle (2000-2005), cosa que efectivamente sucedió. En 2015 otra vez el FA encontró una economía enlentecida y podría haber dicho que ya había crecido mucho el salario real. Sin embargo, siguió creciendo.

Por tanto, es un problema de actitud y de pensamiento. El tema es contestar esta pregunta: cuando la situación económica es complicada, ¿quién paga los platos rotos? Cuando los partidos tradicionales insisten tanto en la regla fiscal y no dicen cómo la van a implementar, posiblemente tengan escondido un ajuste.

 

La oposición suele insistir mucho en el tema de la deuda pública. ¿El nivel de deuda pública en Uruguay es realmente importante o lo están exagerando?

Cuando uno analiza la deuda pública, hay tres temas: verla en términos de riqueza del país, cómo está compuesta la deuda y si el país tiene ahorros que permitan responder con reservas en caso de que haya algún descalabro.

Actualmente tenemos una deuda que representa 65 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB). En 2004 era 104 por ciento y logramos en el primer período bajarla alrededor de 60 por ciento. Ahora creció levemente. En principio es una deuda sostenible desde el punto de vista del peso en el PIB.

Además, la mitad de la deuda está en moneda nacional y la otra mitad en moneda extranjera. Si la deuda está toda en dólares, es más dependiente de las variaciones que se produzcan; al estar la deuda en moneda nacional, está amortiguada.

Por otro lado, en 2004 Uruguay tenía la deuda a tasa variable, por lo que si la reserva de EEUU aumentaba la tasa de interés, aumentaba nuestra deuda. Hoy no tenemos eso, 85 por ciento está en tasa fija.

Además, en 2004 teníamos una enorme deuda y muy pocas reservas. Hoy 50 por ciento de nuestro endeudamiento está garantizado por reservas internacionales, lo que quiere decir que Uruguay puede hacer frente a un eventual problema de endeudamiento.

Podemos decir que la deuda en Uruguay no es un problema, que es evidente que si uno tuviera este déficit fiscal durante 20 años más, podría transformarse en un inconveniente, pero hoy no lo es por volumen, composición y reservas. Podemos dar la tranquilidad de que hemos sido muy eficientes en la gestión de la deuda.

 

¿Usted cree que en un gobierno de los partidos tradicionales se podrían utilizar estos argumentos para llegar a tener un acuerdo con el FMI?

Los partidos tradicionales han tenido una utilización del FMI bastante asidua. En general, se recurre al FMI cuando hay problemas financieros en el país. Uruguay hace muchos años que no tiene intervención del Fondo. Yo no descarto que el ajuste fiscal de la oposición se haga sobre la base de repagar la deuda utilizando dinero del FMI. No lo descarto. Igual creo que ahí no está la esencia del problema. Creo que el ajuste fiscal, la caída de los ingresos públicos, del gasto social y de los salarios, previstos en los 1.000 millones de dólares que quieren ahorrar, es el problema.

Hay que hacer una cuenta muy sencilla. El gasto público en Uruguay es de 18.000 millones de dólares. La mitad son transferencias a la seguridad social, al Fonasa, intereses de la deuda pública, subsidios a muchísimas organizaciones y transferencias a los gobiernos departamentales. Entonces nos quedan 9.000 millones; de esos 9.000 millones, ambos líderes opositores dijeron que no van a reducir el gasto en salud, educación y vivienda. Salud, educación y vivienda son unos 5.000 millones de dólares. Quiere decir que me quedan 4.000, de los cuales 1.000 millones son de inversión pública. Ellos han planteado que por ahí tampoco. Entonces quedan 3.000. Para bajar 1.000 de 3.000, tienen que bajar 33 por ciento del gasto. Por tanto, para ahorrar 1.000 millones de dólares es inviable hacerlo si no bajan los gastos sociales, la inversión pública o los salarios públicos. Cuando hablo de gastos sociales, me refiero a educación, salud, vivienda y Mides.

 

¿Eso no redunda en más pobreza?

Sí. ¿Por qué bajó la pobreza en Uruguay? Por cuatro políticas: Salario Mínimo Nacional, reforma de la salud, acceso a la vivienda y asignaciones familiares. Antes de 2005 había 340.000 asignaciones familiares y hoy tenemos 530.000 con mayores montos. Si todo eso va a bajar, si el salario mínimo desciende, si la reforma de salud empieza a ser restrictiva, si el acceso a la vivienda desciende, si las asignaciones familiares se reestructuran, la pobreza y desigualdad aumentarían.

 

Los líderes opositores tratan de decir que no van a ser lo mismo que Mauricio Macri, pero, por lo que usted está diciendo, las propuestas de los partidos son similares a lo que hizo el presidente de Argentina. ¿No es una hipocresía por parte de los dirigentes opositores tratar de desvincularse de Macri?

No solo es una hipocresía, sino que ellos mismos lo dijeron cuando Macri asumió. El propio Talvi y Lacalle valoraron positivamente su llegada, decían que ahora sí la economía se iba a arreglar. Ahora a Macri no lo quiere nadie, ahora dicen que Macri somos nosotros. Creo que las ideas del Partido Colorado y el Partido Nacional son asimilables a la manera que Macri decidió poner en marcha la economía cuando asumió la presidencia. Ahora que le fue mal, todos lo dejan tirado en el camino. Pero claramente son similares.

 

Hay una definición que utiliza Talvi que ha llamado mucho la atención. Él se define como progresista, liberalista e internacionalista. ¿Esto puede ser posible o es una completa contradicción?

Depende en qué sea liberal. En lo político somos todos liberales. Pero Talvi es economista y además yo lo conozco; él se define liberal en lo económico. Liberal en lo económico y progresista no se puede ser; la única manera de ser progresista en economía es tener una propuesta de intervención estratégica del estado. Talvi y muchos liberales dicen que el Estado no tiene que intervenir, salvo en momentos en los que la situación está complicada o para sectores pobres a los que hay que ayudar. Eso se llama intervención subsidiaria. No se puede discutir si el Estado interviene o no porque siempre lo hace. Lo que se tiene que discutir es si lo hace de manera subsidiaria, solo para crear condiciones para que la economía de mercado funcione bien y ayude a los más desfavorecidos o el Estado interviene para regular el rumbo económico y social del país. Eso último fue lo que hizo el gobierno del FA. Repito, en economía ser progresista es ser partidario de la intervención estratégica del Estado para ordenar, regular y proteger a los ciudadanos.

¿Entonces ser progresista y liberalista es una contradicción?

Es una contradicción.

 

¿Cómo se puede relacionar a Cabildo Abierto con los planteos económicos del PN y el PC?

Creo que Cabildo Abierto es una postura de derecha, de antiderechos, pero no se puede ubicar económicamente porque no se han expresado demasiado en esos términos. Parecería que van a confluir con los liberales en las alianzas con blancos y colorados, pero creo que su principal característica no está en el terreno económico. En los colorados y blancos el principal riesgo está en la liberalización de la economía y en el ajuste fiscal sobre los trabajadores. En el caso de Guido Manini Ríos, el principal problema es su visión política de los derechos sexuales, reproductivos, de las minorías y de los trabajadores. Incluso tiene una visión que se acerca a cosas que se hicieron en la dictadura. El problema con Cabildo Abierto es estrictamente político.

 

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