El Partido Nacional y su reforma oculta de la educación

Sin embargo, cuando la Ley General de Educación se promulgó, y a pesar de que nosotros como federación hemos tenido reparos y rechazo con buena parte de la norma, el Pit-Cnt, como otros colectivos, decidió presentar candidatos a estos cargos. También lo hicieron el Partido Nacional y el Partido Colorado, es decir, ambas fuerzas políticas que votaron en contra de estos artículos de la Ley General de Educación después salieron a competir electoralmente. Por esto llama la atención que hoy se plantee la eliminación de esta representación docente, haciéndolo bajo el falaz argumento de que las representaciones autorreferenciales no son buenas y, por tanto, hay que abrir la participación a otros actores, en apariencia, representativos del interés general.

No podemos disociar esta eliminación de la representación de los docentes electos democráticamente y con supervisión de la corte electoral de otro aspecto contenido en el proyecto: la eliminación de la obligatoriedad de tener una actuación mínima de diez años en la educación pública para quienes pretenden ocupar estos cargos. Como estos son cargos políticos, y en política ningún espacio queda vacío, nos interesa subrayar, en primer lugar, la noción patrimonial de la función pública, muy arraigada los partidos tradicionales uruguayos y en algún sentido también extendida en las actuales administraciones frenteamplistas. En segundo lugar, esto no implica necesariamente que se vaya por el lado de reforzar la cuotificación político partidaria en los cargos que estén al frente de la ANEP, el Codicen o los Consejos de Educación. En realidad, lo que conlleva esta pretensión de eliminar la obligatoriedad de los diez años es entregar lisa y llanamente la conducción de la educación al sector privado.

Gran razón tenía el doctor en Pedagogía Agustín Cano cuando, en el prólogo de El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas, hablaba de una alianza conservadora y neoliberal que busca posicionarse, no solamente en la construcción de la política educativa pública, sino también en su conducción y en su ejecución; en especial de aquellos sectores y actores que han venido desde espacios confesionales como el Opus Dei, desde espacios educativos privados fuertemente arraigados como la Universidad Católica y apoyados por fundaciones financieras como el banco Itaú, los que serán promovidos a la conducción de los organismos de la educación.

En las últimas semanas Ernesto Talvi anunció que en caso de ser gobierno, la educación va a estar en manos de, entre otros, Adriana Aristimuño; basta con ver cuál ha sido su desarrollo profesional en los últimos 15 años. Mientras, el Partido Nacional propone y promueve para esta responsabilidad a un candidato como Pablo Da Silveira. Vaya casualidad, ambos trabajan en las mismas instituciones, representan los mismos intereses y promueven la privatización y mercantilización con criterio definido por las grandes corporaciones internacionales; las mismas corporaciones que han promovido el desarrollo de frentes cívicos-empresariales como Eduy21. Esta “iniciativa ciudadana”, que en plena coyuntura electoral, en apariencia, desaparece de escena -porque en definitiva la mayoría de sus integrantes pertenece a partidos y están intentando encontrar su espacio en el seno de cada organización para asegurarse en un futuro gobierno un espacio de poder, constituye un espacio de articulación política de esta alianza conservadora y neoliberal.

Otro aspecto planteado en la propuesta de un proyecto de ley de urgente consideración por parte del Partido Nacional es la eliminación de la obligatoriedad de la convocatoria del Congreso Nacional de Educación. Para Fenapes, el Congreso Nacional de Educación, siempre debió constituir un espacio democrático de avanzada, de participación ciudadana directa y es claro que el Partido Nacional y Partido Colorado no creen en esa participación democrática organizada, nunca lo han creído.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente para encender una luz de alarma, hay que agregar además un elemento aún mucho más peligroso para los intereses populares, sobre todo en el contexto en el cual se formula. El Partido Nacional estaría incluyendo la reformulación del concepto de libertad de cátedra, actualmente definido en el artículo 11 de la Ley General de Educación. Este artículo incluido en la actual ley tiene una función garantista, tanto para el docente como para el estudiante. Porque no se puede pensar el desarrollo profesional docente, en la educación pública y en democracia, sin la libertad de cátedra. El docente, enmarcado en los que son las propuestas curriculares, los programas y las orientaciones generales del sistema educativo, debe hacer una selección crítica y plural de los distintos temas a abordar; el estudiante tiene derecho de acceder a todas las fuentes de información y el docente, la obligación de poner a su disposición estos saberes. Esto es lo que dice hoy el actual artículo 11. Sin embargo, el Partido Nacional propone modificarlo, pero lo llamativo es que no dice por qué lo va a sustituir.

Queremos advertir que en muchos países de la región, como Brasil, Colombia, Chile o la propia Argentina, el ataque a la libertad de cátedra ha funcionado como mecanismo de represión hacia el cuerpo docente porque genera miedo e inestabilidad. No son conjeturas, son hechos que están pasando hoy en la región. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es: el diseño de la norma que va a suplantar la actual definición de la libertad de cátedra, quedará en manos de una negociación del Partido de Nacional con actores como el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, un confeso seguidor y amigo de Jair Bolsonaro, con quien coincide en muchas de sus propuestas. Vale recordar que quienes conducen el actual gobierno de Brasil han desatado un verdadero proceso de persecución, una caza de brujas permanente contra los docentes en varias instituciones educativas públicas. Tenemos elementos para pensar que esto también es posible imponer en Uruguay.

Esto, que hoy se está planteando desde el Partido Nacional, cuyo contenido desconocemos completamente, y que se está negociando con otros actores de la oposición, es una propuesta de gobierno. En este sentido, la ciudadanía no puede conocer su contenido recién el 2 de marzo de 2020. Por ello, exhortamos al Dr. Luis Lacalle Pou, en representación del Partido Nacional y del resto de las tiendas políticas que estarían afín a las promoción de esta ley de urgente consideración, a que por lo menos sea más preciso y más claro en el contenido de dicho proyecto, hasta el momento, oculto.