Para Paganini, hay un ruso en el surtidor de combustible

Florecían cientos de ollas populares y la brecha en el índice de Gini se volvía a ensanchar sin que al gobierno se le moviera un músculo de la cara, porque con la pandemia habían encontrado para la opinión pública un argumento más contundente que la “herencia frenteamplista” del aumento de la pobreza.

Con pandemia rumbo a controlarse y con un “ciclón de cola” en la economía, habrá que ver cómo sigue sosteniendo el gobierno una economía que se sigue concentrando en los sectores más poderosos y no derrama.

El segundo aliado nuevamente viene de lejanas tierras y tiene el mismo signo trágico de la pandemia; la guerra en Ucrania para algunos dirigentes del oficialismo que saben de las especulaciones y temores del gran capital que estos conflictos generan será motivo del aumento del precio del petróleo y, por lo tanto, del aumento de los combustibles en Uruguay.

Contener el aumento de los mismos hasta el 27 de marzo, día del referéndum sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, se le estaba haciendo cuesta arriba al gobierno y cada vez era menos preciso el uso de la regla del Precio de Paridad de Importación.

El conflicto en Ucrania surge como un aliado insospechado, porque se podrá escuchar argumentar: “Quisimos cumplir nuestra promesa electoral apostando a la “espalda de Ancap, pero se desató una guerra”.

Precios y costos

Para el director de Ancap Vicente Iglesias, este nuevo aumento del combustible no era necesario por las reservas con que el organismo cuenta y con el saldo favorable con que culminó 2021, ganancias que fueron sin aplicación del Precio de Paridad de Importación (PPI) y que representaron un entorno de cien millones de dólares.

“Cuando el barril en plena pandemia estaba en 20 dólares el gobierno no bajó los combustibles y desde agosto de 2020 que el barril viene subiendo en forma sostenida 0,9 dólares por día, algo manejable para Ancap”, sostiene Iglesias.

Recuerda también que en el precio de los combustibles está el Imesi, impuesto que también se aumentó y representó unos 800 millones de dólares.

El representante de la oposición en el directorio de Ancap señala que la gente debe saber que el costo del litro de combustible en las puertas de aprovisionamiento (La Tablada, Durazno, etc.) es en el entorno de los 31 o 32 pesos y que el precio final en el surtidor es la suma de impuestos y ganancias de la cadena de distribución y estacioneros.

Otro tanto sucede con la especulación del barril de petróleo que su precio en “la boca del pozo” es infinitamente menor al que se toma como cálculo de la métrica del PPI.

Para Iglesias está claro que el escenario bélico puede llegar a incidir y ser tomado como excusa por las especulaciones financieras, sobre todo porque la mayoría oficialista en el directorio sigue jerarquizando la situación internacional con la realidad nacional del ente.

Mesa de diálogo

Para Iglesias, más allá del resultado del 27 de marzo, hay que ir hacia la conformación de una gran mesa de diálogo nacional sobre el rol del ente estratégico.

“Hay que dotar a Ancap de instrumentos financieros ya que no tiene sentido que pedir préstamos sea el único con que cuente”, concibe desde su propuesta, además de resultar urgente estabilizar precios; “no puede ser que la gente viva con la incertidumbre de cuánto le costará el combustible, si se va a modificar y por qué estas modificaciones nunca son a la baja”, agrega.

No es la guerra

Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap, sostiene con firmeza, contrariando los dichos del ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, que no es la guerra la causa de la decisión del nuevo aumento del combustible en Uruguay.

“La especulación financiera en torno a la principal fuente de energía a nivel global siempre ha tenido guerras funcionales a sus intereses y, si no las tienen, las crean. Sin embargo, nuestro país ha generado políticas públicas en materia de tarifas de los combustibles tendientes a minimizar dicha especulación generando certeza y estabilidad al mercado interno”, argumenta Rodríguez en un documento que circula públicamente.

El presidente de Fancap y miembro del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, en cuanto a las implicancias internacionales, señala: “Hoy es la guerra de Ucrania, antes fue la crisis del petróleo en 1973, la guerra entre Irán-Irak (1980 al 88), la guerra del Golfo Pérsico (1991), la de Irak (2003), los ataques a las Torres Gemelas (2001) o a las instalaciones petroleras de Nigeria (2006), la guerra civil de Siria (2011), la guerra en Libia (2011) y la de Crimea (2014), los múltiples huracanes, la enorme expansión económica de China, la crisis económica global de 2008, la crisis sanitaria y económica por la covid-19, etc. Ante esta realidad que condiciona a un país tan chiquito y dependiente como Uruguay, se requiere una política tarifaria de los combustibles que minimice la inestabilidad del mercado internacional evitando que la misma se traslade al mercado interno”.

Antes y después de la LUC

Gerardo Rodríguez indica que “la LUC genera justamente el efecto contrario, el ajuste mensual de combustibles potencia y traslada la inestabilidad a precios de productos en general (especialmente alimentos) provocando una presión alcista de los mismos”.

Recuerda que antes de la LUC “en Uruguay los combustibles se ajustaban por una fórmula conocida como paramétrica, seguramente era mejorable, pero generaba certeza, toda actividad económica que tiene como insumo importante al combustible, tenía la certeza que durante todo el año el precio sería el mismo. La paramétrica oficiaba como amortiguador, cuando el crudo bajaba, Ancap acumulaba ganancias que utilizaba para no aumentar los combustibles cuando el petróleo se disparaba”.

Todo sube, nada vuelve a bajar

El impacto del aumento de los combustibles afecta a aquellos que no poseen vehículo propio para trabajar o trasladarse.

En el documento Rodríguez apunta que “si bien el precio de los alimentos se ha disparado por diversas causas, el aumento de los combustibles ha sido fundamental; en ese marco, el arroz, lentejas, pulpa de tomate, jabón, hipoclorito y pasta de dientes aumentaron alrededor de 30%, el asado, carne picada y fiambres 25%, el aceite más de 70% y los artículos escolares 85%”.

Para el economista Héctor Tajam, el aumento de los combustibles (incluido el gas) incide en la inflación general pues representan el 3% de la canasta básica que se toma como medida de cálculo de la inflación.

“En una canasta de 60.000 pesos los combustibles representan 1.800, y un aumento de un 2% de estos serían unos 36 pesos trasladados a los 60.000”, explica Tajam a modo de ejemplo, “aunque la canasta debe andar por los 110.000 pesos”.

No todos pierden

El argumento de que el aumento afecta a todos por igual buscando una mansa resignación también es una falacia.

Los sectores que ven el aumento los combustibles, trasladan inmediatamente este a sus productos, cosa que claramente no pueden hacer todos los consumidores, mayoritariamente los asalariados, que además siguen perdiendo salario real.

Distribuidores y pisteros, por ser los más íntimamente vinculados, trasladan el aumento, pero también lo trasladan a sus productos finales los sectores del agro y de la industria, los fleteros y finalmente los puntos de venta.

Podría ser distinto, claro; “el ciclón de cola” que agarra al gobierno en base a la mejora en las exportaciones (récord en la industria de la carne por ejemplo), la mejora de los precios internacionales y el repunte de China mejoró los números proyectados. El gobierno esperaba un crecimiento económico de 3,5% y resultó 1% más.

“El derrame” hacia los sectores asalariados, jubilados y planes sociales sigue siendo el gran ausente.